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Presidenta de Comisión Mixta anticipa los primeros rounds del Presupuesto 2027
La discusión del Presupuesto 2027 abre este martes sus primeros rounds. Inversión regional, reconstrucción, empleo, educación y seguridad asoman como los principales focos de tensión, junto con las dudas sobre las cifras, la ejecución del gasto y la metodología utilizada por Hacienda.
Los rounds para el debate presupuestario se inician este martes. Ese día comenzará a subir la temperatura. En +Política conocimos un anticipo de los principales nudos que tensarán el debate y que provienen del entorno de la senadora Yasna Provoste, quien ejercerá el cargo de presidenta de la Comisión Mixta que revisará inicialmente el proyecto.
Como ya se sabe, la tramitación del Presupuesto 2027 se perfila como uno de los primeros grandes escenarios de tensión entre el Gobierno y la oposición. La senadora Provoste, quien preside la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos –la Comisión Especial Mixta es presidida actualmente por el senador Javier Macaya–, plantea que el punto de partida del debate será despejar las dudas respecto de las cifras presentadas por el Ejecutivo.
Su primera objeción apunta a la forma en que se calcula el crecimiento de 1,5% del gasto: según Provoste, el Gobierno lo compara con el gasto proyectado para 2026, modificando la metodología utilizada en años anteriores, basada en la ley inicial más reajustes. A su juicio, Hacienda debería transparentar ambos cálculos para establecer una base comparable, especialmente en un escenario de estrechez fiscal, estancamiento económico y problemas de empleo en regiones.
Precisamente en regiones es donde está uno de los principales cuestionamientos. Desde el mundo de la DC advierten sobre una caída de $169 mil millones en inversión regional y cuestionan que la menor ejecución presupuestaria sea utilizada como argumento para reducir las transferencias de capital a los gobiernos regionales.
La crítica apunta a que parte de esa subejecución también responde a retrasos administrativos de ministerios, Contralorías Regionales y convenios de programación, por lo que consideran necesario revisar responsabilidades antes de reducir recursos. El asunto ya forma parte de las preocupaciones planteadas en el Congreso: al comenzar el análisis presupuestario se abordaron, entre otros temas, las inversiones de infraestructura pública no ejecutadas y la subejecución de obras públicas. Para Provoste, el desafío político será conseguir que el Presupuesto 2027 aumente la capacidad del Estado de movilizar inversión y empleo, junto con establecer mecanismos de seguimiento desde el Congreso sobre la ejecución efectiva de esos recursos.
La reconstrucción es otra de las pulsiones que respiran de manera agitada. Después de los temporales e incendios este constituye otro potencial foco de conflicto. El Ejecutivo ha hablado de recursos por más de $500 mil millones para las zonas afectadas por catástrofes, incluido un Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo, monto que la presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto considera insuficiente frente a la extensión de los daños registrados durante 2026.
Su planteamiento es que la discusión presupuestaria deberá precisar qué obras se financiarán, en qué plazos y con qué cobertura territorial, incluyendo infraestructura resiliente, reposición de caminos y puentes, soluciones habitacionales y recuperación productiva de la agricultura. Un de los puntos que se pondrá bajo revisión serán los $140 mil millones anunciados para programas de empleo, porque una parte importante corresponde a gasto ya existente, lo que abre la interrogante sobre cuánto dinero adicional llegará efectivamente a regiones con tasas elevadas de desempleo, como Ñuble, Biobío y Los Ríos.
Educación y seguridad completan el cuadro de materias que Provoste anticipa que serán objeto de una revisión especialmente estricta. En educación cuestiona reducciones o eliminación de programas vinculados con equidad, entre ellos, Becas TIC, apoyos a Liceos Bicentenario, educación inicial y becas indígenas, argumentando que estas políticas cumplen una función en la reducción de brechas educativas.
En seguridad, la interrogante apunta menos al volumen de los anuncios que a la capacidad efectiva de ejecutarlos: en el entorno DC sostienen que, a agosto, todavía estaban pendientes transferencias correspondientes a programas de 2026 destinados a Carabineros, PDI y municipios. La subejecución de programas de seguridad ya había sido identificada como una preocupación transversal durante las primeras sesiones de la Comisión Especial Mixta.
El eje político que articula estas observaciones, sin embargo, es la demanda de mayor transparencia y capacidad de ejecución del Estado.
La discusión de fondo será no solo cuánto aumenta o disminuye cada partida, sino también cuánto de lo presupuestado para 2026 ha sido efectivamente gastado, cuáles son las bases utilizadas para comparar ambos ejercicios y qué capacidad tienen los ministerios para transformar los anuncios en políticas concretas.
La Dirección de Presupuestos (Dipres) tiene programado presentar el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre ante la Comisión Especial Mixta el 6 de octubre, instancia que permitirá contrastar parte de estas interrogantes con las cifras oficiales. En un escenario de estrechez fiscal, esa información será determinante para evaluar las prioridades del Presupuesto 2027 y abrir una negociación que tendrá en el centro inversión, empleo, reconstrucción, seguridad, educación y distribución territorial de los recursos.
