Un empleo público para el Chile que viene

El 21 de octubre de este año, FENAMINSA, expuso ante la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público. Llegamos con propuestas y no solo con reparos, porque las organizaciones de trabajadores no podemos limitarnos a oponernos. Pero también llegamos con una advertencia: disfrazar la reducción del empleo público con el halo de la modernización del Estado es un error, y el propósito declarado de esta reforma, consolidar el ajuste fiscal, hace temer que ese sea el camino. 

El diagnóstico es conocido; El Estatuto Administrativo se dictó en 1989, cuando el empleo en el Estado central era 3,4 veces menor y cerca del 80% del personal era de planta. La regla que limitaba la contrata al 20% de la planta se suspendió año a año en las leyes de presupuestos. En 1995 la proporción era 73,3% de planta y 26,7% a contrata; en 2024 se había invertido, con 26,2% y 73,8%. La carrera funcionaria no existe para la mayoría de quienes trabajan en el Estado.

Tampoco es cierto que el empleo público sea inamovible. Según Dipres, cada año sale entre 5% y 8% de la dotación; en un año reciente egresaron 19.388 personas, 5.835 de ellas por despidos y destituciones. Estas cifras se acercan al límite que el Servicio Civil chileno estima como deseable. El problema chileno no es la falta de movilidad, sino la falta de reglas que distingan la gestión legítima de la arbitrariedad. Por eso sostenemos que la flexibilidad que el Estado necesita está en la puerta de entrada a la carrera, no en la de salida.

Lo anterior exige ordenar las calidades jurídicas. Proponemos que la ley fije la composición de la dotación de cada servicio según la naturaleza de sus funciones: 75% de planta (los porcentajes son discutibles) para las funciones permanentes, con ingreso por concurso y egreso solo por causales legales y actos fundados; hasta 20% de contrata y honorarios para necesidades efectivamente transitorias, con proceso público simplificado y la obligación de crear el cargo de planta si la función se vuelve permanente; y hasta 5% de cargos de confianza política para la asesoría directa a la autoridad, de ingreso y cese libres, con término automático cuando esa autoridad deja el cargo. Es, en lo esencial, el camino de España, que distingue funcionarios de carrera, personal temporal y personal eventual (confianza política). La ventaja frente a la situación actual es evidente. Hoy la contrata sirve a la vez de puerta de entrada para técnicos y profesionales que cumplen funciones permanentes y de vehículo para asesores políticos, de modo que ambos quedan sujetos a la misma precariedad y a la misma sospecha: un funcionario con siete años de servicio y buenas calificaciones puede ser despedido “para liberar y reasignar cupos”, como si fuera un operador del gobierno saliente, mientras el operador se confunde con el funcionario de carrera. Separar la confianza política en una categoría propia, acotada y transparente le da a cada gobierno los colaboradores que legítimamente necesita sin convertir al resto del Estado en botín de guerra y protege la continuidad del servicio. La diferenciación de las calidades jurídicas y su forma de ingreso al Estado evitan convertir los mecanismos de egreso en campos de batalla administrativos, judiciales o sindicales. Chile necesita una carrera funcionaria para todos y una confianza con nombre propio: esa es la flexibilidad que moderniza el Estado.