Educar en la frontera cuesta más

Las cifras generales son conocidas. El presupuesto de educación superior del Ministerio de Educación baja cerca de 1% respecto del vigente 2026. En cambio, el programa de Fortalecimiento de la Educación Superior Pública cae 8,5% y concentra el 91,5% de la reducción. Respecto del presupuesto vigente, el Aporte Institucional cae 11,4%, el Plan de Fortalecimiento 34,8% y el Aporte Fiscal Directo 4%. Comparados con la ley inicial 2026, los instrumentos de las universidades estatales suman cerca de $37.700 millones menos. Mientras tanto, la reforma previsional implicará para el sistema estatal alrededor de $22.000 millones de costo adicional en 2027 respecto de 2026.

Lo que esas cifras no muestran es que un mismo recorte pesa distinto según el territorio. Una universidad en la frontera norte compra equipamiento e insumos de distinto tipo a más de dos mil kilómetros de los principales centros de abastecimiento del país. Además, compite por académicos con doctorado con instituciones que ofrecen las ventajas de la zona central. Esos mayores costos de operación son permanentes, si bien los instrumentos no suelen reconocerlos. Por eso, cada peso recortado en Arica rinde menos que en otras regiones.

Ese mayor costo es el precio de que exista educación superior pública donde el mercado no llega. En Arica y Parinacota y en Tarapacá, las universidades estatales concentran el 92% de la oferta universitaria. En el sistema estatal, el 87% de los estudiantes viene de establecimientos con subvención del Estado y el 61% estudia con gratuidad; en ocho universidades estatales, más del 70% lo hace. La Universidad de Tarapacá, por su parte, sostiene un Centro Médico que atiende gratis a personas de escasos recursos, además de centros de atención psicológica, kinesiológica, nutricional y oftalmológica que en la región no siempre tienen un reemplazo inmediato.

Por eso preocupa que hayan desaparecido los instrumentos que reconocían esa función. La línea de Educación Superior Regional se eliminó en la Ley 2026 sin un mecanismo alternativo. El ADAIN, que financiaba actividades de interés nacional en cultura, ciencia y vinculación en 17 universidades, se eliminó por decreto durante este año. El proyecto 2027 consolida ambas ausencias como nueva normalidad.

A esto se suma una restricción difícil de justificar. El proyecto reduce la parte de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario que las universidades pueden usar: de 45% a 35% en los excedentes anuales y de 30% a 20% en los acumulados. No son recursos fiscales. Provienen principalmente de la recuperación de créditos y pertenecen a las propias universidades. Entre 2021 y 2024, la Universidad de Tarapacá ejecutó la totalidad de lo que se le autorizó usar. Si las nuevas reglas se hubieran aplicado a la última autorización, dictada en 2025, habría tenido cerca de $860 millones menos de recursos propios disponibles. Esa restricción no le ahorra un peso al Fisco.

Las universidades estatales entendemos la estrechez fiscal y no pedimos excepciones. Pedimos que el ajuste no se concentre en la educación pública y que el presupuesto reconozca lo que la geografía ya impone. El Congreso puede tomar tres decisiones en las próximas semanas: reponer la base de financiamiento institucional, en particular el Aporte Institucional y el Aporte Fiscal Directo; restituir un instrumento de financiamiento regional que considere de forma explícita el costo de operar en zonas extremas; y restituir, al menos, los porcentajes vigentes de uso de los excedentes del Fondo Solidario.

Chile ha hecho de sus fronteras un asunto clave de soberanía. Pero una frontera también se sostiene con atención de salud, con profesionales formados en el territorio, con investigación sobre sus propios problemas y con instituciones que permanecen. Las universidades estatales de las regiones extremas son parte de esa presencia del Estado. Debilitarlas para cuadrar una partida es un ahorro que el país puede terminar pagando más caro.