El aporte estratégico de la sociedad civil: cómo salir del caso convenios

Cuando se habla del rol de la sociedad civil frente al Estado, la conversación suele reducirse a una pregunta de eficiencia: ¿ejecuta bien lo que el Estado no puede o no quiere hacer? Es una pregunta legítima, pero incompleta, y esa incompletitud tiene un costo político. Mientras el debate se mantenga en el terreno de la subsidiariedad, organizaciones que “tapan huecos” de un Estado insuficiente, seguiremos sin entender por qué el fortalecimiento de la sociedad civil es, en realidad, una condición para la salud de la democracia, no un paliativo transitorio de sus fallas.

El último Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD (2026), “Democracias bajo presión”, es categórico en este punto: sostener la democracia en América Latina requiere de la acción conjunta de cuatro actores, Estados capaces, partidos que reconecten con la ciudadanía, actores económicos que limiten su captura de la política, y una sociedad civil que fortalezca la deliberación pública. No es un actor de reemplazo. Es un actor constitutivo.

Esa mirada no es nueva. Ya en 2002 la OCDE advertía que ciudadanía y organizaciones pueden ser determinantes en la configuración de las políticas que las afectan, y que eso exige espacios de participación activa, no solo de consulta (Caddy y Vergez, 2002). La Alianza de Busan (2011) fue más allá: las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para que las personas ejerzan derechos, no solo para que reciban servicios. Y CEPAL (2018) lo instaló como condición, no como opción, para cumplir la Agenda 2030. El consenso internacional lleva dos décadas diciendo lo mismo: subestimar el rol de la sociedad civil no es un error técnico, es un error de diagnóstico democrático.

En Chile, ese error tiene nombre propio: la tensión entre una lectura estatista, que ve en cada convenio con una Organización de la Sociedad Civil una forma de externalización que debilita al Estado, y una lectura ultraliberal, que reduce la relación a intermediación innecesaria y riesgo de captura de recursos. Ninguna de las dos alcanza a explicar lo que efectivamente ocurre en el territorio. Gonzalo Delamaza y quien escribe esta columna lo planteamos en 2021: las organizaciones de la sociedad civil tienen una doble naturaleza, son expresión de las transformaciones sociales del país y, al mismo tiempo, agentes que cooperan con el Estado en la estructuración del orden social. Reducirlas a una sola función, la de proveedor o la de contrapeso, es no entender de qué estamos hablando.

Por eso el aporte estratégico de la sociedad civil no debería medirse en una sola escala, sino en tres. Ya lo decía Cunill y otros en 2015 está la eficacia operativa: resultados verificables, con fecha y autoría, que se pueden auditar. Está la función democrática: la capacidad de expresar y canalizar transformaciones sociales que el sistema político por sí solo no logra procesar. Y está, quizás la más olvidada, la dimensión relacional: si el vínculo con el Estado opera como compra de servicios reemplazable, o como una relación de socios que habilita cooperación de largo plazo y contraloría social autónoma. Un país que solo mide la primera dimensión y descuida las otras dos termina con una sociedad civil eficiente pero políticamente invisible, o politizada, pero sin capacidad de ejecución. Ninguna de las dos versiones fortalece la democracia.

Chile tiene evidencia de que, cuando concurren las tres dimensiones, el resultado cambia la vida de las personas. En el ámbito de la salud infantil, organizaciones cofinanciadas por el Estado han combinado atención directa a cientos de miles de niñas y niños con incidencia legislativa que modificó normas de seguridad y redujo a la mitad la ocurrencia de ciertos accidentes evitables. En protección de derechos de la niñez, coaliciones de organizaciones sostenidas por más de una década lograron instalar en la agenda, y finalmente en la ley garantías y defensorías que antes no existían. En violencia de género, organizaciones que llevan años trabajando desde una lectura de salud pública lograron traducir ese conocimiento acumulado en marcos legales integrales. Y durante la pandemia, la organización comunitaria de base demostró que, cuando el Estado no responde, la respuesta alimentaria de emergencia la entrega la comunidad. 

Ninguno de estos procesos es solo un ejemplo de “buena ejecución”. Cada uno combina resultados medibles, una función de representación social que el Estado no puede sustituir, y una relación con las instituciones que se sostuvo en el tiempo. Esa es la definición de aporte estratégico que Chile necesita instalar en el debate público: no como concesión graciosa a organizaciones bienintencionadas, sino como condición de una democracia que, según el propio PNUD, está bajo presión y necesita de todos sus actores constitutivos, el Estado incluido, trabajando como socios.