Crisis del Fondo E: la misma caída, distintas consecuencias

La caída real acumulada de 10,39% del Fondo E entre enero y septiembre de 2026 ha puesto nuevamente a las pensiones en el centro del debate chileno. Que el fondo considerado más conservador del sistema haya experimentado pérdidas de esta magnitud exige explicaciones sobre las decisiones de inversión, la gestión del riesgo y las responsabilidades de las administradoras. La apertura de procedimientos sancionatorios por parte de la Superintendencia de Pensiones refuerza la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

Pero hay una pregunta que ha quedado relegada: ¿a quiénes afecta efectivamente esta caída, de qué manera y en qué momento de sus vidas?

Suponer que una misma variación financiera tiene idénticas consecuencias para todas las personas mayores equivale a confundir la contabilidad de los fondos con la experiencia de jubilarse. La rentabilidad puede expresarse en un porcentaje común; las vidas, no.

En primer lugar, es importante precisar que una caída en la rentabilidad del Fondo E no significa que todas las pensiones hayan disminuido en esa proporción. Sus efectos dependen del saldo acumulado, del momento en que las personas deciden pensionarse y de la modalidad de pensión. Quienes están próximos a jubilar pueden verse especialmente afectados si necesitan utilizar sus ahorros antes de una eventual recuperación. Quienes reciben pensiones mediante retiro programado enfrentan condiciones diferentes de quienes contrataron una renta vitalicia, cuyo monto no disminuye automáticamente por las fluctuaciones posteriores del fondo.

Sin embargo, estas diferencias financieras representan solo una parte del problema. Las desigualdades en la vejez no comienzan al momento de jubilarse: se construyen durante toda la vida. Las trayectorias laborales, las remuneraciones, los períodos de desempleo, la informalidad y las responsabilidades de cuidado determinan cuánto pueden ahorrar las personas y qué alternativas tienen cuando enfrentan una pérdida.

Pensemos en dos personas de edad similar y con ahorros previsionales equivalentes. Una cuenta con vivienda propia, ingresos complementarios y la posibilidad de seguir trabajando mientras evalúa cuándo pensionarse. La otra tiene problemas de salud, sostiene económicamente a familiares y necesita comenzar a recibir una pensión para cubrir sus gastos. Aunque ambas enfrenten una misma caída porcentual en sus ahorros, sus consecuencias sobre el bienestar y sus posibilidades de respuesta son radicalmente distintas.

Estas diferencias tienen también una dimensión de género. Las mujeres suelen acumular menores ahorros previsionales debido a brechas salariales, trayectorias laborales más discontinuas y una distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Las interrupciones laborales para cuidar niños, niñas o personas mayores dependientes y/o personas en situación de discapacidad tienen consecuencias que se prolongan mucho más allá del período en que se realizan esos cuidados. Un sistema previsional basado principalmente en cotizaciones refleja así desigualdades que se originan tanto dentro como fuera del mercado laboral.

También es necesario distinguir entre cumplir la edad legal de jubilación, comenzar a recibir una pensión y dejar de trabajar. No son decisiones equivalentes ni ocurren necesariamente al mismo tiempo. Algunas personas continúan trabajando porque lo desean y encuentran satisfacción en su actividad laboral; otras lo hacen porque sus ingresos son insuficientes. Del mismo modo, algunas pueden elegir cuándo retirarse, mientras otras deben abandonar anticipadamente el mercado laboral por problemas de salud, desempleo o responsabilidades familiares.

Desde una perspectiva económica, estas diferencias expresan restricciones desiguales para distribuir los recursos y el consumo a lo largo de la vida. No basta con observar cuánto pierde una persona: también importa qué capacidad tiene para enfrentar esa pérdida. La posibilidad de postergar la jubilación, complementar ingresos o recibir apoyo familiar no está igualmente distribuida.

Por ello, la discusión pública no debería limitarse a explicar las pérdidas y determinar responsabilidades, aunque ambas tareas son indispensables. También necesitamos conocer sus consecuencias distributivas. ¿Cuántas personas afectadas están próximas a jubilar? ¿Cuáles dependen principalmente de sus ahorros previsionales? ¿Qué diferencias existen según género, trayectoria laboral, salud y responsabilidades de cuidado? Estas preguntas requieren información y análisis que permitan identificar a los grupos efectivamente más expuestos y vulnerables, en lugar de suponer que todos enfrentan las mismas consecuencias.

Asimismo, corresponde evaluar la pertinencia de eventuales medidas de protección o reparación, especialmente para quienes disponen de menores alternativas frente a las pérdidas, considerando las responsabilidades que se establezcan y los mecanismos legalmente disponibles. Una disminución persistente de los ingresos previsionales no solo compromete el bienestar económico de los hogares, sino que también podría aumentar las necesidades de apoyo público y la presión sobre el gasto social.

La regulación financiera y la protección social no pueden abordarse como discusiones independientes. Los ahorros previsionales no constituyen simplemente una cartera de inversiones: son recursos destinados a sostener ingresos y condiciones de vida durante la vejez. Su adecuada gestión es una responsabilidad institucional, mientras que sus consecuencias se distribuyen entre personas que llegan a esa etapa con oportunidades y vulnerabilidades muy diferentes.

La caída del Fondo E exige esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de supervisión. Pero también debería impulsarnos a una discusión más amplia sobre qué significa proteger económicamente a las personas mayores. Un sistema previsional no puede evaluarse únicamente por su rentabilidad: también debe considerar su capacidad para ofrecer seguridad frente a los riesgos de la vejez y las desigualdades acumuladas durante la vida.

Porque detrás de una misma cifra de rentabilidad existen trayectorias laborales, responsabilidades de cuidado, condiciones de salud y proyectos personales muy distintos. Y es precisamente esa diversidad la que las políticas públicas no pueden seguir ignorando.