Sala Cuna Universal: el fracaso de una ingeniería que quiso desvestir a un santo para vestir a otro

La reciente votación en la Sala del Senado sobre el proyecto de Ley de Sala Cuna Universal dejó al descubierto la fragilidad de una propuesta que, escudándose en una demanda histórica y justa para las trabajadoras, pretendía sostenerse sobre una arquitectura financiera insostenible e injusta. El contundente rechazo al corazón del mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno no solo desarticuló el diseño del Ejecutivo, sino que expuso con crudeza un error conceptual de fondo: pretender expandir un derecho social desmantelando otro.

​Al rechazarse los artículos 4, 20 y tercero transitorio, el Senado envió un mensaje claro e inapelable. Se cayó la cotización de 0,35% a cargo del empleador, la reducción de los recursos destinados al Seguro de Cesantía y la norma de gradualidad que regulaba su entrada en vigencia. Estas tres disposiciones constituían el pilar sobre el cual La Moneda edificó su propuesta. El resultado de este rechazo estructural es categórico: la iniciativa avanza hacia su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados convertida en un cascarón sin fuente de financiamiento contributivo permanente.

​Este tropiezo legislativo evidencia la desconexión del Ejecutivo con la realidad del mundo del trabajo y la protección social. Resultaba incomprensible desde todo punto de vista que el financiamiento de la educación inicial y la corresponsabilidad parental se pretendiera solventar restando 0,2 puntos a las cuentas individuales de cesantía y 0,15 puntos al Fondo de Cesantía Solidario. En un escenario económico complejo, con cifras de desempleo que exigen resguardos cada vez más sólidos, la solución del Gobierno fue “desvestir a un santo para vestir a otro”, recortando la protección frente a la pérdida del empleo para cubrir el cuidado de la primera infancia.

​Desde la educación pública inicial siempre hemos defendido que terminar con la discriminación del artículo 203 del Código del Trabajo es una prioridad urgente. Sin embargo, los errores de diseño del Ejecutivo no terminaban en el Seguro de Cesantía: el proyecto además insiste en excluir a la red pública (JUNJI, Integra y VTF) de los recursos del nuevo Fondo, mientras autoriza el copago del bolsillo de las familias en el sector privado y relaja los estándares de exigencia para la oferta particular.

​El vaciado financiero aprobado en el Senado debe servir como un punto de inflexión. El Ejecutivo no puede seguir insistiendo en atajos contables ni en fórmulas que precarizan la seguridad social de la clase trabajadora o la calidad de la educación parvularia pública.

​Chile requiere y merece una verdadera Ley de Sala Cuna Universal. Pero esta debe construirse con recursos generales, sostenibles y con un financiamiento fiscal directo a la red pública estatal, sin traspasar los costos ni a los fondos de desempleo ni al bolsillo de las familias. Corresponde ahora al Gobierno corregir el rumbo en la Cámara de Diputadas y Diputados, asumir su responsabilidad de iniciativa exclusiva y proponer un financiamiento a la altura del desafío, sin trampas ni sacrificios cruzados. La infancia, la educación y los trabajadores de nuestro país no aceptan menos.