Valparaíso y el Tratado de Alta Mar: la protección del océano comienza en nuestras costas

Pese a los esfuerzos legislativos impulsados durante años, ninguna iniciativa ha prosperado (Boletín 15.513-12 en 2022 y 17.315-12 en 2024). Esta deuda resulta especialmente preocupante cuando aspiramos a desempeñar un papel protagónico en la conservación de los océanos, pero aún carecemos de un marco legal que permita enfrentar los problemas que afectan a nuestra propia zona costera.

Chile fue el segundo país del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ, que establece nuevas herramientas para proteger la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. La candidatura de Valparaíso representa una oportunidad para fortalecer la cooperación científica y la participación de nuestro país en la gobernanza oceánica internacional. Sin embargo, proteger el océano también exige prestar atención a lo que sucede en nuestra costa.

Una parte importante de la contaminación marina se origina en el continente y llega al océano a través de ríos, descargas industriales y urbanas. Sus efectos no se detienen en la línea de costa: pueden extenderse hacia aguas abiertas y alterar ecosistemas situados a grandes distancias. Por ello, la protección de la biodiversidad marina requiere actuar también sobre las actividades que generan estas presiones y sobre los territorios donde se originan.

En Chile, el problema es especialmente urgente. Según nuestros estudios, el 86 % de las playas analizadas entre Arica y Chiloé presenta erosión. A ello se suman la pérdida de dunas y humedales, la expansión inmobiliaria y una creciente exposición de las comunidades a marejadas e inundaciones, fenómenos que se agravan en el contexto del cambio climático.

Frente a este escenario, las competencias sobre la zona costera permanecen distribuidas entre distintos organismos, cuyas decisiones no siempre responden a una visión común del territorio. Esta fragmentación dificulta abordar problemas que están estrechamente relacionados y que, en muchos casos, superan los límites administrativos de una comuna o región.

Una Ley de Costas permitiría avanzar hacia una gestión integrada, que considere las relaciones entre los ecosistemas terrestres y marinos y establezca criterios claros para su protección. También debería fortalecer la planificación territorial, resguardar el carácter público de las playas e incorporar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios. Se trata de una demanda impulsada durante años desde la academia y las organizaciones costeras, que todavía no encuentra una respuesta legislativa.

La candidatura de Valparaíso ofrece una oportunidad para abordar esta deuda pendiente. No basta con asumir compromisos internacionales de conservación si las políticas nacionales no permiten enfrentar las amenazas que afectan a nuestros ecosistemas costeros. El liderazgo oceánico que Chile busca ejercer en el mundo también debe expresarse en la forma en que protegemos nuestro propio territorio.

Estos desafíos serán parte del próximo webinar del Centro UC Observatorio de la Costa, “BBNJ: Tratado de Alta Mar y la Protección de la Costa Chilena”, que se realizará el miércoles 7 de octubre, a las 11:00 horas. El encuentro ofrecerá un espacio para reflexionar sobre las oportunidades que representa este acuerdo internacional y la necesidad de avanzar hacia una protección integral de la zona costera de Chile.