Opinión
Imagen: @galaxia_gutenberg
Antes de los regresores
La desigualdad, la desconfianza y una polarización persistente no producen por sí mismas una regresión democrática. Pueden, sin embargo, facilitar la tarea de quien algún día decida erosionarla. La prevención democrática comienza antes de que aparezca la erosión.
Acabamos de terminar la lectura de Los regresores. Líderes que erosionan sus propias democracias, de Susan C. Stokes, publicado en español por Galaxia Gutenberg. El libro tiene una virtud especialmente valiosa para la discusión actual sobre la democracia. Obliga a distinguir entre las condiciones que pueden volver vulnerable a un régimen democrático y la erosión efectiva de sus instituciones.
Esa diferencia resulta útil para observar a Chile. El informe 2026 de Varieties of Democracy, construido con datos de 2025, continúa clasificando al país como una democracia liberal y lo sitúa en el lugar 16 de su Índice de Democracia Liberal. El World Justice Project, en su medición de 2025, ubica a Chile en el puesto 35 entre 143 países y cuarto entre 32 países de América Latina y el Caribe en Estado de derecho. El puntaje chileno retrocedió levemente, pero el informe señala que el debilitamiento de los contrapesos al poder gubernamental observado en numerosos países no se produjo en Chile.
Estos antecedentes ayudan a poner en perspectiva un debate chileno reciente sobre el supuesto carácter iliberal del gobierno de José Antonio Kast. Algunas iniciativas merecen un examen riguroso. La propuesta de crear un nuevo estado de excepción que pudiera extenderse durante ocho meses sin autorización del Congreso, por ejemplo, generó reparos en la oposición y también dentro del oficialismo. El proyecto está sometido a deliberación legislativa y el Presidente ha señalado que puede ser modificado. Cuestionar medidas de esa naturaleza forma parte del funcionamiento normal de una democracia. Convertirlas anticipadamente en prueba de una regresión democrática exige un estándar de evidencia bastante mayor.
Las categorías utilizadas por Stokes ayudan a entender la diferencia. En el manual de estrategia que incluye al comienzo del libro, la erosión aparece asociada a prácticas reconocibles y persistentes que pueden afectar a la prensa, los tribunales y la competencia electoral. También puede dirigirse contra el poder legislativo, los partidos de oposición, la administración pública, los organismos estatales o las organizaciones de la sociedad civil. Los casos examinados muestran procesos que se despliegan durante años. La erosión democrática deja huellas institucionales reconocibles y suele desarrollarse a lo largo del tiempo.
Para Chile, sin embargo, el problema más interesante aparece antes. Stokes se pregunta qué hace más probable que un gobernante elegido democráticamente continúe avanzando por el camino de la erosión institucional. Su respuesta identifica tres condiciones que aumentan ese riesgo. Una es la desigualdad económica. Otra es una polarización intensa, especialmente cuando los ciudadanos comienzan a percibir al sector contrario como una amenaza. La tercera es la desconfianza en las instituciones políticas y sociales. Ninguna conduce inevitablemente a la regresión. La propia autora advierte que también importan las preferencias y convicciones de los dirigentes. Incluso en sociedades desiguales, polarizadas y desconfiadas, un gobernante comprometido con la democracia liberal puede respetar sus límites.
La desigualdad constituye una vulnerabilidad conocida en Chile. Según la OCDE, el coeficiente de Gini llega a 0,46, frente a 0,31 como promedio de la organización. El dato no demuestra una relación automática entre desigualdad y deterioro democrático. Sí resulta pertinente para el argumento de Stokes, porque una distribución muy desigual de recursos y oportunidades puede alimentar la percepción de que las instituciones funcionan de manera muy distinta para unos y otros. Alexander Hertel-Fernandez, en una reseña académica reciente de la edición inglesa, destaca este aporte del libro y agrega la conveniencia de observar también la influencia política de quienes se encuentran en la cúspide de la distribución del ingreso.
La segunda condición también está presente. El estudio CNEP realizado por LEAS, de la Universidad Adolfo Ibáñez, registró antes de la elección presidencial de 2025 una polarización afectiva de 6,34 puntos sobre 10, frente a 3,9 en 2021. Después de la segunda vuelta la distancia no disminuyó y una nueva medición, realizada tras el cambio de mando, confirmó su persistencia. El Estudio Nacional de Polarizaciones de 3xi y Criteria llega por otra vía a una conclusión convergente. Entre 2024 y 2025 aumentaron las brechas entre personas de izquierda y de derecha en 12 de los 20 asuntos comparables. También crecieron, en numerosos temas, las diferencias entre lo que cada grupo piensa y lo que imagina que piensa el otro.
La Encuesta Bicentenario UC aporta otro dato. En 2024, un 79 por ciento de los encuestados percibía un conflicto fuerte entre gobierno y oposición, el más intenso entre los conflictos examinados. Ese indicador no mide polarización afectiva y no debe confundirse con ella. Sí muestra hasta qué punto la confrontación política forma parte de la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del país.
La tercera condición señalada por Stokes aparece en la baja confianza institucional. Las series del Centro de Estudios Públicos han situado durante años a los partidos y al Congreso entre las instituciones peor evaluadas. La Encuesta CEP de abril y mayo de 2026 registró una recuperación significativa de la confianza y una mejor valoración de la democracia. Es una señal favorable que conviene consignar. La propia institución advierte, sin embargo, que esa recuperación se produce sobre una base históricamente frágil y que las instituciones políticas continúan en los últimos lugares de la jerarquía de confianza.
Aquí aparece otra conexión importante con Stokes. Cuando durante períodos prolongados los gobiernos tienen dificultades para producir mejoras perceptibles en las condiciones de vida o responder eficazmente a los problemas que más preocupan a la población, el descontento puede dejar de dirigirse solo contra quienes circunstancialmente gobiernan. Puede alcanzar a la política misma y a las instituciones mediante las cuales se adoptan las decisiones colectivas. La frustración puede transformarse entonces en cinismo político.
Ese cambio importa, porque los regresores necesitan apoyo. Para debilitar los límites a su poder deben convencer a una parte de la ciudadanía de que los controles que encuentran son obstáculos ilegítimos, instituciones capturadas o estructuras incapaces de resolver sus problemas. La polarización facilita esa tarea cuando el adversario comienza a ser visto como una amenaza y se vuelven tolerables, si las comete el propio sector, conductas que serían rechazadas en el contrario.
Nada de esto permite sostener que Chile esté recorriendo ese camino. Los indicadores comparados disponibles apuntan en otra dirección. La lectura de Los regresores deja una advertencia distinta. Una democracia puede conservar instituciones sólidas y buenos indicadores internacionales mientras se acumulan condiciones que debilitan el respaldo social sobre el cual esas instituciones descansan.
La desigualdad, la desconfianza y una polarización persistente no producen por sí mismas una regresión democrática. Pueden, sin embargo, facilitar la tarea de quien algún día decida erosionarla. La prevención democrática comienza antes de que aparezca la erosión.
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