Las respuestas del ministro Arrau y las políticas de seguridad

Cuando el ministro Martín Arrau asumió la cartera del Ministerio de Seguridad Pública entregó algunas señales muy positivas que generaron bastante optimismo en el sector.

En efecto, a poco andar reconoció la existencia y vigencia de la política nacional de seguridad pública elaborada por el gobierno anterior y señaló que ella constituía un marco desde el cual podría desarrollar su gestión.

A la vez, mostró mucha apertura abriendo canales de conversación con exautoridades y parlamentarios de distintos sectores políticos. Todo esto auguraba que las políticas de seguridad pudieran ser gestionadas como una política de Estado, alejándose de visiones partisanas, polarizantes o puramente instrumentalistas que lamentablemente campean en el sector. Eran muy buenas noticias.

Desafortunadamente, esta impronta inicial se ha ido abandonando. El debate generado por la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), especialmente del proyecto de reforma constitucional que constituiría una de sus bases fundamentales, ha mostrado una cara muy diversa de la máxima autoridad del sector.

Frente a las primeras críticas que se generaron por expertos cuando se conocieron los borradores de la iniciativa y luego el texto presentado al Senado, en particular de la propuesta de un nuevo estado de excepción, una de las respuestas favoritas del ministro Arrau en diversos medios de comunicación fue descartarlas señalando que se trataba de personas “garantistas” y lo que valía la pena era preguntarle a la gente sobre el apoyo a este tipo de medidas.

Me parece que el problema de esta respuesta es evidente. En el desarrollo de las políticas públicas, también en materia de seguridad, la opinión de la ciudadanía cumple un rol relevante y debe ser considerada como un elemento clave, pero ella no sustituye la labor de la ¨política¨ en su construcción. Sugerir que una reforma constitucional del calibre de la que se presentó es algo que se justifica en el apoyo público que tendrían medidas como las que ella incluía es simplemente populismo básico.

También, constituye una peligrosa renuncia a la función clave de la política, representar los intereses ciudadanos y, considerando distintos variables y valores, mediar soluciones idóneas que se hagan cargo de sus problemas en serio, de manera equilibrada y con sustento técnico.

No creo que sea necesario argumentar mucho acerca de lo errado de esta aproximación. El propio Gobierno del presidente Kast ha dado múltiples muestras de que justificar propuestas de esta manera no es razonable. Por ejemplo, la propuesta de declarar el día 17 de septiembre feriado ha sido rechazada por la autoridad al considerar sus impactos negativos, a pesar de que cualquier encuesta mostraría que cuenta con un apoyo muy mayoritario de la población.

Tampoco se han aceptado regular nuevos retiros provisionales a pesar del enorme apoyo que esa política tiene en ciudadanía. Por otra parte, en varias ocasiones la autoridad ha avanzado en implementar políticas, a pesar de que la gente se manifiesta contraria a las mismas (por ejemplo, la reciente disminución del impuesto corporativo introducida en la megarreforma económica).

Valga la pena también señalar que hoy sabemos, además, que la respuesta del ministro ha sido una que se podría caracterizar como un “populismo selectivo”; es decir, de recurrir a la opinión pública solo cuando me conviene. En efecto, varios instrumentos de medición de opinión pública sugieren que con el paso del tiempo la ciudadanía ha manifestado creciente distancia respecto del estado de excepción propuesto en materia de seguridad pública. Así, por ejemplo, en la encuesta Plaza Pública n° 685 de Cadem (30 de agosto) un 60% se manifestó en desacuerdo con tal medida y solo un 33% de acuerdo. Algo similar mostró la encuesta Agenda Criteria (30 de agosto) en la cual un 49% se mostró en desacuerdo y un 40% de acuerdo.

Quizás por esta posición negativa de la opinión pública al estado de excepción es que en varias entrevistas recientes el ministro ha cambiado sus respuestas frente a las críticas que se le han seguido formulado a la propuesta. En ellas, tratando de “opinólogos” a algunos críticos, ha dicho que en su propuesta no se ha inventado nada nuevo. A partir de ello manifiesta no comprender las aprensiones que se han expresado en el debate público e incluso ha sugerido que podrían ser consideradas como parte de campañas de desinformación.

No me detengo sobre lo inapropiado de ocupar etiquetas como la de “opinólogos” por parte de una autoridad para referirse despectivamente a las personas que participan del debate público defendiendo posiciones contrarias. Me interesa el fondo de su respuesta, el relativo a que no se está inventando nada nuevo con ella.

Me parece que esta respuesta puede reflejar dos problemas igualmente graves. El primero es que el ministro Arrau simplemente esté recurriendo a un argumento parcial o engañoso. Solo desde una perspectiva muy general, en dimensiones irrelevantes para el debate público, no se está “inventando” algo nuevo. Claro, ya existen en nuestra Constitución estados de excepción y limitaciones a derechos en el caso que se decreten. Pero esto es solo la capa más superficial del debate. El punto de fondo está en el contenido de la propuesta y no en su cáscara.

Esto me lleva al segundo problema potencial. Quizás lo que ocurre es que el ministro Arrau no ha comprendido en profundidad la magnitud del cambio constitucional que se ha propuesto, pues este sí constituye una innovación enorme en nuestra constitución.

Sostener que la propuesta solo se nutre de lo que ya existe es un error importante. Los invito a considerar la hipótesis de procedencia: “0”. Ella no sólo introduce una nueva causal bastante vaga o ambigua (la seguridad pública), sino que incluso permite que opere de manera preventiva (situaciones de amenaza); es decir, antes que se produzca una situación extraordinaria que justifique la excepción constitucional como ocurre con el régimen actualmente vigente.

En efecto, si se observan los cuatro estados de excepción actuales, operan sobre la base de justificar el régimen constitucional especial cuando ha ocurrido un evento extraordinario que lo justifica (por ejemplo, se ha declarado la guerra externa, en el de Asamblea, o se ha producido una calamidad pública, en el de Catástrofe). En consecuencia, en esta propuesta se regularía una hipótesis preventiva inédita en nuestro texto constitucional. Esto, además, tiene el impacto de aumentar la discrecionalidad presidencial en su invocación y dificulta el control del congreso.

Otra novedad de la propuesta es la combinación que ella plantea: un régimen de excepcionalidad que refuerza intensamente los poderes presidenciales, disminuye en forma significativa los controles democráticos para su uso y otorga los poderes más altos de supresión y limitación de derechos que se conoce en nuestra carta constitucional.

Esa combinación crea un entorno completamente novedoso que rompe el equilibrio de la actual regulación constitucional y difícilmente puede sostenerse que se trata de un estatuto que sólo “toma prestadas” regulaciones ya existentes. Además de introducirse elementos nuevos (como la hipótesis) se propone una combinación de elementos existentes, que llevaría a generar por lejos el estado de excepción más gravoso y menos controlable. Otro elemento novedoso es la ampliación de la autoridad de las fuerzas de orden y seguridad a cargo del mando de la zona respectiva.

Esperemos que ahora que se ha rebajado la urgencia al proyecto de reforma constitucional (de suma a simple) se genere un proceso de reflexión sobre este proyecto y el ministro Arrau tenga el espacio y visión para retomar su impronta inicial al asumir la cartera de seguridad pública. Tomarnos en serio la seguridad supone que trabajemos con perspectiva de política de estado, sin estridencias ni populismos.