Los límites del poder y el uso del concepto “iliberal”

El término “iliberal” se ha extendido con una rapidez mayor que su precisión. Se utiliza para describir ideas y conductas, pero también partidos, gobiernos e incluso regímenes políticos. Esa amplitud facilita su empleo polémico y reduce su capacidad para distinguir fenómenos situados en niveles diferentes. Una declaración individual, una corriente partidaria y una política gubernamental pueden ser objetables sin poseer el mismo alcance ni comprometer por igual al actor colectivo al que se atribuyen.

La literatura aplica el concepto a orientaciones que aceptan el principio mayoritario o la competencia electoral, mientras cuestionan los límites liberales impuestos al ejercicio del poder. Sus manifestaciones incluyen el debilitamiento de los derechos fundamentales y del Estado de derecho, junto con una menor disposición a reconocer el pluralismo y los contrapesos institucionales. Una orientación “iliberal” tiende a considerar que la victoria electoral entrega una autorización amplia para gobernar, incluso cuando las decisiones de la mayoría afectan las condiciones de la competencia democrática.

El concepto permanece discutido porque reúne fenómenos de intensidad y alcance diferentes. Giovanni Sartori advirtió sobre los problemas de un gradualismo conceptual indiscriminado. Democracia y autocracia son clases de régimen cualitativamente distintas. La primera exige competencia efectiva y libertades políticas que permitan una posibilidad real de alternancia. Cuando esos atributos desaparecen, se ha cruzado una frontera.

John Gerring recuerda que la utilidad de un concepto depende de su capacidad para distinguir un fenómeno y aplicarse de manera consistente a casos observables. “Iliberal” pierde valor cuando reúne bajo una misma denominación declaraciones individuales, políticas específicas y transformaciones del régimen. Su empleo exige definir previamente la unidad de análisis y los atributos que justifican la calificación.

Los grados conservan utilidad para examinar el funcionamiento interno de una democracia y las conductas que pueden producir su deterioro. Un partido puede albergar corrientes hostiles al pluralismo. Un gobierno puede impulsar una medida que debilite los contrapesos sin haber transformado todavía la naturaleza del régimen. La existencia de componentes “iliberales” dentro de una democracia no significa que esta ya se haya convertido en una autocracia.

La erosión desde dentro tiene antecedentes antiguos. Augusto sustituyó la República romana por el Principado mientras conservaba buena parte de sus instituciones y denominaciones. Pietro de Francisci mostró cómo la continuidad formal podía encubrir una transformación sustantiva. Roma era una república, pero no una democracia. Su experiencia conserva valor como antecedente de un cambio de régimen realizado mediante la preservación de las formas anteriores.

En Chile, esta precaución resulta necesaria al examinar la relación de la mayor parte de la derecha con la dictadura de Augusto Pinochet. La aprobación de determinadas políticas económicas, sociales o sectoriales aplicadas durante ese periodo no equivale necesariamente a nostalgia autoritaria. Esta aparece cuando se valora positivamente el orden político dictatorial, se justifica la ruptura democrática o se relativizan las violaciones de derechos humanos.

Juan José Linz empleó la categoría de “semilealtad” para estudiar ambigüedades de esa naturaleza. Un actor puede participar regularmente en la competencia electoral y conservar tolerancias frente a prácticas incompatibles con la democracia. La categoría exige evidencia reiterada y contextual. Tampoco autoriza a describir a toda la derecha como autoritaria, pues dentro de sus partidos existen posiciones diferentes.

Las teorías económicas de la democracia contribuyeron a representar a los partidos como actores unitarios. Ese supuesto simplifica los modelos, aunque resulta insuficiente para el análisis empírico. Una disidencia estable, con representación parlamentaria y capacidad para modificar decisiones, posee una relevancia distinta de una opinión periférica. La heterogeneidad interna permite establecer hasta dónde puede atribuirse una orientación al conjunto de una organización. No constituye por sí misma un indicador de liberalismo o iliberalismo.

Estas distinciones adquieren importancia frente al proyecto gubernamental que crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. La iniciativa permitiría al Presidente declararlo hasta por 120 días y prorrogarlo por un periodo equivalente, sin autorización previa del Congreso. Durante ocho meses podrían afectarse la libertad personal y la locomoción. Las facultades alcanzarían también los derechos de reunión y asociación, las comunicaciones privadas y la requisición de bienes.

El profesor José Luis Cea identifica cinco principios rectores del derecho de excepción. Se trata de la necesidad, la temporalidad, la proporcionalidad, el control y la taxatividad. Los Principios de Siracusa establecen exigencias concordantes. Las medidas deben responder a un peligro actual o inminente y limitarse a lo estrictamente requerido. También deben emplear el medio menos restrictivo y quedar sometidas a una revisión parlamentaria pronta, periódica e independiente. La sola apreciación del Ejecutivo no puede considerarse concluyente.

A juicio del autor de esta columna, el proyecto resulta inaceptable. La posibilidad de mantener durante 240 días un estado de excepción sin autorización parlamentaria contradice principios centrales de Siracusa. La objeción se agrava por la amplitud de las atribuciones presidenciales y por la intensidad con que podrían afectarse derechos fundamentales.

La iniciativa resulta además inútil para combatir eficazmente el crimen organizado. No corrige las deficiencias de inteligencia e investigación penal, ni las fallas de coordinación institucional, persecución patrimonial y control penitenciario. Las facultades extraordinarias propuestas carecen de una relación suficientemente acreditada con el resultado perseguido. La ineficacia de una política adquiere relevancia institucional cuando se utiliza para justificar la concentración de poder y una intensa reducción de garantías constitucionales.

El proyecto fue presentado mediante mensaje presidencial y compromete institucionalmente al gobierno. Constituye evidencia de componentes “iliberales” en su interior. La base oficialista, sin embargo, se dividió fuertemente frente a la propuesta. Parlamentarios y dirigentes de los partidos que apoyan al gobierno cuestionaron su duración y la debilidad del control del Congreso. Esa resistencia posee significado democrático e impide atribuir la misma orientación a toda su base de apoyo.

La heterogeneidad oficialista no elimina la responsabilidad institucional de quienes promovieron la reforma. Su ingreso al Congreso demuestra que una concepción expansiva del poder ejecutivo alcanzó capacidad suficiente para transformarse en una iniciativa gubernamental. Calificar al gobierno en su conjunto exigiría comprobar un patrón semejante en otros ámbitos y observar su conducta frente a los organismos llamados a limitar el ejercicio del poder.

La precisión conceptual tampoco supone compartir las políticas impulsadas durante estos primeros seis meses. La mega reforma económica es inaceptable por sus elevados costos fiscales y sus efectos redistributivos. La reforma constitucional de seguridad merece asimismo un rechazo categórico por su inutilidad y por los riesgos que introduce para los derechos y los contrapesos.

Estos criterios fortalecen la consistencia de la crítica académica y de la crítica política. Una crítica rigurosa identifica el objeto cuestionado y asigna las responsabilidades en el nivel respaldado por la evidencia. El uso indiscriminado de calificativos produce el efecto contrario. Los conceptos relevantes terminan convertidos en etiquetas previsibles y la argumentación democrática pierde fuerza.

La oposición debe asumir una responsabilidad adicional. Estas polémicas son relevantes y pueden impedir abusos, pero no reemplazan la preparación de una alternativa de gobierno. Chile enfrenta problemas cuya complejidad plantea desafíos cualitativamente nuevos. Abordarlos requiere un programa consistente y prioridades claras. También exige reconocer las restricciones fiscales y reunir capacidades suficientes para producir resultados.