Decisiones sin diálogo: la política pública necesita puentes con la academia

Un país no avanza dejando fuera a una parte de su ciencia. Avanza escuchando a quienes investigan. Por eso, cuando se anunciaron los cambios al Fondecyt de Postdoctorado 2027, la comunidad científica ha reaccionado y, por diversos medios, ha solicitado que sean revisados.

La razón no es menor: se hicieron de manera unilateral, algo poco habitual, ya que los ajustes a la política científica suelen construirse escuchando a quienes la ejercen. Esta vez no fue así. Las dudas se concentran, sobre todo, en las diez “áreas prioritarias” que definirá el concurso, cuyo origen muy pocas personas logran explicar y cuyo criterio de “prioridad para el país” ha sido escasamente fundamentado públicamente.

Uno de los argumentos que se ha usado para defender este giro es que la nueva orientación busca fomentar el empleo. El problema es que ese argumento ignora cómo funciona realmente la carrera académica hoy: el postdoctorado suele surgir precisamente cuando no se consiguen plazas estables, cada vez más difíciles de conseguir. Es una posición intermedia, sin contrato laboral formal, que permite seguir produciendo investigación mientras se espera una oportunidad más permanente. 

Concentrar el 70% de los fondos en diez áreas no va a generar más plazas académicas donde no las hay; solo va a decidir, quién accede a esa posición intermedia y quién no. Imponer un embudo de áreas prioritarias no resuelve la precariedad estructural del empleo académico en Chile: solo la administra de forma selectiva, dejando fuera las humanidades, artes y ciencias sociales (HACS). Esto es realmente alarmante, sobre todo, porque fue el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación el que, en 2024, a través de su Radiografía HACS, señaló que estas disciplinas en su conjunto son las que permiten crear pensamiento crítico, fortalecer la democracia y generar políticas públicas que benefician a la población en un mundo cambiante y lleno de desafíos tecnológicos y socioambientales. El mismo diagnóstico reconocía que en Chile aún falta avanzar hacia una incorporación eficaz de estos conocimientos en el sector público y privado, y que frente a problemas complejos se necesitan soluciones capaces de abordar esa complejidad desde más de un ángulo técnico: se requiere el involucramiento de las áreas sociales y culturales para entender cómo se comportan las personas y cómo se relacionan con la tecnología.

Dos años después, la historia es otra: se pretende avanzar sin, justamente, las disciplinas que el propio Estado había identificado como necesarias para hacerlo. Esa contradicción tiene, además, una lectura de género que no puede pasarse por alto.

Según la misma Radiografía HACS, en 2023 las mujeres representaban 65% de la matrícula de pregrado en estas áreas, 52% en magíster y 45,8% en doctorado. Y el liderazgo no se queda en la matrícula. Si se miran solo los proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) entre 2017 y 2022, según área de conocimiento y sexo de la persona responsable, en Ciencias Sociales el 50,7% fueron liderados por mujeres. El promedio conjunto de HACS muestra que el 49,5% de los proyectos beneficiados en esta área son liderados por investigadoras, frente a apenas 36,3% en el resto de las áreas del conocimiento. Las brechas más marcadas están, otra vez, en los campos que hoy se declaran prioritarios: en Ciencias Naturales, en Ingeniería y Tecnología. 

La profesora de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica María Isabel Orellana Rivera realizó una investigación sobre el lugar de la ciencia en la educación de las mujeres en Chile entre 1870 y 1950. En este trabajo documentó que la exclusión femenina del campo científico no fue un hecho natural, sino el resultado de decisiones y omisiones concretas de política pública: décadas en que el Estado careció de una orientación clara hacia la educación científica de las mujeres, dejando que se impusieran representaciones sociales que las encasillaban en el currículum humanista. De su investigación se podría desprender que ese déficit estructural explica todavía la persistente escasez de científicas en Chile.

Hoy el nuevo Fondecyt de Postdoctorado repite el mismo gesto: retirar el respaldo institucional justo del área donde las mujeres sí habían logrado avanzar. Esto no es un episodio aislado, sino la reaparición de un patrón, ya identificado por Orellana Rivera, en el que la ausencia de política pública deliberada vuelve a angostar el terreno para las mujeres. 

Intervenir al final de una trayectoria formativa, desconoce problemas estructurales como las brechas de género en ciencia, que se gestan mucho antes, en la sala de clases, en los estereotipos sobre qué carreras son “para hombres” y cuáles “para mujeres”, y en las oportunidades desiguales que las infancias reciben para acercarse a distintas áreas del conocimiento.

Priorizar áreas puede ser una decisión legítima de país, pero no puede construirse a costa de las científicas que ya ocupan terreno en otras disciplinas: hacerlo así convierte una política de fomento en una nueva forma de retroceso. No será una sorpresa, entonces, si en la próxima medición la brecha vuelve a ensancharse: esta vez por decisiones tomadas sin las personas que hacen ciencia en Chile, y con una visión de país que no se ajusta a lo que necesitamos.