Seguridad sin excepcionalidad permanente

Chile tiene un problema serio de crimen organizado. Eso no lo discute nadie que trabaje todos los días en tribunales de garantía, en fiscalías o defendiendo causas donde el dinero ilícito se mueve más rápido que la ley. Pero que el problema exista no significa que cualquier solución que el Estado ofrezca merezca aplausos automáticos. Ahí empieza mi desacuerdo con cómo se está planteando este debate.

El Gobierno del Presidente Kast anunció una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción y así intervenir territorios bajo control del crimen organizado. La idea merece estudiarse en serio. Sin caricaturas de ningún lado. Pero también sin ingenuidad, porque lo que está sobre la mesa es ampliar constitucionalmente las facultades coercitivas del Estado, y esa pregunta no se resuelve preguntándose si uno quiere ser “duro” o “blando” con la delincuencia. Ese marco hay que botarlo a la basura.

La discusión de verdad es otra: qué distingue a un Estado eficaz de un Estado arbitrario.

Y antes de crear nuevas facultades excepcionales hay una pregunta que el Gobierno todavía no ha respondido con claridad: ¿qué problema concreto de seguridad no puede resolver hoy el Estado con sus herramientas ordinarias, y por qué este nuevo estado de excepción sí podría resolverlo? No es una pregunta retórica. Es la pregunta.

Importa hacerla porque Chile no está viviendo hoy una escalada de homicidios. Después del peak de 2022 la tasa bajó en los años siguientes y volvió a caer durante el primer semestre de 2026 según cifras oficiales del propio gobierno de Kast. Es decir, el gobierno de Kast está logrando atenuar aún más el delito con las herramientas actuales. Esto no significa que el problema esté resuelto, lejos de eso, el crimen organizado existe, se ha sofisticado y hay que combatirlo con toda la decisión del Estado. Pero quien propone abandonar parcialmente la normalidad constitucional tiene la carga de justificarlo. Y esa carga no se cumple con un titular de prensa.

Pues bien, hay, al menos, dos maneras de construir un Estado fuerte. Una consiste en aumentar su poder sobre las personas: militares en la calle, controles territoriales, interceptaciones telefónicas, restricciones de desplazamiento y reunión, estados de excepción.

La otra consiste en aumentar su poder sobre las organizaciones criminales: seguirles el dinero, identificar sus patrimonios, perseguir testaferros, interceptar comunicaciones bajo control judicial, infiltrar sus estructuras, decomisar ganancias, aislar a sus líderes, desarticular sus redes financieras.

Las dos usan la fuerza del Estado. Pero no son lo mismo desde una perspectiva liberal, y confundirlas es el error de fondo de este debate. Un Estado liberal no tiene por qué ser débil. Tiene que ser implacable contra las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, limitado frente al ciudadano común. Ambas cosas a la vez, no una a costa de la otra.

Miremos Italia un segundo. Pocos países democráticos han enfrentado organizaciones criminales tan poderosas como las mafias italianas, y la respuesta italiana incluyó instrumentos extraordinariamente severos: el artículo 416 bis de su Código Penal sanciona específicamente la asociación mafiosa, con fuertes medidas patrimoniales y preventivas. Italia construyó fiscalías y policías especializadas, mecanismos de colaboración, persecución financiera, confiscaciones, un régimen carcelario particularmente duro. Toda esa arquitectura se levantó, en lo esencial, dentro de la legalidad constitucional ordinaria. No hizo falta salirse de la Constitución para ser feroz con la mafia.

Chile ya empezó a caminar por esa senda, y vale la pena decirlo porque a veces se nos olvida lo que hemos avanzado. La Ley 21.577 reformó a fondo los artículos 292 y siguientes del Código Penal, creó las figuras de asociación delictiva y asociación criminal, y fortaleció el sistema de comisos, incluido el comiso sin condena en ciertos supuestos. Tenemos ley de lavado de activos, UAF, interceptaciones, agentes encubiertos, entregas vigiladas y otras técnicas especiales de investigación. Y desde 2025 contamos con un Ministerio de Seguridad Pública.

Entonces la pregunta previa a reformar la Constitución debería ser obligatoria: ¿hemos agotado y fortalecido lo suficiente nuestra arquitectura ordinaria contra el crimen organizado?

Y hay un ejemplo que me resulta particularmente revelador: el secreto bancario. Es raro que podamos discutir con tanta audacia nuevas facultades constitucionales para restringir derechos de quienes viven en ciertos territorios, y que al mismo tiempo aparezcan tantas resistencias cuando se propone aumentar, con controles institucionales adecuados, la capacidad del Estado para seguirle el dinero al crimen organizado. Si de verdad queremos perseguirlo, sigamos también el dinero. Con la misma energía política con que se anuncia un estado de excepción.

Pero hay una preocupación todavía más de fondo. El crimen organizado no es una guerra, ni un terremoto, ni una insurrección. No es un acontecimiento transitorio. Puede acompañarnos durante décadas. Y si la amenaza que justifica la excepción es permanente, hay que hacerse una pregunta incómoda: ¿cuándo termina, entonces, la excepción?

Ahí está el riesgo real: normalizarla. Todavía no conocemos una redacción definitiva que permita sostener con seriedad que el Gobierno está construyendo una democracia iliberal. Sería intelectualmente deshonesto decirlo hoy, sin más antecedentes. Pero tampoco corresponde mirar para el lado solo porque cada señal, tomada por separado, parezca razonable.

Si una propuesta tiene orejas de perro, hocico de perro y cola de perro, puede que todavía no tengamos antecedentes suficientes para decir con certeza que es un perro. Pero tampoco es sensato aceptar, sin más, que nos digan que estamos mirando un auto.

Por eso hay que leer la letra chica con lupa. ¿Qué significa exactamente un “territorio capturado” por el crimen organizado? ¿Quién lo determina, y con qué antecedentes?

¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué derechos podrán restringirse? ¿Qué intervención van a tener los tribunales y el Congreso? ¿Cuántas veces se puede renovar la medida? ¿Qué estándar permite ponerle término?

Y hay un test todavía más simple, el que yo uso para ordenar mi propia cabeza frente a cualquier facultad nueva que se le entregue al Estado: antes de dársela al Presidente de turno, pregúntese si estaría dispuesto a entregársela exactamente igual a un Presidente del extremo político contrario, a alguien en quien desconfía profundamente.

Si la respuesta es no, el problema no es quién gobierna. El problema es la facultad misma que se está creando. Eso, y no otra cosa, es constitucionalismo liberal.

No corresponde entonces cerrarle la puerta de entrada a la reforma del Gobierno. Puede haber herramientas nuevas, necesarias y eficaces. Pero cada una tiene que pasar un examen mínimo: necesidad, eficacia, proporcionalidad, control y temporalidad. Sin ese examen, cualquier facultad nueva es un cheque en blanco.

El debate sobre seguridad lleva demasiado tiempo secuestrado entre “mano dura” y “garantismo”, como si esas fueran las únicas dos camisetas disponibles. Tampoco se trata de quienes quieren darle poder al Estado contra quienes supuestamente desean quitárselo. Esa dicotomía es falsa y, francamente, cómoda para no pensar.

La pregunta que importa es otra: dónde queremos poner ese poder. No necesitamos un Estado débil. Necesitamos un Estado inteligente: lo suficientemente fuerte para perseguir hasta el último peso y el último integrante de una organización criminal, y lo suficientemente limitado para no olvidar que la seguridad también consiste en proteger al ciudadano del ejercicio arbitrario del poder.

Una democracia liberal tiene que protegernos de los delincuentes. Y, precisamente por ser liberal, también tiene que protegernos del Estado. Más todavía cuando el Presidente actual se relaciona y admira a líderes cuya forma de ejercer el poder ha tensionado, debilitado o derechamente erosionado los contrapesos propios de la democracia liberal. No estoy diciendo que Chile vaya a seguir necesariamente ese camino. Digo algo más simple: cuando existen esas señales, ampliar las facultades excepcionales del poder exige más controles. Nunca menos.