Antes de que sea tarde

Hay decisiones económicas que sobreviven mucho más que las razones que les dieron origen. El régimen jurídico del litio en Chile parece ser una de ellas.

En 1979, en plena dictadura, el Decreto Ley 2.886 declaró que, “por exigirlo el interés nacional”, el litio quedaba reservado al Estado. No estábamos entonces hablando de electromovilidad ni de baterías para almacenar energías renovables. Su carácter estratégico estaba vinculado principalmente a su consideración como material de interés nuclear. No por casualidad, el mismo decreto modificó la legislación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Han pasado casi cincuenta años. Cambió la tecnología, cambió el mundo y, sobre todo, cambió aquello que hace valioso al litio. Hoy su importancia proviene fundamentalmente de las baterías, la electromovilidad y el almacenamiento de energía. Sin embargo, nuestra legislación continúa tratándolo bajo una excepcionalidad nacida de una realidad completamente diferente.

No parece haber una buena razón económica para ello.

Chile permite concesiones para explotar cobre, oro, hierro y prácticamente todos los demás minerales relevantes. El Estado mantiene el dominio sobre esos recursos y captura parte de las rentas mediante impuestos y royalties. Nadie sostiene que permitir que una empresa privada explote cobre signifique regalarle el cobre del país. Curiosamente, cuando hablamos de litio, ese argumento reaparece.

No es quién es propietario del litio lo que está en discusión. Ese punto está resuelto. El Estado tiene el dominio sobre los recursos minerales. La verdadera discusión es cómo transformar ese recurso en inversión, producción e ingresos para Chile.

Y aquí aparece una variable que demasiadas veces olvidamos: el tiempo.

Nos comportamos como si tener grandes reservas de litio garantizara disponer de una gran riqueza en el futuro. Pero las reservas son una realidad geológica; la riqueza es una realidad económica. Depende de la demanda, de los precios, de la tecnología y de las alternativas que aparezcan. Podemos seguir teniendo exactamente el mismo litio dentro de veinte años y que valga bastante menos.

Chile continúa siendo uno de los grandes productores mundiales, pero otros avanzan rápidamente. Australia ya produce bastante más, China aumenta su capacidad y Argentina desarrolla nuevos proyectos. Al mismo tiempo, aparecen nuevas tecnologías y materiales alternativos. Ni siquiera necesitamos suponer que el litio será reemplazado. Basta con que la oferta mundial crezca más rápido que la demanda para que sus rentas extraordinarias disminuyan.

Ahí está la paradoja que debería preocuparnos. El riesgo para Chile no está en que se acabe el litio sino en que cuando finalmente decidamos explotarlo, se haya acabado buena parte de la renta extraordinaria que queríamos capturar.

Guardar litio bajo tierra no es necesariamente ahorrar. También puede ser postergar un ingreso hasta que valga menos.

Por eso nuestra prioridad debería ser aumentar la producción mientras exista esta ventana de oportunidad. Y para hacerlo no necesitamos que el Estado se transforme en empresario minero.

Los contratos que CORFO mantiene con empresas privadas en el Salar de Atacama han generado importantes recursos para el Estado. Si pensamos que esa participación es insuficiente, discutamos eso. Revisemos royalties, impuestos y mecanismos que permitan capturar una proporción adecuada de las rentas extraordinarias.

Pero no confundamos dos discusiones. Una cosa es cuánto debe recibir el Estado por permitir la explotación de un recurso que le pertenece. Otra muy distinta es quién debe explorar, invertir, asumir los riesgos y producirlo.

El Estado puede establecer royalties apropiados, incluso progresivos según precios y rentabilidad; imponer exigentes estándares ambientales; proteger salares y recursos hídricos y fiscalizar rigurosamente. Nada de aquello requiere que produzca litio.

Por eso deberíamos discutir derechamente su concesibilidad. Abrir su exploración y explotación a concesiones privadas, sometidas a estrictas regulaciones ambientales y al pago de impuestos y royalties, permitiría multiplicar actores, proyectos e inversiones bajo reglas generales, transparentes y conocidas de antemano.

No se trata de escoger entre Estado y mercado. Que los privados compitan por explorar, invertir, innovar y producir. Y que el Estado haga aquello que nadie puede hacer en su reemplazo: regular, proteger el medio ambiente y capturar para los chilenos una parte adecuada de la renta del recurso.

Mientras tanto seguimos esperando nuevos contratos, asociaciones público-privadas y una futura empresa nacional del litio. El problema son los años que consumimos y los proyectos que entretanto no se realizan.

Postergar no es gratis. Cada inversión que no se realiza hoy es producción que no tenemos, empleo que no se crea, exportaciones que no hacemos y royalties que el Estado no recauda. Mientras tanto, nuestros competidores avanzan.

Quizás estamos tan preocupados de no regalar el litio que corremos el riesgo de regalar algo igualmente valioso: la oportunidad de explotarlo cuando más vale.

El decreto de 1979 pudo tener una explicación en 1979. Lo difícil es encontrar una razón para que siga determinando nuestra política minera casi medio siglo después.

El litio puede esperar. La oportunidad de obtener beneficios de su explotación tal vez no.