¿La ciber tropa de Kast?

En 2017 comencé una columna que finalmente no publiqué con una pregunta que hoy resulta incómodamente vigente: ¿La Ciber Tropa de JAK? Entonces la discusión era sobre las estrategias digitales de José Antonio Kast y el uso de redes sociales para amplificar mensajes, instalar temas y construir la apariencia de apoyo ciudadano durante una campaña electoral.

Casi 10 años después, con Kast en La Moneda, la pregunta es distinta y bastante más incómoda: ¿pueden estrategias legítimamente cuestionadas por su capacidad de manipular la conversación pública haber conseguido finalmente su objetivo y, después de alcanzar el poder, haber cruzado también la frontera hacia las comunicaciones del Estado?

La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo y el hallazgo, según las autoridades de ese país, de infraestructura descrita como una “mini granja de bots” obliga a volver a mirar hacia Chile. Y existe un vínculo que hace especialmente pertinente esa pregunta.

El actual director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, Felipe Costabal, trabajó como creativo en Casa Común, la organización que durante la campaña del Rechazo de 2020 contrató los servicios de Cerimedo para realizar encuestas en redes sociales. Costabal posteriormente participó en la campaña presidencial de Kast y hoy está a cargo de la Secom, precisamente el organismo responsable de coordinar las comunicaciones del Gobierno.

Esto, por supuesto, no demuestra que Costabal haya participado en una operación de bots, ni que Cerimedo trabaje actualmente para el Gobierno. Tampoco sabemos que las prácticas encontradas en Bolivia hayan sido utilizadas en Chile. Confundir sospechas con evidencia sería cometer precisamente uno de los errores que criticamos cuando hablamos de desinformación. Pero los antecedentes justifican hacer preguntas y, tratándose de las comunicaciones del Estado, obligan a exigir respuestas.

Sobre todo, porque existe otro episodio difícil de ignorar. En marzo, varias cuentas anónimas conocidas por intervenir activamente en la discusión política chilena declararon estar en “huelga” contra la Secom. Según ellas mismas publicaron, dejarían de difundir contenidos mientras no resolvieran sus diferencias con ese organismo y utilizaron incluso la palabra “minuta” para referirse al material que supuestamente recibían. Algunas de esas cuentas fueron posteriormente eliminadas coincidiendo con la detención de Cerimedo en Bolivia.

Ninguno de esos hechos prueba por sí mismo una coordinación. Pero juntos explican por qué hoy corresponde que el Gobierno transparente cómo distribuye sus minutas, quiénes las reciben y si mantiene o ha mantenido relaciones con Cerimedo, sus empresas o cuentas anónimas que amplifican contenidos oficiales.

Porque una cosa es una ciudadanía que espontáneamente apoya a un candidato; otra es una campaña que organiza militantes e influenciadores para amplificar sus mensajes; y otra distinta es utilizar cuentas falsas, automatización o identidades ficticias para hacer parecer espontáneo aquello que ha sido organizado.

Ese ha sido siempre el problema de estas operaciones. No solamente qué dicen, sino quién parece estar diciéndolo. Bots y cuentas títeres pueden producir la impresión de que cientos de personas independientes apoyan una posición, rechazan otra o atacan simultáneamente a una persona. Lo que alteran es una señal fundamental de la democracia: nuestra percepción acerca de lo que los demás ciudadanos piensan.

Hace años advertíamos que estas prácticas habían evolucionado desde crear la ilusión de apoyo masivo hacia estrategias más sofisticadas destinadas también a atacar adversarios, silenciar periodistas o sembrar discordia. El caso Cerimedo nos obliga ahora a preguntarnos qué ocurrió con ese ecosistema cuando quienes utilizaron exitosamente las redes para hacer política finalmente llegaron al poder.

Y ahí la diferencia deja de ser solamente electoral.

Un partido puede organizar a sus militantes. Una campaña puede contratar estrategas y persuadir electores. Un gobierno también tiene derecho a comunicar y defender sus políticas. Lo que un gobierno no tiene derecho a hacer es disfrazar su propia voz de ciudadanía.