El Museo Nacional de Bellas Artes no es de un gobierno

La decisión del gobierno sobre el termino del período de Varinia Brodsky como directora del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) lo plantean como un trámite burocrático, pero en la práctica esto nos muestra un problema institucional mucho mayor. Brodsky asumió en 2023 y se convirtió en la primera mujer en dirigir el MNBA tras el retorno de la democracia. Su gestión de tres años tuvo un plan de trabajo con objetivos de largo plazo, sin embargo, el Gobierno decidió -por primera vez en la historia democrática del museo-, no renovarla.

Durante la administración de Brodsky he escrito críticas sobre exposiciones del museo y no todas han sido favorables, pero una cosa es discutir una exposición y otra desconocer que una dirección puede tener un hilo conductor cuyos resultados no se miden en una temporada. La institucionalidad de los museos nacionales requiere una mínima continuidad, sobre todo cuando existe un plan de largo plazo, guste este o no. Durante la breve gestión de Brodsky se impulsó la apertura de la colección hacia artistas históricamente no valorizados como corresponde, incorporó una perspectiva de género, promovió la revisión de ausencias en el relato del arte chileno e intentó que el MNBA trazara vínculos concretos con regiones y comunidades. Esto último es conocido desde el comienzo de su gestión, donde ella planteó como desafío la expansión del museo hacia los territorios como planificación pública y nacional. La versión oficial del actual Gobierno enfatiza la forma (el concurso) sobre el fondo. En ningún momento se han expuesto públicamente criterios que permitan evaluar si una gestión de tres años alcanzó o no los objetivos que se había propuesto, y la explicación administrativa no responde esa pregunta.

El MNBA fue fundado en 1880 como Museo Nacional de Pinturas, bajo la presidencia de Aníbal Pinto, y desde entonces sus direcciones han atravesado gobiernos, crisis políticas, dictaduras y transiciones. En 1929 pasó a integrar la institucionalidad estatal de la entonces Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Bajo este mínimo paraguas histórico, un museo nacional pertenece al Estado, pero no al gobierno de turno. Es el Estado quien garantiza su existencia, financiamiento y patrimonio, y el gobierno administra, temporalmente, una parte de esa estructura. Confundir ambas cosas supone convertir instituciones construidas durante generaciones en extensiones administrativas de cada período presidencial.

Mencionaré un caso a modo de ejemplo. Nemesio Antúnez fue director del MNBA entre 1969 y 1973 y nuevamente entre 1990 y 1993. Su primera dirección fue interrumpida por el golpe de Estado. Antúnez presentó su renuncia en noviembre de 1973, mientras el país entraba en una dictadura que también interrumpió proyectos y exposiciones. Desde mi perspectiva de la institucionalidad cultural, se podría plantear que Antúnez no debió renunciar, sino permanecer en su cargo hasta que el poder político decidiera removerlo. Esto último no es un juicio retrospectivo, al haber sido una decisión personal tomada bajo una dictadura, pero existe una diferencia entre abandonar una institución y obligar al poder a hacerse responsable de intervenirla, pues esta última deja la marca política explícita de quien destruye la continuidad institucional y debe asumir pública, e históricamente, esa responsabilidad.

Por eso resulta absurdamente tercermundista (por no decir “bananero”) pensar que un “proyecto museo” puede evaluarse como si fuera un programa de gobierno de cuatro años. Una colección, una política curatorial, una relación territorial o una investigación histórica necesitan continuidad. En 2025, por ejemplo, el MNBA presentó nuevas incorporaciones a su acervo con énfasis en la inclusión de mujeres artistas, la investigación de vacíos históricos y nuevas prácticas artísticas.

Existe otro antecedente de este año que no quisiera dejar fuera de la crítica. En enero de 2026 se prorrogó por tres años el nombramiento de Nélida Pozo como directora nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Dos meses después, el ministro de las Culturas solicitó su renuncia no voluntaria. El decreto que formalizó su salida deja constancia de que no estaba sometida a procedimiento disciplinario alguno, ni siquiera por algunas polémicas de denuncias de trabajadores y su relación con la compra de la casa de Salvador Allende. Obviamente no las presento como si ambas hubieran sido coordinadas, pero juntas me plantean la pregunta sobre qué entiende el actual gobierno por continuidad de la institucionalidad patrimonial. Lo interesante es que Manuel Marín ha ejercido la representación oficial como director nacional subrogante, la misma persona que no renovó la contratación de Brodsky, obedeciendo, obviamente, a Francisco Undurraga.

Las instituciones culturales democráticas deberían estar por encima de los gobiernos de turno. Quizás en los comienzos republicanos el museo podía ser entendido como un instrumento directo de construcción del proyecto estatal. Hoy, después de casi un siglo y medio, el MNBA pertenece a otra realidad, en la que es parte importante del patrimonio público, y su memoria, también un lugar de discusión y debate de una sociedad plural.

El peligroso precedente que nos deja la salida de Varinia Brodsky, es que los museos nacionales pueden correr el riesgo de comenzar nuevamente cada cuatro años. Eso no es continuidad institucional, sino administración de turno. Los gobiernos no son la cultura, menos las artes, sino un momento coyuntural de lo social, y que en una circularidad extendida, como espiral, forma la cultura que los acerca o distancia de las ficciones y símbolos de sus miedos.