¿Y si en lugar de fusionar ministerios descentralizamos el Estado?

Por estos días cunde la discusión de una propuesta políticamente atractiva: reducir el número de ministerios para hacer más eficiente el Estado. La idea tiene una lógica intuitiva. Menos ministerios implicaría menos burocracia, menor gasto y decisiones más ágiles. Sin embargo, el diagnóstico es equivocado. El principal problema del Estado chileno es el exceso de centralismo y la extrema debilidad de los gobiernos regionales y locales.

Si el objetivo es mejorar la eficiencia estatal, la discusión debería centrarse menos en fusionar ministerios y más en fortalecer la capacidad de decisión y gestión de las regiones y municipios.

La evidencia comparada de la OCDE es reveladora. Chile no tiene un Estado central excepcionalmente grande. En materia de empleo público, el país se ubica por debajo de gran parte de los países desarrollados. Mientras naciones como Canadá, Finlandia, Francia, Noruega o Dinamarca cuentan con aparatos públicos considerablemente más extensos en relación con su fuerza laboral, Chile mantiene una participación relativamente baja del empleo gubernamental. Por supuesto, siempre es posible mejorar la gestión pública. Pero una cosa es aumentar la eficiencia y otra muy distinta asumir que el Estado chileno está sobredimensionado.

Donde nuestro desempeño está muy por debajo del promedio es justamente en la distribución territorial del poder y del gasto. Chile continúa siendo uno de los países más centralizados de la OCDE. Mientras que en 2021 el gasto de los gobiernos subnacionales representaba apenas el 10,6% del gasto público total, en otros países los gobiernos regionales y locales ejecutan en promedio cerca del 40% del gasto público. En países descentralizados como Canadá, Suecia, Finlandia o Alemania, una parte significativa de las políticas públicas se diseña y ejecuta desde los territorios. Chile, en cambio, sigue concentrando la inmensa mayoría de las decisiones presupuestarias y administrativas en el nivel central. 

El centralismo tiene consecuencias concretas. Cuando una región necesita responder a desafíos productivos, de infraestructura, seguridad o desarrollo social, suele depender de autorizaciones, recursos y definiciones tomadas a cientos o miles de kilómetros de distancia. El resultado es un Estado lento, poco adaptable a las particularidades locales y con escasa capacidad de innovación territorial.

Paradójicamente, muchos de los problemas que se atribuyen a la supuesta proliferación de ministerios tienen su origen en esta centralización excesiva. Cuando todas las decisiones relevantes pasan por Santiago, es inevitable que se multipliquen las instancias de coordinación, las autorizaciones y los controles. El cuello de botella no está en la cantidad de ministerios. Está en la concentración del poder.

Un país largo, diverso y territorialmente complejo requiere instituciones capaces de adaptar las políticas públicas a realidades muy distintas como son las de Arica, Valparaíso, Biobío, Aysén o Magallanes.

Si de verdad queremos un Estado más eficiente, cercano a las personas y capaz de responder a los desafíos del desarrollo, la prioridad no debería ser adelgazar un Estado central que ya es relativamente pequeño en comparación con los países de la OCDE. La prioridad debe ser construir una institucionalidad subnacional robusta, con más atribuciones, más recursos y mayores capacidades de gestión.