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Chile y su vejez: la paradoja de desconfianza y soledad Opinión

Chile y su vejez: la paradoja de desconfianza y soledad

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Paulina Morales M
Por : Paulina Morales M Socióloga/ Experta Políticas Públicas
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Chile requiere transitar con urgencia hacia un nuevo pacto social intergeneracional. Un acuerdo sistémico que integre políticas públicas estables con financiamiento transparente, y que ponga en el centro la autonomía, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas mayores.


Chile está cambiando su rostro a una gran velocidad y, sin embargo, la institucionalidad y la cultura colectiva insisten en mirar hacia otro lado. La transición demográfica global se manifiesta de manera acelerada en nuestra región, configurando una pirámide de población que ya no dibuja una base sólida de juventud, sino un progresivo estrechamiento de la natalidad combinado con una extensión inédita de la longevidad. 

Los datos aportados por la 8.ª Encuesta Nacional sobre Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en Chile, desarrollada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) configuran una cruda radiografía del miedo, la desconfianza estructural y el abandono en el que se desenvuelve la vejez en nuestro país.

El proceso de envejecimiento poblacional tensiona todas las estructuras conocidas: la previsión, los sistemas de salud y el tejido comunitario tradicional. Para comprender la magnitud de la transformación espacial y demográfica que enfrentamos a nivel global y regional, los expertos suelen analizar la evolución de las pirámides de edad. El declive de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida reconfiguran radicalmente los soportes de la sociedad.

El primer gran corolario de la encuesta es contundente: un 84% de los encuestados evalúa críticamente al país, afirmando que Chile está “poco” o “nada o casi nada” preparado para gestionar y anticipar las demandas de este envejecimiento acelerado. Lejos de tratarse de una apreciación homogénea o meramente teórica, lo verdaderamente sintomático radica en cómo se fractura esta percepción a través de las variables demográficas. Existe un evidente quiebre generacional en la forma en que miramos el ciclo vital. Mientras que los jóvenes de entre 18 y 25 años conservan cierto margen de expectativas positivas, la crítica se recrudece con severidad terminal a medida que se avanza en edad, alcanzando su punto más álgido precisamente en el grupo de 60 años o más.

Los datos del informe oficial respecto a esta dimensión estructural e institucional evidencian esta fractura de expectativas de manera explícita:

Preparación percibida del país ante el envejecimiento poblacional

(Distribución porcentual por tramos de edad)

Son las propias personas mayores, aquellas que interactúan directamente y día tras día con los servicios asistenciales, comunitarios, sanitarios y previsionales disponibles, las que constatan la poca preparación del sistema frente al envejecimiento poblacional. 

Esta insatisfacción tiene un correlato al indagar en el nivel de apoyo que se entrega a quienes sufren pérdidas de funcionalidad o enfermedades crónicas importantes. En este ámbito, un 82% califica el apoyo institucional como “poco” (43,9%) o “nada o casi nada” (38,1%). Es aquí donde la profunda desigualdad socioeconómica acumulada emerge. La percepción de la vejez como una etapa de desamparo no afecta a todos por igual: se ordena en un gradiente de clase que actúa como un reflejo de las asimetrías de ingresos del país.

Evaluación del apoyo institucional ante dependencia y enfermedades

(Distribución porcentual según la clase social autorreportada)

Para la clase baja, el porcentaje de desprotección percibida (“poco” sumado a “nada o casi nada”) asciende a un 84,9%. Quienes reportan que el presupuesto familiar “no les alcanza” y experimentan dificultades económicas constantes agudizan su juicio, alcanzando un 46,2% de insatisfacción absoluta en la alternativa más negativa. La suficiencia de ingresos opera, por lo tanto, como un amortiguador material y psicológico de los juicios: mientras la clase alta dispone de recursos para mitigar las pérdidas funcionales recurriendo al mercado privado, los sectores bajos quedan confinados a una experiencia de desprotección institucional severa. En Chile, envejecer con dignidad parece haberse transformado en un privilegio exclusivo, mientras que para la mayoría se reduce a una condena de vulnerabilidad económica.

Ante un Estado que aún no se apropia del tema; y, las limitaciones del sistema privado, la familia sigue emergiendo en las comunidades chilenas como el único y último bastión de resistencia afectiva y material. Sin embargo, este soporte informal se encuentra bajo una tensión estructural insostenible. La progresiva reconfiguración de los hogares —marcados por una reducción del tamaño familiar, el aumento de hogares unipersonales y la soledad no deseada— reduce drásticamente la capacidad de cuidado a largo plazo. Al mismo tiempo, los discursos culturales y las representaciones en los medios de comunicación y redes sociales siguen atrapados en dinámicas que invisibilizan el valor de la longevidad, reproduciendo estereotipos que asocian la vejez casi exclusivamente con la pasividad, la decadencia o el declive social.

Esta fragilidad estructural ha terminado por permear la psicología individual. Al proyectar el propio envejecimiento, los chilenos reportan emociones predominantemente negativas, ambivalentes y un nivel alarmantemente bajo de planificación económica o de redes de apoyo social. Al constatar la ausencia de garantías públicas universales, la ciudadanía opta por un individualismo de supervivencia: un sálvese quien pueda atomizado donde el autocuidado se entiende como un esfuerzo puramente personal. Asumimos, con resignación y amargura, que envejecer es percibido como tema privado y no un desafío colectivo de la sociedad en su conjunto.

Quizás el dato más complejo e inquietante que revela el análisis de tendencias longitudinales (2008–2025) sea el progresivo debilitamiento de nuestra empatía fiscal y de los lazos de solidaridad abstracta. A lo largo de los años, la disposición de la ciudadanía a financiar una red de protección pública a través de un impuesto específico ha decaído. Nos enfrentamos aquí a una paradoja social perversa: la población exige con urgencia servicios robustos, mayor presencia estatal y seguridad social, pero la profunda e histórica desconfianza hacia las instituciones frena la voluntad colectiva de proveer los recursos económicos estables para construirlos. Es el síntoma de un tejido social que se encuentra profundamente tensionado y fracturado.

El envejecimiento demográfico en Chile no es una hipótesis de futuro para el fin de siglo; es el presente absoluto de nuestra realidad nacional. El abordaje de esta realidad es y debe ser de manera multidimensional. Tenemos la oportunidad de utilizar todos estos valiosos antecedentes para dotar y nutrir la reciente normativa y poder avanzar hacia mejores condiciones de envejecimiento. 

Chile requiere transitar con urgencia hacia un nuevo pacto social intergeneracional. Un acuerdo sistémico que integre políticas públicas estables con financiamiento transparente, y que ponga en el centro la autonomía, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas mayores. De lo contrario, continuaremos cimentando una sociedad fracturada donde cumplir años deje de ser el triunfo biológico de la vida y pase a convertirse en el inicio de una condena silenciosa y solitaria.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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