La memoria del desacuerdo

El 11 de septiembre de 2026 marcó una ruptura discreta en la política chilena de la memoria. Por primera vez desde el retorno a la democracia, el Gobierno no realizó una conmemoración oficial en La Moneda. El presidente José Antonio Kast mantuvo su agenda en la Región de Los Ríos y sostuvo que la historia no puede borrarse, pero tampoco condicionar al país en la construcción de su futuro.

Lo excepcional no fue interpretar de otro modo el 11 de septiembre. Todos los gobiernos desde 1990 lo hicieron. Cambiaron las ceremonias y sus énfasis: reconciliación, derechos humanos, no repetición, unidad. Lo que permaneció fue alguna forma de recuerdo institucional. En 2026 desapareció esa continuidad.

Sebastián Piñera ofrece el contraste más revelador. En 2018, al cumplirse 45 años del golpe, encabezó una ceremonia en La Moneda y sostuvo que los países deben recordar su historia sin quedar atrapados en ella. Recordar debía servir para aprender y buscar unidad. Ocho años después, Kast formuló una premisa cercana y tomó una decisión diferente. Ambos propusieron superar las divisiones del pasado; uno conmemoró y el otro prescindió del acto oficial.

El contraste importa, porque demuestra que mirar hacia adelante no exige dejar de conmemorar. Tampoco obliga a reproducir los ritos de gobiernos anteriores. La experiencia democrática chilena había mostrado que una misma fecha admite lenguajes distintos. En 2026 no cambió solamente el lenguaje: cambió la presencia institucional del Gobierno ante la fecha.

Cuatro días después murió en París Patricio Guzmán.

La coincidencia expuso el mismo problema desde un lugar inesperado. Guzmán dedicó buena parte de su obra a 1973 y sus consecuencias. Su cine permite, precisamente por su explícita posición política, distinguir entre reconocer una memoria y convertirla en historia oficial.

El primer año nació de su interés por registrar la experiencia de la Unidad Popular. El proyecto que terminaría convertido en La batalla de Chile pretendía continuar aquella observación. Los acontecimientos desbordaron el proyecto: Guzmán comenzó filmando una transformación política y terminó documentando su derrumbe. Sus protagonistas desconocían el desenlace. La memoria fue primero presente; sólo después el montaje convirtió esas imágenes en una interpretación del pasado.

En esa tensión reside buena parte de la fuerza de La batalla de Chile. Es documento e interpretación. Su valor histórico no obliga a aceptar como definitiva la lectura política de Guzmán. Esa distancia permite que una obra situada ingrese al patrimonio común sin adquirir el estatuto de historia oficial.

Su importancia, además, estaba establecida mucho antes de cualquier reconocimiento gubernamental reciente. La trilogía obtuvo premios en Grenoble, Leipzig, Bruselas y La Habana, circuló por salas de 35 países y consolidó internacionalmente a su director fuera de Chile. En 2023 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales.

El actual Gobierno reconoció ese legado. Tras su muerte, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, destacó que su obra había marcado generaciones, llevado el cine chileno al mundo y dejado una huella duradera en la cultura nacional. No hubo, por tanto, desconocimiento de Guzmán. La cuestión era hasta dónde podía proyectarse institucionalmente ese reconocimiento.

Su última película vuelve especialmente pertinente esa pregunta. Mi país imaginario siguió las movilizaciones de 2019, el proceso constituyente y la elección de Gabriel Boric. Cuando debutó en Cannes en mayo de 2022, la propuesta constitucional aún no había sido plebiscitada. El resultado de septiembre alteró la lectura de una película realizada mientras el proceso permanecía abierto. Después, con el fracaso constitucional y el cambio en la valoración pública del estallido, el documental perdió centralidad dentro de la propia filmografía de Guzmán.

La comparación con La batalla de Chile es elocuente. Ambas nacieron mientras la historia seguía abierta. Una sobrevivió ampliamente al proyecto político cuya derrota registró; la otra permanece más adherida al momento que la produjo. Los acontecimientos se fijan en las imágenes. Su significado no.

Allí aparece un criterio útil para la memoria democrática. El Estado puede afirmar la continuidad democrática, los derechos humanos y la resolución institucional de los conflictos sin fijar una interpretación definitiva de la Unidad Popular, la crisis de 1973 o las responsabilidades de sus actores. La firmeza normativa no exige clausura historiográfica.

Guzmán hacía especialmente visible esa posibilidad porque nunca fue un autor neutral. Reconocer su obra desde un gobierno políticamente distante permitía separar dos cuestiones que suelen confundirse: pertenecer al patrimonio nacional y compartir las ideas de quien produjo ese patrimonio. La declaración de Undurraga estableció esa separación en el terreno cultural. Septiembre ofrecía la posibilidad de extenderla al terreno de la memoria pública.

Durante más de cinco décadas Guzmán desarrolló gran parte de su carrera fuera del país. Francia le proporcionó financiamiento, alianzas televisivas y circuitos de exhibición, pero Chile permaneció en el centro de su trabajo. Su equipo decía que en el “segundo piso” de su cabeza seguía viviendo aquí.

La secuencia adquiere entonces una precisión incómoda. El 11 de septiembre el Gobierno interrumpió una práctica conmemorativa que, bajo formas muy diferentes, había sobrevivido a todos los cambios de gobierno desde 1990. Cuatro días después reconoció la relevancia de un cineasta cuya obra había convertido la ruptura de 1973 en memoria cultural de alcance internacional.

No hacía falta transformar a Guzmán en memoria oficial ni repetir las ceremonias anteriores. Había una posibilidad más exigente: demostrar que cambiar de gobierno puede modificar la interpretación del pasado sin estrechar aquello que el Estado reconoce como parte de su patrimonio.

La batalla de Chile registró una sociedad que perdió las reglas suficientes para seguir discrepando sobre su futuro. Medio siglo después, el desafío es inverso: preservar reglas y pertenencias comunes mientras seguimos discrepando sobre el pasado.

Una historia común no requiere una interpretación común. También así se puede mirar hacia adelante.