Consultas públicas: ¿Participación real o cumplimiento de un trámite?

Llevo años participando en procesos de consulta pública del ámbito silvoagropecuario, a veces a título personal y otras en representación de organizaciones del sector. Siempre lo he hecho convencido de que incidir en las normas que regulan nuestra actividad es un derecho, pero también una responsabilidad profesional.

Sin embargo, el recorrido deja una inquietud que vale la pena plantear: ¿Está sirviendo realmente la participación ciudadana para elevar la calidad de nuestras leyes y reglamentos?

En el papel, Chile muestra avances. Las reglas establecen que las consultas deben ser abiertas, plurales e informadas, y que la autoridad tiene el deber de ponderar las observaciones recibidas. El problema aparece al llevar la teoría a la práctica.

La primera falencia suele estar en la partida. Antes de abrir un borrador a comentarios, habría que responder una pregunta básica: ¿Cuál es el problema concreto que se busca resolver con esta nueva norma o modificación?

Si agricultores, empresas, profesionales o técnicos no conocen los datos de origen ni las alternativas que la autoridad descartó, terminan opinando sobre un texto final sin haber podido debatir el diagnóstico. En un sector tan dinámico como el silvoagropecuario, la experiencia práctica de quienes trabajan a diario sobre el terreno representa un valor técnico que el Estado no debiera subestimar.

A esto se suma un segundo nudo crítico: el proceso no puede terminar en el instante en que el ciudadano envía su formulario o minuta.

Nadie pretende que la autoridad acepte cada sugerencia; la facultad de decidir es de la institución y debe estar bien fundada. Pero quienes dedican tiempo a fundamentar observaciones, de forma personal o a nombre de una entidad, deberían poder hacer un seguimiento real de sus aportes: saber qué se tomó en cuenta, qué se desechó y por qué motivos. Falta trazabilidad.

No se trata de transformar la regulación en un plebiscito ni de traspasar el rol de la autoridad. La exigencia es más simple: que los comentarios ciudadanos operen como un insumo efectivo para perfeccionar la regla.

Chile cuenta con la capacidad técnica e institucional para dar ese paso. Al final, el balance de una consulta pública no debiera medirse por la cantidad de personas que enviaron comentarios, sino por una respuesta de fondo: si el proceso ayudó o no a construir una mejor norma para el país. Ese tendría que ser el parámetro.