Ciudadanía a penas

Una democracia puede castigar a un ciudadano. Lo que no puede hacer sin transformarse es convertir su ciudadanía en parte del castigo.

La propuesta de retirar gratuidad, PGU o subsidios a quienes cometan ciertos delitos e “incivilidades” parece ampliar el repertorio sancionatorio, pero en realidad cambia su naturaleza. La pena deja de recaer solo sobre el acto cometido y empieza a afectar los bienes que sostienen la pertenencia social de la persona.

Cesare Beccaria, jurista y filósofo italiano del siglo XVIII, imaginó la pena moderna como una respuesta legal, proporcional y limitada al delito. El condenado pierde aquello que la sentencia determina, pero no deja por eso de ser ciudadano. Víctor Hugo mostró la visión contraria en Los miserables: Jean Valjean cumple su condena, pero el inspector Javert continúa viéndolo como un culpable esencial, alguien cuya falta pasada define para siempre su lugar en la sociedad.

Entre Beccaria y Javert se juegan todavía dos ideas del castigo. Una sanciona una conducta y luego devuelve a la persona al mundo común. La otra convierte el delito en identidad y extiende la pena hacia la vivienda, la educación, la vejez y la pertenencia social.

La literatura científica muestra que condicionar esos bienes a la conducta transforma derechos y seguridades básicas en premios disciplinarios. El ciudadano deja de poseer un piso desde el cual cumplir su pena, reconstruir su vida y disputar políticamente las decisiones del Estado. Pasa a ser un ciudadano provisional, obligado a demostrar que merece seguir perteneciendo.

Esto no significa que toda restricción adicional sea ilegítima. Quien defraudó fondos públicos puede ser inhabilitado para administrarlos; quien amenaza a una víctima puede recibir una prohibición de acercamiento. Hay una relación directa entre el daño, el riesgo y el bien restringido. El problema aparece cuando rayar un muro, consumir drogas en la calle o cometer un delito autoriza a retirar una pensión, una ayuda habitacional o la posibilidad de estudiar.

Además, estas sanciones rara vez recaen solo en quien cometió la conducta. Alcanzan a hijos, parejas y familias; aumentan precariedad y exclusión; y debilitan justamente las condiciones que hacen posible la reinserción. El castigo se vuelve difuso, acumulativo y socialmente hereditario.

El Estado debe castigar conductas dañinas, pero no debería usar las condiciones mínimas de integración como instrumentos de disciplina. Una democracia puede retirar libertad de acuerdo con la ley. Lo que no puede retirar sin dañarse a sí misma es la igualdad de pertenencia.