Denuncias falsas

Recuerdo a una mamá que, después de mucho tiempo, se atrevió a denunciar que su hijo había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar. Las pruebas eran claras. La justicia, sin embargo, prefirió cerrar la causa porque no había claridad en las fechas. El acusado inició una campaña contra la madre.

Un día ella me dijo que tal vez no debería haber denunciado. Lo había hecho pensando en qué le diría a su hijo cuando, ya mayor, le preguntara: “Mamá, ¿tú qué hiciste cuando supiste lo que me habían hecho?”. Se atrevió. Tenía a la familia en contra, los prejuicios e incluso su voluntad de que eso nunca hubiese ocurrido, de que todo hubiese sido una horrible pesadilla. Pero no, el daño, la traición al cuidado y la confusión eran reales.

La apuntaron por mentirosa, por denuncia falsa, y con ella al niño y a quienes la apoyamos. Estamos casi acostumbrados, pero siempre da impotencia, sobre todo ver cómo se persigue a quienes han logrado traspasar las barreras del miedo, la vergüenza, la culpa, las amenazas e incluso el sistema, y denuncian.

Hablar de denuncias falsas es ambiguo, porque mezcla las que mienten con los casos que no logran probarse, las sospechas fundadas o los casos prescritos.

Me parecen inaceptables las denuncias calumniosas, aquellas en las que se utiliza a un niño o niña para atribuirle a alguien, a sabiendas, sin sospecha alguna ni motivo real, un abuso sexual que no ocurrió. Probado ese dolo, el castigo debe ser proporcional al daño causado.

Sabemos que el problema está en el silencio. Menos del 10% de los casos de abuso sexual infantil se denuncia, y casi el 40% de las víctimas nunca se lo ha contado a nadie.

En 2024 ingresaron 40.754 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad. De las causas de 2023 ya cerradas, solo el 3,9% llegó a sentencia. El 78% se archivó por falta de pruebas… lo que no implica que el delito no haya existido.

Con ese panorama, el Senado discute el proyecto de la senadora Kaiser contra las denuncias falsas, que afectarían, según ella, a “miles de hombres y sus hijos”. Ninguna estadística oficial respalda esa cifra.

Desde 1874, el artículo 211 del Código Penal castiga la denuncia calumniosa cuando se prueba el dolo. Pero este proyecto llama “falsa” a toda denuncia que sea desechada, castiga la “manifiesta negligencia”, ya no solo a quien supuestamente mintió, sino a quien debió dudar más, y permite pedir la declaración de falsedad aunque solo la fiscalía haya desestimado la causa, como la de esa mamá.

Ahí quedan expuestos el profesor, el médico y el director de colegio, a quienes la ley obliga a denunciar en 24 horas, sin exigirles certeza. El proyecto asegura que no desincentiva la denuncia e invoca el debido proceso, pero solo el del acusado, cuando el de un niño incluye su derecho a que se investigue lo que le hicieron.

En un estudio nacional canadiense sobre maltrato infantil, las denuncias inventadas a sabiendas fueron el 4%, frente a un 31% de denuncias infundadas, pero hechas de buena fe: casi ocho por cada una inventada, y este proyecto deja a esas ocho expuestas a un proceso penal. Es una locura, una caza de brujas en la que se persigue a quien quiso proteger, y que termina silenciando y desprotegiendo.

Quiero volver a esa mamá que denunció para responder a su hijo y devolver al Senado la pregunta: cuando esos niños, ya mayores, pregunten qué hicimos cuando supimos, ¿vamos a decirles que castigamos a quienes se atrevieron a hablar?