¿Piensan o improvisan?

El 3 de septiembre, tras una reunión de menos de una hora en La Moneda, Chile y Argentina difundieron un  comunicado que reconoce la soberanía chilena sobre todo el Estrecho de Magallanes según los tratados de  1881 y 1984. Es lo más explícito que un presidente argentino le dio por escrito a Chile en cuatro décadas.  Horas después, Milei anunció en cadena nacional sanciones contra las empresas del proyecto petrolero Sea  Lion, en Malvinas.  

El texto incluye además un párrafo donde Kast reitera el respaldo chileno a los derechos argentinos sobre las  islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes, y Milei dice que valorará los esfuerzos chilenos  para evitar la exploración ilegal de hidrocarburos y pesca en la zona disputada. Ahí empezaron las críticas,  incluso desde la derecha: Johannes Kaiser advirtió que Argentina no le hace ningún favor a Chile  reconociendo lo que ya está resuelto a su favor. Pero los tratados no estaban en discusión. La pregunta es más  concreta e incómoda: ¿qué obtuvo Chile a cambio de lo que firmó?  

El origen está en el Decreto 457, firmado en 2021 por Alberto Fernández, que fija como doctrina de defensa  argentina el control conjunto sobre el Estrecho. En marzo de 2025 Buenos Aires admitió por escrito que era  un error y prometió una Directiva que lo dejaría sin efecto. Nunca se dictó. Los dichos de dos altos mandos  argentinos este año trajeron protestas y rectificaciones, pero ninguna tocó el decreto.  

El comunicado tampoco lo menciona, ni al monte Fitz Roy, ni a la superposición de plataformas continentales  al sudeste del punto F: unos 5.300 kilómetros cuadrados que ambos países reclaman y que vuelven sensible  esa fórmula. La Cancillería recuerda que la frase se usa desde 1992, y es cierto, pero hoy se repite con la  disputa abierta: en abril el senador Alejandro Kusanovic ya lo advirtió y cinco meses después volvió a  firmarse sin salvedad.  

A ello se sumó la descoordinación: Defensa aseguró que el reemplazo del decreto estaba listo para la firma  de Milei y el Presidente anunció después, desde Punta Arenas, que no exigiría la derogación. En una  negociación de límites, la coherencia del emisor es parte de la capacidad de presión.  

En paralelo, la naviera chilena Easter Island cerró un contrato para unir Punta Arenas con Puerto Argentino  en noviembre. Abastecer a una población no es explotar recursos, pero en julio esa misma empresa negociaba  sumarse a la logística de Sea Lion. Si se concreta, el párrafo que firmó Kast deja de ser una fórmula heredada  y describe una actividad chilena en curso.  

¿Consiguió Chile la derogación del decreto? No. ¿Alguna definición sobre la plataforma o Fitz Roy?  Tampoco. ¿Una contrapartida energética, cuando en 2025 le compró unos US$2.876 millones en energía? El  texto solo la llama proveedor estable y confiable. Quizá Chile reserve su presión para la salida de Vaca Muerta  al Pacífico, donde el activo escaso es chileno. Pero hoy no aparece el retorno.  

Del lado argentino, cada pieza encajó con la siguiente: comunicado, cadena, decretos, sanciones. Del chileno,  dos ministerios dijeron cosas distintas y el Presidente retiró en público una exigencia que sus ministros habían  instalado. Habrá que ver si Argentina sustituye el decreto, si el acuerdo energético trae condiciones firmes y  si la naviera termina en Sea Lion. Hasta entonces, lo único que puede afirmarse es lo más modesto y lo más  molesto: Chile utilizó margen de maniobra en un asunto sensible y todavía no está claro para qué.