Economía vs. política: el extraño caso del ministro Quiroz

En la película El extraño caso de Benjamín Button se relata la historia de Monsieur Gateau, un talentoso relojero al que se le había encargado fabricar el reloj para una estación de tren. Mientras realizaba esta labor, su hijo muere en la guerra. Para expiar ese tremendo dolor, hizo que las agujas de su reloj giraran en sentido contrario para devolver el tiempo y hacer que su hijo y los otros caídos regresen de la muerte. Gateau estaba así desconociendo, simultáneamente, un principio filosófico, el razonamiento lógico y leyes de la física, como la de causalidad (todo efecto tiene una causa).

En un breve ensayo titulado Economía versus política. Peligros de las medidas que los economistas aconsejan a los políticos de Acemoglu y Robinson, advierten acerca del especial cuidado que se debe poner en las posibles repercusiones políticas negativas que pueden tener las reformas económicas que cambien la distribución de los ingresos o las rentas en la sociedad y que buscan beneficiar, preferentemente, a los grupos ya poderosos y/o dominantes en la sociedad, las que además pueden resultar ineficientes.

Así, aconsejan que: “el análisis económico debe identificar las condiciones en las que la política y la economía entran en conflicto, y después evaluar las propuestas de medidas teniendo en cuenta este conflicto y sus posibles repercusiones”. Nos recuerdan, además, que: “Gran parte de los análisis de economía política destacan el papel que el equilibrio del poder político desempeña en la sociedad: i) el poder económico y el político están vinculados; ii) la dominancia política de un reducido grupo de interés de la sociedad tendrá efectos nocivos”.

Por cierto, sus afirmaciones o teorías económicas cuentan con una variada y amplia gama de evidencia empírica que las respalda. 

En el caso de M. Gateau, su voluntarismo según la acepción de Nietzsche lo podemos justificar por su pérdida. Pero en economía lo serio y responsable es prestar especial atención a las evidencias respecto de las relaciones causa-efecto cuando están debidamente asentadas y demostradas.

No es el caso de Monsieur Quiroz, puesto que las medidas económicas contenidas en su megarreforma tributaria que buscan retrotraernos a una versión económica neoliberal, provocarán más temprano que tarde repercusiones políticas negativas como nos advierten Acemoglu y Robinson.

Omitiendo el análisis de sus posibles efectos en términos de crecimiento y déficit fiscal, esta vez, nos centraremos en los muy probables efectos que estas medidas tendrán sobre la distribución de los ingresos y la concentración de la riqueza que sí tienen consecuencias en la estabilidad política.

Como sabemos, en nuestro país más allá de los ciclos expansivos o contractivos de la actividad económica, se ha ido incubando y consolidando un estado de malestar social asociado al funcionamiento y el devenir de la nación.

Este fenómeno de larga data ha sido investigado y documentado en los IDH del PNUD y también por académicos, principalmente sociólogos.

Los primeros antecedentes los encontramos en el IDH 1998 que nos alertaba sobre las insuficiencias de nuestro “modelo de modernización”. Mientras el país registraba un notable desempeño en sus indicadores económicos y una significativa baja de la pobreza, la mayoría de la gente manifestaba sentirse insegura de encontrar empleo, no creía que la educación proporcionaría un mejor futuro para sus hijas e hijos, no confiaba en poder costear una atención médica oportuna y tener los ingresos para vivir dignamente su vejez.

En 2007, uno de los estudios de Manuel Canales, concluía que lo que estaba pasando en Chile “es una demanda por inclusión social, por mayor igualdad o por una democratización de la sociedad”.

En el IDH 2012 se comienza a manifestar una alta desconfianza hacia las instituciones y una muy baja satisfacción con el país, pero no con la propia vida, develándose así rabia e impotencia ante la ausencia de reconocimiento que el sistema brinda a sus esfuerzos personales y el trato desigual al que son sometidos por la persistencia de la desigualdad.

Luego, en el IDH 2015 se confirma esta tendencia, pero esta vez se comienza a personalizar el malestar en quienes tienen el poder tales como los actores políticos, los empresarios y los personeros de gobierno. Se produce de esta forma un proceso de “villanización”. Los poderosos serían los culpables del malestar.

Es más, entre 2000 y 2016 las personas que declaran estar muy de acuerdo con la afirmación “las diferencias de ingresos son muy grandes” pasaron de un 42% a un 52% (PNUD, 2017).

Estas señales no fueron debidamente oídas ni vistas, para que esto ocurriera, faltaba algo más. Ese “algo más” fue el estallido social de 2019 que actuó como un catalizador de una situación de conflicto latente y contradicción no resuelta. Tal como lo describió Kathya Araujo (2020), fueron los propios empujes de la democratización de las relaciones sociales con sus promesas de igualdad y derechos la que funcionó como un lente de aumento que hizo que las personas percibieran críticamente la actuación desmedida de lógicas históricas aún vigentes en las relaciones. Esto permitió, de otro lado, reconocer la existencia de estas desigualdades en las interacciones y otorgarles una enorme importancia, y considerarlas, con justicia, como inaceptables, como una afrenta a su dignidad.

Dicho todo lo anterior, resulta a lo menos impropio y poco riguroso negar que el estallido social se fundó a causa de omisiones y/o insuficiencias que no supimos o no pudimos atender a tiempo y que sus efectos sobre la estabilidad democrática se hicieron sentir con fuerza. Por lo mismo, resulta completamente irresponsable y temerario empujar medidas económicas que no harán sino redituar o profundizar el malestar social. De hecho, el IDH 2024 reporta no solo que el 83% de las personas que estaban a favor de las demandas expresadas en O-19, lo siguen estando, sino que también acusa una alta intolerancia a la desigualdad  en diferentes dimensiones  lo que se refleja de que en una escala de menor a mayor molestia que va de 1 a 10, la media general sea de 7,1.

En este escenario, es plausible sostener que estas medidas representan un alto riesgo de inestabilidad democrática. La razón es más simple de lo que se pueda especular.

La concentración de los beneficios de esta reforma tributaria en el 1% más rico del país, en el 1,9% de las empresas activas que concentran, según el SII, el 88,9% de las ventas y la disminución del gasto social tendrán un efecto negativo en los actuales niveles de igualdad y distribución de los ingresos.

Medidas que se ven agravadas y que no admiten excusa tratándose de un país como el nuestro en donde el 1% más rico concentra cerca del 49,8% de la riqueza (WID; 2022), las fortunas de los multimillonarios han crecido casi un 900% desde el 2000 (Zucman, 2026), y cuyo índice de Gini es de 0,43 vs el promedio OCDE de 0,32.

Esta vez, si ocurriera un nuevo estallido social, no podremos declararnos sorprendidos ni tampoco echarle la culpa a la extrema izquierda, por el contrario, la responsabilidad recaerá en quienes afectados por un ideologismo extremo o una avaricia desmedida siguen sin entender que un mayor crecimiento y una mayor igualdad son posibles y necesarios para nuestra estabilidad democrática.