Los acuerdos de Vodanovic y Bellolio

Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio publicaron una columna conjunta. Un alcalde de Maipú y uno de Providencia, de coaliciones enfrentadas, firmando el mismo texto, donde proponen siete ejes a abordar en los próximos 30 años. Más que el gesto, interesa pensar el procedimiento que siguen para llegar a él.

Cualquier acuerdo político se juega en tres planos. Están los acuerdos de primer orden, los sustantivos: qué impuesto sube, qué reforma se aprueba. Que ahí falte acuerdo es normal, porque chocan intereses reales. Vienen después las reglas de segundo orden con que se procesa ese desacuerdo, las que permiten que quien pierda una votación acepte el resultado aunque no lo comparta. Esas reglas no se sostienen solas. Requieren algo previo, el reconocimiento mutuo de quiénes tienen derecho a estar en la mesa donde se las define. Con quien se mira como adversario a suprimir no hay mesa posible, por bien diseñado que esté el procedimiento. Ese tercer tipo de acuerdos solemos darlos por hecho y se notan cuando faltan.

Es en ese plano donde trabajan los alcaldes cuando escriben juntos. No parten proponiendo contenidos compartidos, parten reconociéndose, y lo hacen sin borrar el desacuerdo, que es la parte difícil. Discrepan sobre el rol del Estado, los impuestos y la delincuencia, y aclaran de entrada que no escriben para disimularlo. Es lo contrario de la retórica del consenso, que supone que la política consiste en producir acuerdos y trata el conflicto como un defecto de carácter.

Vale la pena preguntarse por qué esto resulta posible entre dos municipios y no en La Moneda. El propio texto lo responde casi sin proponérselo. Gobernar una comuna, escriben, obliga a hacerse cargo de cómo se implementan las ideas, con qué recursos, y a medir el éxito en resultados antes que en repercusión mediática. El gobierno local opera bajo un principio de realidad que el nivel central puede eludir durante años. El vecino que reclama por la lista de espera del consultorio no se conforma con un titular.

El esfuerzo tiene mérito, y más en el contexto en el que vivimos, cuando la deslegitimación del adversario dejó de ser un exceso de campaña para volverse método de gobierno. Pero la propuesta que sigue empieza por el final. Los siete ejes para los próximos 30 años enumeran materias de primer orden, del sistema político a la seguridad y la infraestructura, sin decir nada de las dos condiciones que permiten que un acuerdo sustantivo llegue a alguna parte.

La primera condición es el procedimiento. Cómo se acuerda, quién convoca, con qué método se resuelven las diferencias que aparezcan dentro de cada eje, qué hace exigible lo pactado cuando cambia el gobierno o cuando a una de las partes deja de convenirle. Un acuerdo a 30 años sin reglas que lo sostengan dura lo que dure la buena disposición de quienes lo firmaron.

La segunda tiene que ver con quiénes se sientan a esa mesa, y ahí importa menos cuántos firman que con qué criterio se arma la lista de invitados; cómo entran los actores que no disponen de una alcaldía metropolitana ni de una tribuna en la prensa, o qué lugar tienen las organizaciones territoriales o las regiones que no son la capital. Detrás viene el problema mayor, que es la legitimidad social de lo que ahí se resuelva.

Chile tiene malas experiencias en pactos suscritos por quienes se consideraban suficientes para hablar por todos, y se sabe cómo terminaron. Un acuerdo que la sociedad no reconoce como propio no se sostiene tres décadas.

Ahí entra también la cuestión de quiénes firman esta invitación. Los dos estudiaron en la Universidad Católica, hicieron posgrados en universidades norteamericanas y llegaron al municipio desde el circuito profesional de la política capitalina. Los separa una coalición, no un mundo. Reconocer como interlocutor válido a alguien que se formó donde uno se formó resulta relativamente fácil; la prueba exigente es reconocer a quien llega a la discusión con menos recursos para hacerse oír.

Esa prueba se rindió hace muy poco y con mal resultado. En junio, en La Serena, más de 200 alcaldes de todos los colores suscribieron un acuerdo transversal en el encuentro nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, que consideraba resguardar la autonomía presupuestaria municipal, impedir que la exención de contribuciones erosionara el Fondo Común Municipal y focalizar la eliminación del impuesto territorial, de modo que las personas mayores pagaran según sus ingresos. Contenidos precisos, acordados sin mayor dificultad por todo el espectro político.

El acuerdo duró unas semanas. Cuando Hacienda ofreció una fórmula de compensación sin focalización, la directiva de la asociación la dio por acordada y los alcaldes de derecha la respaldaron. Los de oposición hablaron de “traición” y algunos evaluaron abandonar la asociación. La fórmula aprobada en la Ley Miscelánea compensa en proporción a lo que cada comuna deja de recaudar; es decir, más de 13 mil millones para Las Condes y cifras marginales para San Ramón o Quinta Normal, todo financiado con impuestos generales. La exención de contribuciones a la primera vivienda de los mayores de 65 años, además, tuvo en Bellolio a uno de sus impulsores más activos ante el gobierno.

El municipalismo hizo este año el experimento completo y falló en el punto previsible. Nadie había definido quién podía negociar en nombre de todos ni qué ocurría si el gobierno ofrecía algo distinto de lo acordado. El pacto se disolvió apenas apareció la plata y por la línea de las coaliciones, que es justamente la línea que la invitación asegura poder cruzar.

El principio de realidad municipal funciona bien para el bache y la luminaria, donde no hay conflicto distributivo, y bastante peor cuando se trata de repartir recursos entre comunas desiguales, que es donde vive el desacuerdo de primer orden.

Hay una última dificultad, que no depende de los alcaldes. Una invitación entre dos que la necesitan por igual no equivale a una invitación dirigida a quien no la necesita. El gobierno tiene los votos y ningún incentivo para reciprocar, y el reconocimiento no funciona en una sola dirección: cuando una parte lo ofrece y la otra lo embolsa sin devolverlo, termina siendo desarme unilateral.

El proverbio con que abren, aquello de que una sociedad crece cuando los mayores plantan árboles a cuya sombra saben que no se sentarán, resiste bien estos reparos. Habría que agregarle que antes de plantar hay que saber de quién es el terreno y quién se hará cargo del riego cuando los que plantaron ya no estén. Eso faltó en La Serena hace dos meses, y falta también en los siete ejes.