¿Qué nos dice realmente la Encuesta Nacional de Innovación (ENI)?

En las próximas semanas el gobierno deberá comunicar si la Encuesta Nacional de Innovación (ENI) contará con financiamiento para 2027. Hace unos días la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, señaló que “es una definición presupuestaria que estamos evaluando y que, como corresponde al proceso de asignación de recursos públicos, se va a ratificar en septiembre, una vez concluido el análisis técnico”.

En la misma entrevista publicada por El Mercurio, la ministra subrayó que el costo de la encuesta pasó de $285 millones en 2021 a $878 millones en 2025, mientras que el porcentaje de empresas que innovan disminuyó de 16,7% a 5,9% en ese período. También sostuvo que “ el instrumento nos dice que la innovación está cayendo, pero no nos dice por qué ni qué hacer al respecto (…). Se requiere que este gasto se traduzca en evidencia que oriente política pública, no solo que describa una tendencia”.

Es indudable que el uso de los recursos públicos debe revisarse para asegurar que sea eficiente y responsable. Sin embargo, en esta discusión es importante distinguir entre la información que produce la ENI y las decisiones de política pública que pueden adoptarse a partir de ella.

La ENI no se limita a medir el porcentaje de empresas que innovan. También recoge información sobre qué tipo de innovación desarrollan -de productos, procesos o gestión-; qué tipo de inversión realizan, ya sea en el desarrollo de nuevos productos, maquinaria o equipos;   si realizan investigación y desarrollo; si protegen sus inversiones, qué obstáculos enfrentan, con quiénes colaboran y qué apoyos públicos utilizan. Asimismo, permite conocer la distribución sectorial y regional de la innovación y del gasto destinado a ella.

Toda esta información permite analizar qué está cambiando detrás de las cifras agregadas, estudiar los factores que podrían explicar, por ejemplo, la caída identificada recientemente. La encuesta no define por sí sola qué decisiones de política pública deben adoptarse o implementarse: entrega la evidencia necesaria para diseñarla, fundamentarla y evaluarla. Da luces o guías sobre qué teclas tocar desde la política.

Un ejemplo concreto de esto es una investigación que realizamos en 2022 junto con Daniel Goya León y Matías Caamaño, publicada en Technological Forecasting and Social Change. El estudio utilizó datos de cuatro ediciones de la ENI para identificar qué obstáculos afectan la innovación empresarial en Chile.

El estudio identificó que la falta o incertidumbre de demanda reduce la probabilidad de innovar, y que no se contaba con instrumentos transversales  para hacer frente a esta barrera.  El estudio fue una fuente de información para justificar el desarrollo de políticas de demanda, como las compras públicas de innovación, aprobadas recientemente como parte de la nueva Ley de Compras Públicas.

Este caso muestra que la ENI puede hacer bastante más que describir una tendencia: sus datos permiten identificar un problema específico y aportar evidencia para fundamentar una respuesta de política pública.

Esto no significa que la encuesta sea perfecta ni que deba permanecer inalterada. Es razonable revisar su metodología, su costo y la pertinencia de la información que recoge. También puede fortalecerse incorporando preguntas que permitan abordar materias actualmente insuficientemente cubiertas, como el uso de inteligencia artificial, la transferencia tecnológica o la relación entre la innovación y los resultados de las empresas. Pero estas son razones para mejorar la encuesta, no para eliminarla. Como lo planteamos recientemente, junto con académicos, exautoridades y especialistas, en una carta: en un país que enfrenta persistentes desafíos de productividad, prescindir de la información que permite comprender cómo innovan sus empresas y qué políticas contribuyen a mejorar su desempeño no parece el camino adecuado. Si queremos que las decisiones públicas y privadas se sustenten en evidencia, Chile necesita fortalecer sus datos, no debilitarlos.