La vocería que el Gobierno no tiene

En medio del sistema frontal que ya dejó fallecidos, miles de damnificados y viviendas destruidas de Atacama a La Araucanía, con estado de catástrofe decretado en regiones enteras, la persona a cargo de coordinar esa emergencia es la misma persona a cargo de comunicarla.

Ese cruce viene de una decisión concreta: cuando este Gobierno fusionó Interior con la Secretaría General de Gobierno en una sola cartera, apostó a que una misma figura pudiera sostener ambas tareas a la vez, y esa apuesta está mostrando sus costos, justo cuando más se necesitaba que no los mostrara.

Vale la pena detenerse en por qué esto pesa tanto, porque el problema no está en quién ocupa hoy el cargo sino en cómo quedó armado. Gestionar una emergencia climática de esta escala exige atención permanente a la coordinación operativa: Senapred, Fuerzas Armadas, Obras Públicas, Desarrollo Social, catastro de daños, declaración de catástrofe y distribución de ayuda.

Comunicarla bien exige otra cosa: monitoreo constante de la conversación pública, mensajes coherentes entre todos los voceros del Ejecutivo, capacidad de responder rápido a la desinformación que siempre circula en estos momentos y, sobre todo, tiempo para pensar cómo se cuenta lo que se está haciendo, más allá de hacerlo. Pedirle a una sola persona que sostenga ambos roles al mismo tiempo termina obligándola a repartir su atención justo en los momentos en que las dos tareas exigen más de ella.

Ese costo ya se nota. Autoridades locales piden con insistencia una declaración de catástrofe más amplia, mientras el Gobierno espera a tener un catastro completo, y en el medio queda instalada la sensación de una comunicación que corre detrás de los hechos.

No es falta de voluntad ni de información: es que la persona que debería estar armando la estrategia comunicacional de la crisis está, al mismo tiempo, sentada en la mesa técnica, resolviendo la logística de la ayuda. Cualquier gobierno con algo de experiencia separa esas dos funciones, porque cada una corre a un ritmo distinto: el terreno pide urgencia inmediata, la comunicación pide anticipación y consistencia sostenida en el tiempo.

Y el momento no podría ser peor para que esto quede expuesto. La aprobación presidencial está en mínimos históricos y el pesimismo económico no se veía hace más de una década, según las últimas mediciones de opinión pública.

Cada semana de comunicación desordenada se suma directamente a ese desgaste, porque el ciudadano que perdió su casa o pasó días sin luz no solo evalúa la ayuda que recibió: también evalúa si sintió que el Estado le habló con claridad sobre lo que estaba pasando.

Una vocería bien diseñada es la infraestructura que permite que la información fluya de manera ordenada entre el Estado y la ciudadanía. Los países que gestionan bien sus crisis climáticas, sanitarias o de seguridad casi siempre tienen una estructura comunicacional separada de la autoridad operativa, con vocerías especializadas, protocolos de actualización constante y equipos que se dedican solo a monitorear cómo se está entendiendo la crisis en la calle.

Separar las funciones le devolvería al Ministerio del Interior la posibilidad de concentrarse enteramente en lo suyo: orden público, seguridad, coordinación con las policías y ahora también la gestión de catástrofes, que ya es carga suficiente sin la comunicación encima.

Al Gobierno completo también le convendría, porque una vocería profesional construye, semana a semana, la coherencia narrativa que hoy falta entre los distintos voceros y ministerios, cada uno saliendo a hablar según su propia agenda en lugar de una estrategia común.

En medio de una emergencia con familias durmiendo en albergues, reorganizar un organigrama suena a lo último que debería importar ahora mismo. Y, sin embargo, es exactamente el momento de plantearlo, porque la próxima emergencia va a encontrar al Gobierno con el mismo cuello de botella si nadie lo resuelve antes.