Seis meses de política migratoria del Gobierno de Kast: más control, pero ¿resultados reales?

Durante los primeros seis meses, el Gobierno del presidente José Antonio Kast priorizó el control migratorio a través del Plan Escudo Fronterizo, prometiendo zanjas, barreras, drones, sensores, mayor despliegue militar y una reducción del 80% de los ingresos irregulares. Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten concluir que esa meta se haya cumplido, ya que las autoridades informaron una disminución del 86% en las personas “detectadas en frontera” (de 8.610 entre enero y julio de 2025 a 1.175 en igual período de 2026), un indicador que solo refleja cuántas fueron encontradas, pero no cuántas ingresaron o intentaron cruzar sin ser interceptadas.

La evaluación del plan carece de datos esenciales como intentos consumados, reconducciones efectivas, cambios de rutas clandestinas o la trazabilidad de la tecnología. Respecto a las zanjas de tres metros en 30 kilómetros proyectados, al primer mes se ejecutó un tercio, sin un informe técnico posterior que avale su mantenimiento o su real impacto para impedir el paso de personas, reconociéndose además que el viento las cubre y que su fin principal es obstaculizar vehículos de contrabando. De igual manera, las barreras, sensores, radares y drones anunciados carecen de una rendición pública detallada sobre su operación real, superficie cubierta y efectividad directa.

En materia de expulsiones, si bien se informaron 1.330 casos al 31 de julio frente a los 753 del mismo período en 2025, la cifra sigue siendo marginal al representar menos del 3% frente a las más de 46.000 órdenes pendientes, obstaculizadas además por barreras diplomáticas con Venezuela. A esto se suma el problema de utilizar el certificado de residencia o declaración de domicilio como prueba concluyente de permanencia efectiva, un documento emitido por juntas de vecinos sin inspección real que generó vacíos evidentes, como ocurrió en la revisión de casos de niños haitianos no hallados en sus domicilios registrados.

La administración ha enfatizado la fiscalización y la vigilancia, pero ha descuidado canales de migración laboral regular, la reunificación familiar, la protección de personas vulnerables, la interoperabilidad institucional y la integración. Una política migratoria no puede evaluarse únicamente por el número de fiscalizaciones, sino por su capacidad de prevenir la irregularidad y habilitar vías legales debidamente fundadas.

El Gobierno produjo un cambio visible en presencia estatal, aumento de operativos y vuelos de expulsión, pero presencia no equivale a eficacia. A seis meses no hay evidencia transparente sobre ingresos reales ni sobre la efectividad de la infraestructura desplegada, confirmando que la reducción de detecciones no equivale a una caída de ingresos.

El Ejecutivo ha evidenciado una mayor movilización de recursos y despliegue operativo, pero todavía no ha demostrado que gestione la frontera de manera efectiva. Tras medio año, la gestión exhibe alta actividad estatal, pero carece de la evidencia, la transparencia y el enfoque integral indispensables.