La megatoma de San Antonio no se resuelve con una zanja y un cerco

El desalojo del cerro Centinela cierra un expediente judicial, pero no la crisis que originó la controvertida megatoma. Con una zanja no se resuelve el problema que afecta a más de 120 mil familias en campamentos a lo largo de Chile.

El 13 de agosto, el gobierno dio por concluido el desalojo de la megatoma de San Antonio. Tras siete meses de operativos, las 98,4 hectáreas volvieron a la inmobiliaria propietaria. El epílogo deja una zanja de 500 metros para impedir la “retoma”, un cerco perimetral, además de un plan de desratización y adopción para mascotas abandonadas. Se cierra así una de las mayores ocupaciones del país, donde unas cuatro mil familias se asentaron desde fines del convulso 2019.

El subsecretario del Interior sostuvo que “no hay espacio para que no se cumpla la ley”, calificando la entrega como un “hecho histórico”. El balance oficial habla de “recuperación” de terrenos, destacando 22 detenidos, agresiones a policías, extranjeros con orden de expulsión y vehículos robados. Esto contrasta con la escasa mención de las familias que optaron por su “retiro voluntario” desde junio de 2026 a la fecha. Así, el conflicto se retira de la agenda como un problema de orden público resuelto.

En esta coyuntura,  los medios prestaron especial atención al expediente judicial por sobre el problema humanitario. Aunque la ocupación data de 2019, la prensa oficial solo cubrió el caso desde mediados de 2023. Esto, una vez que la Corte de Apelaciones ordenó el desalojo del entonces denominado “mega-campamento”. De ahí que cada hito informativo coincidiera con resoluciones judiciales y no con la vida material del asentamiento, evidenciando que fue noticia en tanto litigio y no como territorio habitado.

Igualmente, se puede apreciar el modo en que la denominación de la crisis se convirtió en disputa. Allí, quien decía “usurpación” exigía desalojo, y quien señalaba “crisis habitacional” demandaba una política de vivienda. Con el tiempo, las posiciones se han endurecido y en el escenario político actual el desalojo parece presentarse como la única salida concebible. Es más, en la historia quedará marcado que el desenlace de esta lucha por la vivienda se trazó una vez restituida la propiedad, y no cuando las familias encontraron un hogar.

Según la Delegación Presidencial, unas dos mil familias de la provincia siguen esperando una solución habitacional, mientras que el Ejecutivo ha comprometido una respuesta de seis mil viviendas por fiscalizar. A nivel nacional, el catastro de TECHO-Chile registró 120.584 familias en campamentos, la cifra más alta desde 1996. La zanja podrá impedir la reocupación de ese cerro, mas no erradicar el déficit habitacional, ni el costo de los arriendos o las prácticas especulativas del suelo.

La historia social chilena demuestra que cuando la política institucional no canaliza necesidades básicas, las personas tienden a resolverlas por sus propios medios. Así nació el movimiento de pobladores del siglo pasado y así se pobló el Centinela. Previsiblemente, esto volverá a ocurrir si la respuesta pública se limita a la imposición de zanjas, cercos y operativos policiales.

Tratar la vivienda con seriedad exige una discusión basada en evidencia. Resulta paradójico que esta discusión sea urgente justo cuando las ciencias sociales enfrentan recortes presupuestarios. Son sus disciplinas las que, en conjunto, habilitan el análisis de quiénes y por qué se toman un cerro, y qué soluciones funcionarían para resolver el problema de fondo. El cerro quedó despejado y cercado. Sin embargo, la pregunta sobre dónde vivirán quienes no pueden pagar la ciudad permanece intacta.