Cuando la agenda de integridad deja de ser prioridad

Evaluar los esfuerzos para combatir la corrupción es una tarea compleja. Por ello hacer seguimiento a la percepción de la opinión pública es una herramienta que nos permite tomar la temperatura de la realidad nacional.  En esa línea, Claves Ipsos (N°55), en alianza con Chile Transparente, puso en la mira la percepción de corrupción. Los datos no son nada alentadores.

El 70% de los consultados percibe un alto nivel de corrupción en el país. Las instituciones de la democracia (partidos políticos, Congreso Nacional, los tribunales de justicia y los municipios) son aquellas en las que las personas perciben una mayor ocurrencia de estas anomalías. Por otro lado, los atributos positivos asociados al liderazgo desde la integridad, se asocia en mayor medida a empresarios que a autoridades de gobierno.

Por su parte, los municipios siguen siendo el mayor foco de preocupación de las personas.  Solo el 20% de los encuestados considera que sus autoridades locales toman decisiones priorizando el interés de su comunidad y gestionan los recursos municipales de forma transparente. Persiste también la idea que es necesario fortalecer los controles y generar sanciones efectivas en estos espacios

Aunque el debate político, desde las elecciones presidenciales, puso gran énfasis en combatir las malas prácticas asociadas a la corrupción, y también se comprometieron a una auditoría total del Estado, una agenda legislativa (Ley de Transparencia 2.0, lobby, integridad municipal y empleo público) y un cambio en los principios que articulan las decisiones políticas y las designaciones de autoridades; todo parece haber quedado olvidado en los anuncios y en pobres esfuerzos legislativos.

Uno de los desafíos a la hora de gobernar es lograr ponderar lo que se ha puesto como eje prioritario para lograr las transformaciones que se requieren y conseguir navegar las urgencias que se presentan constantemente en el país. El problema de gestionar un gobierno “de emergencia” es que justamente se pierde la capacidad de balancear lo importante con lo urgente, se extravía la brújula de la agenda política y se queda atrapado en los torbellinos cambiantes de los contratiempos.

En esa encrucijada es donde ha quedado abandonada la agenda de integridad pública y transparencia. Ni esfuerzos administrativos, como la continuidad a la Estrategia Nacional de Integridad Pública, o de espacios de diálogo permanente con otros actores, como la mesa de Estado Abierto, así como la falta de avances legislativos que sean coherentes con las declaraciones de las autoridades de gobierno para promover medidas efectivas en materia de integridad pública.

Es hora de poner nuevamente la prioridad en una agenda efectiva de integridad y transparencia, no pueden seguir postergándose. Necesitamos congruencia entre lo que se declara y los hechos que se desarrollan desde el Gobierno, así como una decisión firme de poner en marcha las medidas administrativas que no requieren cambios legislativos y de volver a direccionar la agenda de proyectos de ley en el Congreso para obtener resultados visibles.