La “caja cerrada” de la memoria en el Chile de Kast

Por primera vez desde 1974, el Estado no conmemoró de manera oficial un nuevo aniversario del golpe que derrocó a Allende, la Unidad Popular y destruyó la vieja democracia chilena. Los “onces” habían sido hasta este año un momento en que las autoridades del momento desplegaban su propia memoria del período y sus formas particulares de lidiar con un pasado turbulento y conflictivo. Durante la dictadura militar, Pinochet usó el día para enfatizar la narrativa salvífica del régimen, convirtiéndolo de facto en la jornada en que la más alta autoridad del Estado daba cuenta pública al país. Los gobiernos democráticos posteriores siguieron conmemorando la fecha, ahora en un tono más reflexivo, buscando sacar lecciones para el futuro. Con altos y bajos, esa dinámica oficial se mantuvo en los años siguientes, con momentos de notable espectacularidad mediática como la apertura de la puerta de Morandé 80 en La Moneda por parte de Ricardo Lagos en 2003. Incluso Sebastián Piñera, en el primer gobierno derechista en democracia desde 1958, afrontó esos momentos con cierta altura de miras, llamando la atención a los “cómplices pasivos” que había tenido el régimen, y que seguían vigentes en su propio sector político, en las conmemoraciones de 2013.

Pero hoy, en 2026, las cosas son distintas. José Antonio Kast decidió hacer caso omiso de esa larga historia de conmemoraciones oficiales y optó por clausurar el momento y dedicar la jornada a labores usuales. La decisión sorprende no sólo por el quiebre con esa larga tradición estatal, sino porque el propio Kast y sus bases sociales más leales encarnan una memoria apologética del golpe y la dictadura militar. Si bien la tónica de los distintos gobiernos democráticos ha sido inclinarse hacia discursos más ecuménicos -como Boric en 2023-, no por ello han renunciado a plasmar su propia experiencia política y generacional en el sentido de las conmemoraciones. Kast, sin embargo, optó por el silencio.

Podrían pensarse muchas razones para ello. Las enormes dificultades políticas que ha tenido Kast en los primeros meses en el poder, los cambios forzados que ha tenido que imprimir a una administración que -en su retórica- venía a salvar a Chile de una crisis económica y de seguridad aguda, y el rápido desplome en las encuestas, entre otras cuestiones, podrían haber hecho aconsejable guardar silencio sobre un asunto aún conflictivo y sobre el cual el propio Kast ha formulado opiniones polémicas en el pasado, por decir lo menos.

Ese silencio, sin embargo, no significa simplemente darle la espalda a la historia, la memoria y la tradición política. La omisión no es falta de interés. La actitud de Kast al vivir este “once” como cualquier otro es, de hecho, una forma particular de memoria, y una que también tiene una larga historia.

El historiador norteamericano Steve Stern publicó hace ya varios años una trilogía aún vigente sobre las luchas por la memoria en el Chile de Pinochet y el de la transición democrática, de la cual sólo los primeros dos volúmenes fueron traducidos al español y publicados en Chile. Allí Stern exploró cómo los chilenos de entonces lucharon desde el momento mismo del golpe por los sentidos de su experiencia reciente, y cómo dichas disputas se convirtieron en un aspecto central del conflicto político-cultural en los años y décadas siguientes. 

En distintos momentos de los años 1970, según este autor, emergieron “memorias emblemáticas”, es decir, marcos socialmente compartidos para hacer sentido de experiencias particulares, y que fueron construidos y redefinidos al calor de la disputa político-cultural en años de dictadura y democracia. La primera de ellas fue la memoria salvífica del propio régimen, impulsada por su retórica oficial y los medios de comunicación. Como reacción surgieron memorias disidentes que significaban a la dictadura como una ruptura dolorosa y un despertar moral hacia el sufrimiento de sus víctimas. Hasta aquí, nada ajeno para cualquier observador informado. Esas “memorias emblemáticas” sirvieron para enlazar percepciones y peripecias individuales con experiencias compartidas, construyendo sentidos de pertenencia y dotando de significado a un pasado de otro modo confuso. Todo ello demuestra, de paso, que recordar es un acto social, compartido y disputado, en interacción constante con nuestras trayectorias individuales.

Pero Stern también identifica una cuarta “memoria emblemática”: la “caja cerrada”, es decir, los intentos por tapar toda memoria y toda discusión sobre el pasado. Los orígenes están en la dictadura misma. Agobiado por el repudio internacional y presionado por las investigaciones en Estados Unidos sobre el asesinato de Letelier, el régimen intentó acallar las críticas con una Ley de Amnistía en 1978. Esa ley benefició a algunos presos políticos, pero sobre todo a los agentes del Estado que habían cometido las atrocidades denunciadas por exiliados, gobiernos, ONGs y foros multilaterales en el extranjero, entre muchos otros. Para el régimen, pasada la emergencia inicial de lucha contra el “marxismo”, era hora de cerrar la caja de la memoria, clausurar la discusión sobre el pasado y mirar hacia un futuro que prometía, desde esa perspectiva, estabilidad y prosperidad. La memoria se había convertido en algo peligroso y explosivo.

Los intentos del régimen, con todo, fueron a la larga infructuosos. Hacia 1978 controlaba la esfera pública y estaba embarcado en las “modernizaciones” neoliberales y la “institucionalización” a través de una nueva Constitución. Cuando se oyeron los primeros crujidos del modelo político y económico, sin embargo, la movilización social, y con ello la multiplicación y fortalecimiento de memorias disidentes, empezaron a crecer. Desde el estallido de las protestas sociales en 1983, el régimen perdió el control de la esfera pública y con ello la posibilidad de erradicar del conflicto político el espinudo problema de la memoria.

La memoria como “caja cerrada” volvió a aparecer bajo condiciones distintas. Para una parte importante de la nueva élite política concertacionista, la memoria era un peligro para la frágil democracia de los años 1990, y optó por clausurar aquella discusión, lográndolo hasta cierto punto en años de entusiasmo tecnocrático y éxito económico. Los hechos, sin embargo, fueron más porfiados que los deseos. La detención de Pinochet en Londres en 1998 reavivó las llamas de esas disputas, y los gobiernos democráticos de ahí en adelante tuvieron que lidiar de una u otra forma -mesas de diálogo, nuevas comisiones de verdad, museos de memoria, entre otras cosas- con un pasado cuya explosividad no amainaba. La “caja” había sido descerrajada por la dinámica política del Chile contemporáneo.

El gesto de Kast, entonces, no es nuevo ni original. Tampoco es la negación simple del recuerdo y la conmemoración. Es, en sí mismo, una forma de memoria que opera mediante su negación, evidenciando de forma paradójica el peso que aún tiene ese pasado sobre las cabezas de la sociedad y sus gobernantes. La “caja cerrada”, sin embargo, y como los hechos parecen demostrar, no es una forma viable de reflexionar sobre el pasado. La experiencia de los últimos años del Chile en crisis y pendular ha dejado entrever la importancia que aún tiene la memoria sobre nuestro conflictivo pasado medio siglo en la definición de identidades, demandas y anhelos. Más allá de la búsqueda de consensos históricos imposibles, lo que se impone hoy como tarea del Estado es ofrecer espacios para reflexiones informadas que rehúyan la consigna fácil y breve o, peor aún, el silencio incómodo.

Kast, buscando evitar un nuevo flanco de críticas, terminó desaprovechando una oportunidad para ofrecer una reflexión pausada sobre el pasado. Sin traicionarse a sí mismo, a su historia y a sus convicciones, pudo haber articulado una narrativa ecuménica y convocante, como muchos de sus antecesores lo hicieron. En su lugar prefirió un silencio ruidoso que habla más de lo que calla. La “caja cerrada”, tensionada por las propias desventuras del gobierno actual, puede terminar descerrajada una vez más.