El déficit asegurador frente al riesgo climático: La “Tía Rica” y la orfandad patrimonial

Las recientes precipitaciones que han asolado diversas zonas del país, ensañándose con particular ferocidad en regiones como Valparaíso, Coquimbo, y recientemente La Araucanía, han vuelto a poner a prueba nuestra precaria institucionalidad frente a las catástrofes naturales. Más allá de la emergencia inmediata, la respuesta estatal posterior deja en evidencia una insostenible fisura en nuestra matriz de resiliencia financiera y de políticas públicas. 

El anuncio de la Dirección General del Crédito Prendario (la DICREP o “Tía Rica”), que elevó a un nivel histórico de $30 mil el pago por gramo de oro para que los damnificados puedan empeñar sus joyas y financiar la reconstrucción de sus viviendas, es el síntoma inequívoco de esta falla.

Como advirtió certeramente la exalcaldesa Evelyn Matthei, resulta inaceptable que la política pública empuje a las familias a desprenderse de su patrimonio afectivo para techar una casa devastada por el agua. Desde una perspectiva de diseño institucional, depender del crédito prendario para enfrentar externalidades climáticas severas es un anacronismo que roza el abandono de deberes. 

El problema de fondo es la profunda desprotección patrimonial que enfrentamos. De acuerdo con el último informe de la OCDE (2026) sobre protección financiera contra riesgos catastróficos, en Chile apenas el 25% de las pérdidas económicas provocadas por inundaciones cuenta con algún tipo de cobertura de seguros. Esto significa que el 75% de la destrucción de capital no tiene ningún mecanismo de transferencia de riesgo. 

Según el mismo reporte, la resiliencia financiera en los países nórdicos opera como un verdadero amortiguador macroeconómico: en Noruega, el 84% de las pérdidas por inundaciones está asegurado; en Finlandia, el 83%; y en Dinamarca, el 76%. Esta altísima penetración no es producto de un Estado paternalista que regala subsidios ex-post, sino de arquitecturas institucionales y legales robustas que obligan a mutualizar el riesgo climático a nivel nacional.

Noruega, por ejemplo, opera bajo un modelo solidario obligatorio a través del Norwegian Natural Perils Pool. Por ley, toda compañía que ofrece seguros contra incendios en el país debe participar en este fondo común. Asimismo, todo ciudadano o empresa que asegura su inmueble contra incendios adquiere automáticamente protección contra desastres naturales mediante el pago de una tarifa plana unificada, independientemente de si su propiedad se encuentra en una zona de alto o bajo riesgo climático. 

Dinamarca, por su parte, combina la eficiencia del mercado privado con un fondo público subsidiario (el Naturskaderådet o Consejo Danés de Riesgos Naturales). Este fondo, diseñado para cubrir eventos extremos o que derechamente no se pueden asegurar, no se financia del presupuesto nacional general, sino mediante un gravamen solidario que se cobra anualmente sobre todas las pólizas de seguros de incendios del país. Su intervención es estrictamente subsidiaria: solo actúa cuando la aseguradora privada ha emitido un rechazo formal del siniestro. 

Aún más revelador es el caso de Finlandia, que demuestra que las políticas públicas pueden evolucionar con éxito. En 2014, el país nórdico transitó de un modelo de compensación netamente estatal hacia uno privado, en respuesta al altísimo costo fiscal que suponían los rescates climáticos. Al retirarse el Estado como financista de primera línea, la cobertura contra inundaciones se “empaquetó” dentro de las pólizas voluntarias de seguro de hogar, logrando que hoy cerca del 90% de los hogares finlandeses cuente con protección privada integral. 

En Chile, por el contrario, hemos llevado la privatización del riesgo a un extremo patológico, pero sin proveer las herramientas financieras, legales ni de mercado para sostenerlo. No existe una cultura ni una oferta masiva de seguros independientes contra inundaciones; las escasas coberturas existentes están atadas casi exclusivamente a los créditos hipotecarios, dejando en la más absoluta indefensión a quienes ya pagaron sus casas, a quienes arriendan, o a aquellos cuyos bienes muebles no están cubiertos por la póliza estructural. 

Desde la teoría de las políticas públicas, esta dinámica genera una asignación de recursos fiscales profundamente ineficiente. El Estado, al no fomentar mecanismos de protección ex-ante (como la masificación de seguros empaquetados), se ve obligado a desviar recursos de la recaudación general para “apagar incendios” con gasto corriente. La declaración de “Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe” agiliza el movimiento de fondos, pero es un espejismo de protección patrimonial: no devuelve los electrodomésticos arruinados ni levanta el capital de trabajo de las pymes arrasadas. 

Frente a un escenario innegable de cambio climático global, donde la evidencia nos advierte que estos eventos meteorológicos extremos serán cada vez más recurrentes, la institucionalización del “sálvese quien pueda” mediante ofertones en la casa de empeños estatal debe ser superada. 

Chile necesita rediseñar con urgencia su arquitectura de protección financiera. Esto requiere fomentar alianzas público-privadas donde el Estado pueda actuar como reasegurador de último recurso, promover el desarrollo de seguros paramétricos de liquidación automática e incentivar normativamente el “empaquetamiento” de riesgos climáticos en pólizas generales, tal como enseñan los modelos europeos. 

Administrar la miseria ex-post no es una política pública digna de un país que aspira al desarrollo. Construir una red de protección financiera integral y solidaria es el estándar mínimo para garantizar que, ante el próximo temporal, los ciudadanos tengan la certeza de que su esfuerzo de años está protegido y no se vean empujados a empeñar la historia de sus familias para poder volver a empezar.