¿Qué ocurre antes de la crisis? La inclusión como capacidad institucional

El pasado 1 de septiembre se dio a conocer públicamente el caso de un estudiante de 14 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue expulsado de su colegio por aplicación de Aula Segura. Según los antecedentes recabados, el procedimiento se inició luego de que la profesora señalara que se sintió amenazada por la insistencia del estudiante en recuperar una pelota de golf que le habría quitado durante la clase. El caso se hizo público tras un proceso judicial iniciado por la familia. La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto la medida de expulsión al estimar que el establecimiento no consideró su condición de TEA.   

Frente al caso, la discusión pública se ha centrado en la acción del niño y de la profesora, así como en sus consecuencias. Pero esta aproximación pone énfasis en una mirada disciplinaria y normativa que no puede reemplazar la mirada educativa. Desde un lente educativo, resulta relevante preguntarse si la responsabilidad de la escuela comienza cuando ocurre la crisis o la desregulación del estudiante, o si existe un rol preventivo que estamos descuidando. 

Hoy en día tenemos aulas cada vez más diversas. Por una parte, algunos estudiantes requieren apoyos para regularse y requieren adecuaciones que son importantes no solo para acceder al currículum, sino también para participar plenamente de las oportunidades que brinda la escuela. Por otra parte, tenemos docentes que enfrentan a diario múltiples desafíos y demandas: enseñar, mantener la convivencia, responder a las familias, atender necesidades individuales e incluso garantizar su propia seguridad y la del estudiantado. 

Al considerar el contexto, a la pregunta sobre el manejo de la crisis se anteponen otras: ¿cómo construir espacios educativos que promuevan el bienestar de la comunidad? ¿Cómo sostiene el sistema escolar a esa profesora y a ese estudiante para resguardar su bienestar? 

Ante hechos similares, la explicación inmediata suele recaer en el profesor. Es habitual escuchar que el problema radica en la falta de formación del profesorado. Aunque hay consenso en torno a la necesidad de proveer mayores herramientas a la planta docente para la diversidad presente en las aulas actuales, la capacitación docente no puede ser la respuesta a todos los problemas estructurales en nuestras escuelas. Esta formación requiere ir acompañada de condiciones que respalden su labor, entre ellas, una mayor cantidad de profesionales de apoyo, mecanismos de aprendizaje institucional y mayor tiempo de coordinación con profesionales, entre otras.   

Desde este marco, existe una responsabilidad institucional previa en construir las condiciones para brindar una respuesta educativa a sus estudiantes y, al mismo tiempo, proteger a sus trabajadores. La escuela debe entonces trabajar sobre sus contextos: ¿qué información posee del estudiantado? ¿Qué gatilladores tenemos en el ambiente? ¿Con qué estrategias y adecuaciones contamos? ¿Qué profesionales tenemos disponibles? 

Casos como estos nos obligan a ampliar la discusión, la cual no puede supeditarse a la sanción. Sin desconocer que las medidas disciplinarias pueden ser necesarias, las conductas deben analizarse también dentro de un marco educativo e inclusivo y de las respuestas institucionales que preceden y acompañan dicha crisis. En consecuencia, la inclusión no puede descansar únicamente en la capacidad del profesorado, debe convertirse en una capacidad institucional.