La democracia en riesgo

La amenaza contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, investigada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, viene a confirmar un hecho que debiera preocuparnos profundamente: nuestra democracia en su conjunto está siendo amenazada y se encuentra en riesgo.

Lo que le ha ocurrido al alcalde de San Bernardo no constituye un hecho aislado. Cada vez son más las autoridades que han denunciado amenazas vinculadas al combate contra la delincuencia y al intento por recuperar territorios tomados por el narcotráfico.

Pero no son los únicos. Hemos apreciado con indignación ataques y atentados contra nuestros carabineros mientras realizan sus labores cotidianas. Sabemos también que actualmente 13 fiscales del país cuentan con algún tipo de protección producto de amenazas recibidas en el ejercicio de sus funciones.

Y quizás uno de los hechos más graves ocurrió en Arica. Allí, dos integrantes vinculados a Los Gallegos, brazo del Tren de Aragua, fueron condenados por conspirar para realizar un atentado terrorista contra el edificio de tribunales. El plan contemplaba instalar un auto bomba como represalia por las condenas que la justicia había impuesto a integrantes de esa organización criminal.

Ya no estamos hablando solamente de delincuencia. Estamos observando el avance de organizaciones criminales que buscan infundir temor y, mediante aquello, debilitar la capacidad del Estado para ejercer su autoridad.

Las organizaciones criminales comienzan delinquiendo contra las personas mediante el narcotráfico, el secuestro, la extorsión o el homicidio. Luego viene una segunda etapa: el control de los territorios. Se apropian de barrios, imponen reglas, reclutan jóvenes y generan miedo entre quienes allí viven.

Pero existe una tercera etapa, todavía más peligrosa: cuando comienzan a desafiar directamente a quienes representan al Estado.

Cuando se amenaza a un alcalde por intentar recuperar un barrio, cuando se dispara contra un carabinero por realizar una fiscalización o cuando se pretende atentar contra fiscales, jueces o tribunales porque persiguen y condenan delincuentes, lo que está en disputa ya no es solamente la seguridad. Lo que se comienza a disputar es quién ejerce realmente el poder en un territorio.

Estamos ante una situación gravísima que requiere una respuesta contundente de todo el Estado.

Así como el crimen se organiza, el Estado debe organizarse para enfrentarlo. Por supuesto que la primera responsabilidad frente a la delincuencia y el control de la seguridad corresponde al Gobierno mediante la coordinación de las policías, pero también debemos permitir y agilizar el papel preventivo que pueden desarrollar municipios y gobiernos regionales, porque impedir el control territorial del crimen organizado requiere mucho más que policías, requiere presencia del Estado.

Un barrio no se recupera solamente persiguiendo delincuentes. Se recupera iluminando sus calles, rescatando sus plazas, fortaleciendo sus escuelas, generando oportunidades y entregando respuestas especialmente a nuestros niños y jóvenes más vulnerables, para impedir que terminen convertidos en carne de cañón del crimen organizado.

Al mismo tiempo, debemos fortalecer las capacidades investigativas del Ministerio Público y de nuestras policías. Más inteligencia, más tecnología, mejores competencias y mayores recursos son necesarios con urgencia.

Pero, nada de aquello será suficiente si no somos capaces de comprender que Chile necesita un gran acuerdo nacional contra el crimen organizado.

La defensa de la democracia no puede depender del gobierno de turno ni puede quedar atrapada en nuestras diferencias ideológicas. Tampoco podemos permitir que el temor o el cálculo político nos paralicen. Frente a organizaciones que se coordinan, se financian y actúan sin reconocer fronteras institucionales, el Estado no puede responder fragmentado.

Y todavía debemos impedir una última etapa, porque el paso definitivo del crimen organizado ocurre cuando ya no necesita enfrentar al Estado, porque consigue penetrarlo: cuando compra voluntades, corrompe funcionarios, lava sus recursos en la economía formal y utiliza las propias instituciones para proteger sus negocios.

Entonces, el delincuente deja de esconderse del poder y comienza a formar parte de él. Por eso la amenaza que enfrentamos es mucho mayor que la delincuencia.

La democracia también se pierde cuando el Estado deja de estar presente en los barrios y ese espacio comienza a ocuparlo el soldado armado del crimen organizado. Impedir ese avance es responsabilidad de todos quienes ejercemos algún espacio de incidencia política y social.

Aquí no hay espacio para cálculos pequeños, diferencias partidistas ni inacciones timoratas.

Es tiempo de un acuerdo amplio.

Es tiempo de defender nuestra democracia.

Es tiempo de detener al crimen organizado.