El problema de las municipalidades no siempre es la falta de recursos

El gobierno negocia cómo compensar la eventual caída de ingresos que podrían enfrentar las municipalidades por la exención de contribuciones a los adultos mayores.

Sin embargo, la discusión parece partir de una premisa que casi nadie cuestiona: que el problema es la falta de recursos y no la capacidad del Estado para recaudar y administrar los que ya existen.

Hace unas semanas, en el programa Hablemos en Off, de Radio Duna, surgió una reflexión interesante: si las municipalidades lograran cobrar de manera más efectiva las patentes comerciales que hoy quedan fuera de su recaudación, parte de la menor recaudación por contribuciones podría compensarse. Más allá de si esa hipótesis termina siendo correcta, la pregunta que deja instalada es otra: ¿Por qué cuesta tanto cobrar lo que la ley ya autoriza cobrar?

En el mismo programa, Nicolás Vergara contaba algo que da para reflexionar: al intentar trasladar un negocio desde la comuna de Las Condes a la de Vitacura, sin dejar de pagar patente, solo cambiando el municipio receptor, el trámite resultó tremendamente engorroso y burocrático, sobraron las peticiones de documentos formalizados ante notario y vigencias. No se trataba de dejar de cumplir, sino de seguir cumpliendo en otro lugar. Si mudar donde se paga una patente ya vigente toma ese nivel de fricción, el problema de ingresos municipales podría ser otro.

La experiencia cotidiana de miles de emprendedores sugiere una explicación distinta, el problema no siempre es la escasez de presupuesto, sino la complejidad de los procesos.

Lo experimenté personalmente al intentar formalizar un nuevo proyecto. Transcurrió cerca de un mes desde el inicio del proceso hasta quedar habilitado para emitir boletas electrónicas. Y ese fue solo el primer paso, la obtención de la patente municipal ni siquiera había comenzado. No se trataba de resistencia a cumplir la normativa, la voluntad de formalizar existía desde el primer día. Lo que faltó fue un Estado capaz de acompañar el proceso de forma simple y coordinada.

El problema de los incentivos institucionales tampoco es una idea nueva. Una investigación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica advirtió hace años que el diseño del Fondo Común Municipal podía generar desincentivos a fortalecer la recaudación propia de los municipios.

Esa fricción no es casualidad ni negligencia puntual. Es el resultado previsible de cómo están diseñados los incentivos dentro del aparato público. El Servicio de Impuestos Internos optimiza la recaudación tributaria. Las municipalidades necesitan aumentar sus ingresos por patentes. Otros servicios persiguen objetivos igualmente legítimos, pero definidos de manera aislada. Ningún organismo tiene, como indicador de éxito, que a un emprendedor le tome menos de un mes formalizarse. Cada uno maximiza su propia métrica; nadie es responsable de la experiencia completa del ciudadano que cruza varias instituciones para cumplir con la ley.

Es principalmente un problema de incentivos y ya existen modelos que muestran cómo se resuelve. En minería existe una idea simple, si el proveedor gana dinero cada vez que repara un camión, tendrá incentivos distintos que si gana cuando el camión permanece operativo. Por eso surgieron contratos como los MARC (Maintenance and Repair Contract), donde el proveedor de mantención de una flota de camiones de extracción no cobra por reparar, sino por mantener el equipo operativo: la tarifa varía según tramos de horas operativas, con premios y multas asociados al desempeño real. El incentivo deja de ser facturar reparaciones y pasa a ser que el camión funcione el mayor tiempo posible. Comprador y proveedor terminan persiguiendo el mismo objetivo, porque el contrato alinea los incentivos.

Nada parecido existe entre los organismos del Estado que participan en el ciclo de formalización de un negocio. Cada uno cumple su función por separado, y la coordinación entre ellos, si es que existe, depende de la buena voluntad de algún funcionario, no de un diseño institucional que la haga necesaria.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial en el sector público parte al revés. La IA no corrige instituciones mal diseñadas, las vuelve extraordinariamente eficientes haciendo exactamente aquello para lo que fueron diseñadas. El problema no es tecnológico, es de incentivos.

Tal vez esa sea la conversación que falta cada vez que se debate cómo compensar una caída de ingresos municipales. Más que preguntarnos de dónde sacar más recursos, deberíamos preguntarnos cómo alinear los incentivos de las instituciones que ya administran los que existen, para que trabajen sobre un objetivo común, facilitar el cumplimiento voluntario, reducir la burocracia y aumentar la actividad económica formal.

Porque un Estado inteligente no es el que obliga mejor a cumplir la ley. Es el que consigue que cumplirla sea la opción más simple.