La economía progresista está dando resultados

Pocas ideas «zombis» resurgen con tanta persistencia como la de que los gobiernos de derecha son buenos para la economía y los gobiernos progresistas la gestionan mal. Pero esta creencia refleja una concepción de la economía que no tiene en cuenta la sostenibilidad del crecimiento ni el historial real de los conservadores.

Lo cierto es que, en un país tras otro, el experimento neoliberal de las últimas cuatro décadas ha ampliado el déficit público, profundizado la desigualdad, provocado crisis financieras recurrentes y aumentado la fragilidad de las economías. Y una y otra vez, gobiernos de izquierda han debido reparar el daño.

Pero algunos sectores de la izquierda han cedido a los conservadores las banderas del crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios, a pesar de que los datos demuestran que los progresistas han defendido mejor estos objetivos. Estos errores no forzados han debilitado la credibilidad de la izquierda ante ciudadanos cuyo único deseo era trabajar, crear una empresa y mejorar sus vidas.

Los dos gobiernos a los que representamos han adoptado una mirada contraria. En Brasil, tras la derrota de un gobierno de derecha, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó la senda de la responsabilidad fiscal y la justicia social que el gobierno anterior había abandonado.

Tras aumentar la transparencia, ampliar la política social y derogar exenciones tributarias cuyos principales beneficiarios eran grandes grupos empresariales, los resultados hablan por sí mismos. El desempleo se encuentra en mínimos históricos, los ingresos de los hogares están en aumento y millones de personas están dejando atrás la pobreza.

Asimismo, en España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha logrado por tres años consecutivos una de las tasas de crecimiento más altas entre las principales economías avanzadas; al mismo tiempo, ha reducido el déficit a su nivel más bajo en casi dos décadas. La ocupación se encuentra en niveles récord (cinco de cada diez nuevos puestos de trabajo que se crean en la eurozona están en España) y las reformas estructurales están mejorando la calidad del empleo, la productividad y la innovación.

La enseñanza es la misma en ambos casos. Con una correcta combinación de políticas audaces y ambiciosas, la responsabilidad fiscal, el crecimiento y los programas de desarrollo social no son conceptos incompatibles sino complementarios. Esta es la vía alternativa que necesita el mundo en un momento en que muchos gobiernos anteponen intereses comerciales y financieros particulares al bien común.

El Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, un foro de destacados economistas que trabajan para impulsar este modelo de economía progresista, se creó con el fin de diseñar y promover políticas razonables para un mundo en transformación. Con España como país anfitrión, el Consejo celebrará en octubre su primera reunión presencial, un encuentro que promete ser un paso clave para dejar atrás la economía ortodoxa que ha sido un fracaso para la mayoría de la población mundial.

Ese fracaso no debe continuar. Las tres grandes transiciones actuales (demográfica, ecológica y digital) exigen economías más justas, más productivas, más resilientes y más soberanas. La transición demográfica, por ejemplo, está generando presión sobre los sistemas de protección social a ambos lados del Atlántico. España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, y Brasil comienza a ver el fin del dividendo demográfico que impulsó su desarrollo.

La respuesta de la derecha a este desafío consiste en recortar las prestaciones sociales, lo que traslada el coste a quienes tienen menos capacidad para soportarlo. Nuestra respuesta es aumentar la productividad y crear sistemas tributarios más justos y progresivos. Brasil acaba de aprobar una reforma del impuesto sobre la renta que exime a quince millones de trabajadores con ingresos bajos y medios, al tiempo que impone una contribución efectiva mínima a personas de altos ingresos. Por su parte, España ha gravado los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de los bancos para financiar la respuesta al rebrote inflacionario tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. También ha sido pionera en la imposición de un gravamen a las grandes fortunas.

En un tiempo en el que la transición ecológica ya comienza a mostrarse como el fundamento del desarrollo en el siglo XXI, Brasil cuenta con activos estratégicos sin igual, entre ellos la mayor selva tropical del mundo, las mayores reservas de agua dulce y una sólida matriz de energías renovables. El gobierno de Lula ha convertido la protección de la Amazonia en pilar de la política exterior brasileña, no para renunciar al desarrollo, sino para asegurar que el desarrollo sea sostenible.

España, por su parte, es líder mundial en energía limpia. Más de la mitad de su electricidad se genera a partir de fuentes renovables, y el país ocupa el segundo puesto mundial en lo referido a nuevas inversiones en el sector. La reducción de la dependencia de España respecto de los hidrocarburos ya ha servido para amortiguar el impacto de la guerra en Irán sobre los hogares, y ha abaratado la electricidad para la industria.

Por último, la transición digital será un factor cada vez más determinante de las condiciones de vida de las generaciones futuras. Pero hoy un puñado de empresas controla la infraestructura tecnológica sobre la que funcionan nuestras economías y democracias. Como ha advertido el papa León XIV, esta concentración conlleva graves riesgos de deshumanización, ya que las empresas tecnológicas optimizan los beneficios para los accionistas y no la cohesión social o la integridad democrática.

Por eso Brasil apuesta a combinar la regulación de las plataformas con el apoyo a los centros de datos y con un marco para la inteligencia artificial basado en los riesgos, y por eso España ha propuesto vedar el acceso de menores de dieciséis años a las redes sociales. Ambos países exigen más responsabilidad a las grandes plataformas y promueven una IA que respete la dignidad, la autonomía y la equidad.

El mundo que tenemos hoy no es el que queríamos construir. La guerra y el extremismo han regresado, y el multilateralismo se está desmantelando conforme las grandes potencias imponen aranceles unilaterales, utilizan el acceso a los mercados como instrumento de presión y sustituyen la diplomacia por amenazas, con efectos perjudiciales para todos.

En nuestro carácter de ministros de finanzas, tenemos la responsabilidad de insistir en que las diferencias entre países se resuelvan por la vía del diálogo y el derecho. La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (el mayor acuerdo similar de la historia en términos de PIB combinado, un logro en el que nuestros dos gobiernos han tenido una actuación fundamental) es una expresión concreta de ese compromiso.

Lula se ha esforzado por mantener abiertos los canales de comunicación con todos los actores, con una postura contraria al alineamiento automático y favorable a que el sur global tenga una voz propia. Asimismo, Sánchez ha defendido el derecho internacional frente a las acciones unilaterales y ha instado a la UE a buscar una mayor autonomía estratégica. Ambos gobiernos han demostrado que las políticas progresistas no solo son buenas para la economía, sino que también conducen a sociedades más estables y justas.

Algunos seguimos prefiriendo la lógica del derecho a la de la fuerza, la gobernanza multilateral a la fragmentación y la soberanía digital en beneficio de la gente corriente al poder tecnológico concentrado. La verdadera medida del progresismo no se encontrará en los discursos, sino en la mejora de las condiciones laborales, la asequibilidad de la vivienda y el acceso a una educación que abra oportunidades reales. Ahora más que nunca, la gente necesita ver que sus gobiernos están de su lado

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