El Plan del Lago Villarrica ya comenzó: ahora debemos asegurar su ejecución

El 13 de agosto de 2026 entró en vigencia el primer Plan de Descontaminación destinado a recuperar un ecosistema acuático en Chile. Su objetivo es reducir al menos 67,4 toneladas anuales de fósforo que actualmente llegan a la cuenca del Lago Villarrica y recuperar progresivamente la calidad ambiental de sus aguas. La publicación del Plan cerró una larga etapa de elaboración, pero abrió una pregunta más difícil: ¿cómo se financiarán y coordinarán sus 71 artículos durante los próximos 15 años?

El Análisis General de Impacto Económico y Social estimó costos por US$56,13 millones. De ellos, aproximadamente US$18,83 millones corresponderían al Estado y US$37,31 millones a agentes privados. A primera vista, podría parecer que dos tercios del financiamiento ya están resueltos. Sin embargo, no es así. El componente privado no constituye un fondo disponible ni un aporte comprometido por una sola empresa. Corresponde principalmente a inversiones que deberán realizar las pisciculturas para cumplir la nueva norma de emisión de fósforo. Cerca de US$34,68 millones, más del 90% del costo privado estimado, se relacionan con la adecuación de ese sector. El resto incluye conexiones al alcantarillado en zonas concesionadas y algunas adecuaciones sanitarias. Por lo tanto, el porcentaje privado representa una estimación de costos de cumplimiento. Para que se convierta en reducción efectiva de fósforo, cada titular deberá presentar sus planes de adecuación, financiar las inversiones necesarias, implementar las medidas y demostrar que cumple los límites establecidos. Entre una obligación escrita y una mejora ambiental existe una cadena completa de decisiones, inversiones, fiscalización y verificación.

El desafío se vuelve más concreto al revisar el proyecto de Presupuesto 2027. La partida total del Ministerio del Medio Ambiente alcanza los $98.631 millones, con un aumento nominal de 2,7%. Sin embargo, el presupuesto de la Subsecretaría del Medio Ambiente disminuye 4,9% y el de la Superintendencia del Medio Ambiente, 1,8%. La asignación nacional para Planes de Descontaminación Ambiental contempla aproximadamente $2.973 millones, pero no identifica recursos específicos para el Lago Villarrica. Por lo tanto, no podemos concluir que el financiamiento público necesario para ejecutar el Plan ya esté asegurado. Además, una parte relevante de las inversiones dependerá de otros organismos, como el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y los municipios. De ahí la importancia de identificar desde el comienzo cuánto aportará cada institución, en qué plazo y mediante qué instrumento presupuestario. Sin esa trazabilidad financiera, existe el riesgo de contar con medidas formalmente vigentes, pero sin capacidad suficiente para ejecutarlas.

La discusión no puede limitarse a preguntar cuánto cuesta el Plan. Necesitamos saber qué parte de esos recursos está efectivamente disponible, qué institución debe gestionar cada inversión, cuáles son sus plazos y qué ocurrirá si el financiamiento no llega oportunamente.

También debemos actualizar periódicamente las estimaciones. El Análisis General de Impacto Económico y Social, AGIES, expresa los costos en valor presente y utiliza supuestos sobre tecnologías, emisiones y comportamiento de las fuentes. No funciona como un presupuesto detallado ni como garantía de financiamiento. Durante 15 años pueden cambiar los costos, la producción, la población, el uso del suelo y las presiones sobre la cuenca.

Un tablero público de seguimiento debería mostrar no solo el avance de las medidas, sino también su financiamiento con datos como monto estimado, recursos comprometidos, inversión ejecutada, responsable y resultado ambiental esperado. Así podríamos distinguir entre una medida anunciada, una medida financiada, una medida ejecutada y una medida que efectivamente reduce la contaminación.

La recuperación del Lago Villarrica no dependerá únicamente de cuánto dinero se estime, sino de la capacidad de convertir esos costos en acciones verificables. El Plan ya existe y sus responsabilidades están comenzando a activarse. Ahora debemos asegurar que cada obligación tenga recursos, cada inversión tenga seguimiento y cada medida produzca el efecto ambiental que justificó su incorporación.