“Ajustar” sin consultar: el tercer plan de acción de Derechos Humanos y empresas

Chile aún no cuenta con un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN) actualizado. Tiene el anterior prorrogado, pero sin esfuerzos de implementación. El segundo plan cerró su período de vigencia a fines de 2025 con un 84% de avance y dos tercios de sus acciones finalizadas, y su sexto ciclo de reporte fue declarado el último previo al cierre. En instancias de coordinación interministerial se ha señalado que ese instrumento mantendrá su vigencia hasta que se dicte el tercero, anunciado para diciembre de 2026.

Sin embargo, el tercer plan sí existía. El PAN III 2026-2029 fue aprobado por el Comité Interministerial, creado por el Decreto Supremo N° 169 de 2017, en su decimotercera sesión, con 68 acciones. Su diseño responde a un proceso participativo realizado durante el 2025. Entre el 23 de junio y el 17 de agosto de 2025 participaron 1.281 personas y se recibieron 2.577 respuestas, incluidas las de niños, niñas y adolescentes, bajo el mandato de la Ley N° 20.500.

Hubo mesas con el Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto de la OCDE, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil y con gremios empresariales. Hubo dos estudios encargados con recursos públicos, uno de marco estratégico y otro de evaluación del plan anterior. Cuando el Comité Interministerial lo aprobó, el instrumento quedó decidido, y lo que restaba eran actos de formalización, no de deliberación.

Sin embargo, el PAN III está en revisión. En mayo se anunció públicamente un proceso de revisión del PAN III. Se conformó una Comisión Interministerial para dicha revisión (CIPAN) cuyo mandato consiste en ajustar el Tercer Plan según nuevos lineamientos estratégicos. Entre ellos, identificar desafíos sectoriales emergentes, proponer actores institucionales para ampliar el alcance del plan, definir orientaciones específicas para los ajustes y servir de puente entre las definiciones estratégicas del Comité y la capacidad de ejecución de cada ministerio. Aunque el cuarto eje consista precisamente en la participación ciudadana, la revisión de un PAN III elaborado con participación ciudadana, se está realizando sin una nueva consulta. De hecho, también hay un déficit de información. Solo se han informado los nuevos ejes del PAN, no así las acciones.

Nadie discute que un gobierno pueda modificar un plan de acción. Lo que se discute es el estándar bajo el cual se ejerce esa facultad. La guía del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre planes de acción nacionales establece como criterio esencial que las partes interesadas puedan participar no solo en la elaboración del plan, sino también en su actualización, que sus opiniones sean tomadas en cuenta y que la información se comparta en todas las etapas del proceso. En materia ambiental, el Acuerdo de Escazú apunta en la misma dirección al comprometer a los Estados a promover la participación del público en la revisión y actualización de políticas, planes y programas. En conjunto, constituyen un estándar que no se está cumpliendo en la revisión y modificación del PAN III.

Los nuevos objetivos estratégicos confirman la dirección. El primero promueve una conducta empresarial responsable que contribuya al crecimiento, a la generación de oportunidades y a la protección de las personas. La comparación con el plan aprobado es reveladora, porque allí la protección de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad era un objetivo autónomo.

Ahora, la protección aparece como el tercer término de un conjunto de tres dentro de un objetivo cuyo sujeto es el crecimiento. El cambio no es de redacción. Convierte la protección de los derechos en una consecuencia esperada de la actividad económica y no en un deber estatal exigible con independencia de ella. Y justamente por ello, amerita un nuevo proceso participativo. Distintos gobiernos chilenos han trabajado, para esta fase, con consultas en línea sobre los textos propuestos de los planes de acción.

Nada de esto exige que el Gobierno suscriba íntegramente el plan que recibió, sino un estándar mínimo de transparencia y participación ciudadana. Esto puede traducirse en reabrir el canal de participación para la fase de ajuste y en explicar, por escrito y acción por acción, qué se conserva del plan aprobado y qué no.

Lo que se mantiene incólume, independiente de los cambios que un gobierno introduzca – recordemos que el gobierno del Presidente Boric también hizo cambios– son las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Chile debe cumplir, también en relación a las empresas privadas y públicas. Cumplir esos estándares sustantivos y procesales legitimará el PAN III y las modificaciones realizadas, facilitando su adecuada implementación durante el periodo de vigencia que le corresponde.