La infancia vulnerable para el gobierno de Kast: más castigo, menos oportunidades

La semana pasada conocimos una noticia que indignó al país. El ministerio de Justicia rebajó las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Ante las críticas, el gobierno suspendió la tramitación de nuevas rebajas y anunció cambios legales. Pero las 56 ya concedidas siguen vigentes. 

Si revisamos las decisiones que ha tomado este gobierno, vemos que lo ocurrido en cuanto a protección de las infancias, pareciera no ser un hecho aislado. Existen otras medidas que se han adoptado y que perjudican a niños, niñas y adolescentes, especialmente de los sectores más vulnerables.

En abril, el Ejecutivo redujo los recursos destinados a instituciones fundamentales para las infancias y las juventudes. Recortó más de $12.700 millones a Mejor Niñez, que protege a niños cuyos derechos han sido vulnerados, más de $3.000 millones de pesos a la Subsecretaría de la Niñez, casi $4.000 millones de pesos al Instituto Nacional de la Juventud y más de $7.500 millones al Servicio de Reinserción Social Juvenil.

La situación se vuelve aún más preocupante al revisar el proyecto de Presupuesto 2027. El programa Lazos, que trabaja con niños, adolescentes y sus familias para evitar que ingresen al mundo del delito, fue congelado términos reales. A esto se suma una reducción del 43% en Somos Barrio Prioritario, que trabaja en comunidades golpeadas por la violencia, precisamente donde miles de niños y jóvenes necesitan espacios seguros, apoyo y oportunidades para crecer lejos de la delincuencia.

Estas decisiones afectan especialmente a las familias que no pueden pagar atención psicológica, tratamientos especializados o apoyo profesional para sus hijos. Para muchos niños y adolescentes de los barrios más empobrecidos, estos programas representan una de las pocas oportunidades de recibir ayuda antes de que la violencia y la delincuencia marquen sus vidas.

Por otro lado, y mientras se debilitan los recursos destinados a la protección y prevención, el gobierno impulsa una reforma que aumenta considerablemente las penas para adolescentes que cometen delitos. Propone duplicar, de 5 a 10 años, la pena máxima de encierro para jóvenes de 14 y 15 años, y elevarla de 10 a 15 años para los de 16 y 17. También busca castigar determinados robos que no llegaron a concretarse como si se hubieran consumado y restringir las posibilidades de reemplazar el encierro por sanciones menos severas.

Todo esto pese a que las cifras oficiales no muestran un aumento generalizado de la participación adolescente en los delitos entre 2019 y 2025. De cada 100 delitos registrados por las policías, en menos de 5 participa un menor de edad, una cifra que es prácticamente igual a la de antes de la pandemia.

Pero ojo, con esto no digo que los adolescentes que cometen delitos deban quedar sin sanción. Las víctimas merecen justicia y también protección, pero la evidencia dice que el aumento de años de cárcel para adolescentes, no traen más seguridad, de hecho, puede tener un efecto contrario.

Una investigación realizada en Chicago con más de 35.000 jóvenes encontró que quienes fueron privados de libertad tenían menos posibilidades de terminar sus estudios y mayor riesgo de terminar encarcelados cuando fueran adultos. Estudios realizados en Chile también han encontrado efectos preocupantes sobre las consecuencias del encierro a temprana edad.

Cuando un adolescente pasa años encerrado, se aleja de su familia y su circulo más cercano lo pasan a conformar sus compañeros de encierro, interrumpe sus estudios y pierde oportunidades en una etapa crucial de su desarrollo. Esto, lejos de ayudar a la rehabilitación de ese adolescente, lo que hace es aumentar los factores de riesgos que inciden en que siga delinquiendo y, con esto, aumentar las posibilidades de que usted o yo seamos víctimas de delitos en el futuro.

Por esta razón, es que debería preocuparnos la forma en que este gobierno trata a la infancia. Por un lado, se rebajan condenas a abusadores y violadores de menores de edad. Por otro, se rebaja el presupuesto a los organismos que deben protegerlos, apoyarlos y prevenir que lleguen al mundo del delito. Y finalmente, cuando algunos de esos niños y adolescentes terminan cometiendo delitos, la respuesta de este gobierno es aumentarles las penas, pese a que la evidencia advierte que el encierro prolongado puede perpetuar sus trayectorias delictivas.

Lo más grave es que estas decisiones afectan especialmente a los niños, niñas y adolescentes de los sectores más empobrecidos, aquellos que han sufrido abusos, violencia o abandono y que más necesitan del Estado. 

No podemos seguir quitándoles oportunidades de protección y apoyo para después responder con más años de cárcel cuando ya es demasiado tarde. 

Todos los gobiernos deben entender que los niños que menos oportunidades han tenido, son precisamente los que nunca deberían quedar al final de la fila.