Una propuesta oportuna para la COP31: acelerar la electrificación de las economías

Nos encontramos ante un punto de inflexión inesperado que se vincula con la transición energética, un objetivo crucial definido por la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París (COP). En la actualidad, la confrontación en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en un nuevo cisne negro en el panorama geopolítico global. En los últimos seis meses, se han producido eventos imprevistos. Por un lado, se ha registrado un aumento en los precios de la gasolina y el diésel, impactando la economía de miles de millones de familias.

Por otro, se ha evidenciado la imprudencia de la dependencia de los combustibles fósiles, cuyos efectos en la aceleración del calentamiento se manifiestan en todo el mundo a través de olas de calor, incendios, derretimiento de glaciares e inundaciones.

En este devenir, de manera repentina, ha surgido una solución rápida y dual para abordar tanto la crisis climática como el aumento de los precios de los combustibles: la electrificación de las economías para abandonar el petróleo, el gas y el carbón.

Murat Kurum, Ministro de Medio Ambiente y Urbanismo de Turquía, durante la “Semana del Clima” (celebrada previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas), propuso que el 35% del consumo energético mundial sea eléctrico para el año 2035. Esta propuesta es significativa, considerando que él presidirá la próxima Cumbre del Clima COP31, del 9 al 26 de noviembre de 2026, en Antalya, Turquía.

Un informe emitido en 2026 por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) reveló un crecimiento sin precedentes del 15,5% en la capacidad de energías renovables, aunque dicho crecimiento sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos establecidos. La electrificación del consumo final de energía se sitúa en el 23%, un factor crucial para la descarbonización de la economía global. En 2025, la capacidad renovable mundial alcanzó los 692 gigavatios (GW), lo que resultó en un ahorro estimado de 480 mil millones de dólares en combustibles fósiles.

Cabe destacar que la electrificación se encuentra actualmente en una posición privilegiada para avanzar de manera acelerada. Por ejemplo, el sector residencial, impulsado principalmente por la climatización, alcanzó una tasa de electrificación del 36% en 2023, mientras que el sector industrial logró un 27%. El sector del transporte, que históricamente ha sido el más rezagado, partió con una tasa de electrificación del 1% en 2023, pero ha experimentado un avance significativo gracias a la adopción de vehículos eléctricos.

Para triplicar la capacidad de energías renovables a 11,2 teravatios (TW) para el año 2030, será necesario duplicar la capacidad instalada actual. A pesar de alcanzar los 693 GW en 2025, el crecimiento anual de la capacidad renovable deberá alcanzar los 1.200 GW entre 2026 y 2030.  La energía solar fotovoltaica desempeñará un papel fundamental en este proceso, con los sistemas de almacenamiento en baterías complementando el suministro eléctrico. Es importante resaltar que los costos de almacenamiento en baterías experimentaron una reducción significativa del 30% entre 2024 y 2025, lo cual representa una excelente noticia para la viabilidad económica de las energías renovables.

La electrificación acelerada tiene el potencial de reactivar con vigor la agenda climática, la cual este año ha experimentado un peligroso estancamiento. Con este renovado impulso, podría erigirse como un factor determinante para el desplazamiento del petróleo, gas y carbón en sectores como el transporte, la calefacción, los procesos industriales y parte de la actividad minera.

Nuestro país se encuentra en una posición privilegiada para desempeñar un papel protagónico en estas iniciativas, dado que posee una de las matrices eléctricas más renovables del mundo, así como abundantes recursos solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos, además de contar con minerales críticos para la transición energética. Pero todavía persisten brechas de acceso a la energía, pobreza energética y disparidades regionales en capacidades. Por tanto, el impulso tecnológico debe ser acompañado por una autoridad y una institucionalidad climática más exigente y proactiva.

Si bien la electrificación representa un avance significativo hacia la sostenibilidad ambiental, su implementación debe ser abordada con una perspectiva política rigurosa. La mera transición hacia fuentes de energía limpias no garantiza equidad. La expansión de la electrificación sobre sistemas eléctricos concentrados, permisos deficientemente diseñados, la tardía consulta a las comunidades, la segregación urbana y la implementación de tarifas que penalizan a los hogares vulnerables, podría perpetuar las desigualdades preexistentes.

Hemos logrado avances notables en la generación de energía solar y eólica, particularmente en el norte del país, consolidándose como un actor relevante en el mercado global del cobre y el litio, así como en el desarrollo del transporte público eléctrico. La flota de buses eléctricos de Santiago y el potencial renovable del desierto de Atacama constituyen activos estratégicos. Sin embargo, el país enfrenta desafíos significativos, tales como las congestiones en la transmisión de energía, los vertimientos de energía renovable, la conflictividad territorial, la dependencia tecnológica externa y la lentitud en la electrificación de los usos finales de la energía.

La cuestión fundamental no radica en si Chile debe electrificarse, sino en cómo debe hacerlo. En el sector del transporte, el desafío trasciende la simple venta de vehículos eléctricos. Es imperativo limpiar el transporte público en todo el territorio nacional, electrificar las flotas logísticas, incrementar la infraestructura de carga en las regiones y evitar que la electromovilidad se convierta en un privilegio exclusivo del sector de altos ingresos.

En el ámbito de la vivienda, la prioridad no debe limitarse a la sustitución de artefactos. Es fundamental implementar subsidios para la aislación térmica, la eficiencia energética y la protección de los hogares que actualmente destinan una proporción excesiva de sus ingresos al calefaccionamiento o enfriamiento de sus viviendas. En los sectores industrial y minero, la electrificación debe ir de la mano con la mejora de la productividad, la trazabilidad ambiental y la celebración de acuerdos tempranos con los territorios y sus comunidades.

¿Es importante la cooperación regional para robustecer la electrificación en América Latina? Por supuesto que sí, sería un factor crítico de celeridad. La región no requiere 20 transiciones energéticas aisladas, compitiendo entre sí por capitales, proveedores y legitimidad social. Es necesaria la integración eléctrica, la construcción de corredores de transmisión, el establecimiento de estándares comunes para baterías, minerales críticos e hidrógeno bajo en emisiones, así como mecanismos financieros que reduzcan el costo de capital.

América Latina cuenta con abundantes recursos de sol, viento, agua, minerales y talento técnico; sin embargo, el tiempo es un recurso limitado. Las deficiencias en gobernanza, confianza institucional, gestión eficaz y espacio fiscal representan obstáculos significativos. Por lo tanto, la cooperación regional no constituye un simple gesto diplomático, sino una condición indispensable para la viabilidad.

Concluyendo, el incremento de la participación de la electricidad en el consumo final de energía representa una iniciativa sensata y oportuna. Es, sin duda, una respuesta eficaz a la crisis climática y a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. En consecuencia, es imperativo que Chile se distancie de la preferencia obsoleta por los combustibles fósiles que promueve el Presidente Trump. ¿Se imaginan ustedes que nos obligue a continuar comprando su petróleo, en virtud del Acuerdo del Escudo de las Américas?

La electrificación, además de constituir una oportunidad histórica para acelerar nuestra transición energética, representa una prueba de madurez política.  Su concepción como un simple recambio de motores y calderas resultaría insuficiente. Por el contrario, su entendimiento como una política de Estado orientada al desarrollo contribuirá a la reducción de vulnerabilidades externas, protegiendo el poder adquisitivo de millones de chilenos; a la mejora de la calidad del aire, a la creación de empleos, a la modernización de la industria y a la democratización del acceso a energías limpias.

Chile posee condiciones excepcionales para liderar este proceso, pero solo lo logrará si en el núcleo del gobierno de Kast se asume con seriedad la parte más compleja de la transición energética: una planificación más eficaz, una distribución más equitativa y aprender a escuchar a todas las partes interesadas.