No queremos otra migaja del Presupuesto

Esta semana ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y va a empezar, otra vez, el mismo ejercicio: cada sector empujando para que su línea no se caiga. Nosotros lo hemos hecho durante años. Pedimos, esperamos, a veces conseguimos un fondo de emergencia después de un temporal. Al año siguiente hay que volver a pedirlo.

Queremos proponer algo distinto, porque creo que llevamos veinte años discutiendo el problema equivocado.

La pesca artesanal necesita una plataforma social: un seguro robusto que cubra los días en que el mar no deja trabajar, fondos de emergencia de activación inmediata, cobertura de salud y previsión para gente que envejece sin jubilación. El subsecretario ha dado apenas destellos de que preparan una propuesta, trabajada entre cuatro paredes y sin un solo adelanto. Cuando aparezca, la primera pregunta será la única que importa: con qué plata.

Porque hoy el mecanismo es otro. Una marejada, una lluvia torrencial, un alza de temperatura del mar o cualquier catástrofe nueva deja caletas detenidas por semanas. Los pescadores piden ayuda. No pasa nada. Viene la protesta. Y recién entonces el Gobierno de turno ofrece una solución del tamaño de una curita. Eso no es política pública. Es administración del descontento.

La plata existe. Lo que no ha existido es la decisión de cobrarla.

En 2013, cuando se tramitó la Ley de Pesca vigente, que todos sabemos cómo se aprobó, el Estado tuvo en sus manos la posibilidad de licitar las cuotas industriales y entregarlas a quien pagara más por ellas. Renunció a hacerlo. Las entregó gratis, a los mismos de siempre, convertidas en licencias transables de pesca clase A, con veinte años de duración. Un verdadero regalo regulatorio.

Esos veinte años se acaban. En 2032 vencen las actuales licencias clase A, y ahí el país vuelve a tener en sus manos la decisión que dejó pasar en 2013.

Hay dos caminos. Uno es renovarlas de manera automática, a los mismos titulares, y comprometer otras dos décadas. El otro es licitar el cien por ciento de la fracción industrial, como licencias clase B, que es la modalidad que la propia ley ya contempla y que hoy se aplica apenas a una porción menor.

Conviene mirar los números, porque son la medida exacta de lo que se está regalando. En 2022, todo el impuesto específico que pagaron los titulares de licencias clase A por explotar la principal riqueza renovable del país sumó 21.408 millones de pesos. Eso es lo que recauda el Estado por el acceso al recurso. Al mismo tiempo, cuando se discutió la redistribución de cuotas, la propia industria calculó en cientos de millones de dólares el patrimonio que “perdería”, aunque más vale decir, dejarían de recibir este inmenso regalo.

Es decir: ellos mismos saben cuánto valen esas cuotas. Todos lo sabemos. Lo único que falta es que el Estado las cobre a ese precio a todos por igual.

Con una fracción de lo que se recaude en esa licitación se financiaría una plataforma social permanente para la pesca artesanal. No con cargo a otros sectores, no quitándoles recursos a salud ni a seguridad, no compitiendo con nadie en la discusión presupuestaria. Con recursos que salen de la misma actividad pesquera y que hoy, sencillamente, no se cobran.

De este Presupuesto 2027 no pedimos un trato de excepción ni un fondo de emergencia más. Pedimos que empiece a prepararse la decisión de 2032: que se financie el diseño técnico del mecanismo de licitación y del fondo que se alimentaría de él, y que la discusión se dé en el Congreso y no entre cuatro paredes. Porque 2032 no se prepara en 2031. Se prepara ahora.

El recurso es de todos, pero el beneficio sigue concentrado en un puñado de grupos económicos. Son los mismos que empujaron el retiro de la nueva Ley de Pesca y los que hoy vuelven a poner el arrastre de la jibia sobre la mesa en el Senado. Cada vez que hay que elegir, la decisión termina protegiendo a los mismos de siempre.

Nosotros no queremos quemar un neumático más para que se nos escuche. Queremos que el problema se resuelva de una vez, con un mecanismo claro, viable y justo. La oportunidad tiene fecha: 2032. Y la conversación empieza en este Presupuesto.