Los ecos del estallido social en Chile

Un estallido es producto de un escenario donde las personas experimentan y perciben un proceso de precarización social de sus vidas, y una sensación de impunidad, asimetría e injusticia latente. El concepto “estallido social” fue acuñado por Manuel Castells, un sociólogo y ex ministro de universidades en España. Su concepto trataba de dar cuenta de esa acumulación de energías reprimidas, condensadas y latentes a nivel social, las cuales se expresaban en una irrupción explosiva, donde convergen el malestar social y la crisis de legitimidad de las democracias. Lo original de los estallidos contemporáneos, es que expresan una desconexión entre la ciudadanía y el sistema político, una crisis de la democracia representativa y la convergencia de múltiples procesos temporales, geográficos, culturales y sociales. 

Son tiempos de estallidos, tiempos que parecen mostrarnos algunos de los riesgos de adoptar gobiernos que, en su afán de limitar la deuda pública y la inflación, puedan realizar ajustes a las condiciones de vidas de sus ciudadanos/as e incluso profundizar la segregación y la desigualdad. Francia, Italia y España quizás sean los más identificables a nivel internacional por el aumento del costo de la vida, pero también hay actividad civil permanente en países como Argentina, Portugal, Albania, EE. UU. y México, a lo cual se suman las muestras de solidaridad y protestas contra el genocidio perpetrado por estado de Israel al pueblo palestino. Es un momento clave en el mundo.

En este sentido, es importante recordar los aprendizajes obtenidos del estallido social de 2019, ya que, nos invita a pensar e imaginar nuevas estrategias de desarrollo, especialmente ante el retorno de las políticas neoliberales de ajuste como solución a las crisis y la recesión. La crítica al neoliberalismo fue parte importante del estallido en Chile, y pese a que se hace el acento mediático en la violencia y las protestas, el eje de la movilización estuvo en una latencia del vínculo entre economía, política y elite. Este es uno de los límites de la tolerancia a la autoridad, el cual vale la pena tener presente en un contexto donde la gestión de las AFPs ha significado el daño a las pensiones de las personas de mayor edad, develando un nuevo flanco de permisividad y laxitud regulatoria. 

Los cotizantes del Fondo E de las AFP se caracterizan por una estrategia de inversión conservadora, orientada a reducir la exposición a las fluctuaciones del mercado, por lo que suele atraer a personas próximas a jubilarse o con baja tolerancia al riesgo. Por ello, las pérdidas que alcanzan los 10 mil millones de pesos hacen necesario fortalecer los mecanismos de investigación, fiscalización, justicia y sanción. La percepción de impunidad no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que también erosiona los vínculos colectivos y profundiza la sensación de desprotección ciudadana. Cuando la sociedad percibe que no existen responsables ni consecuencias frente a estas pérdidas, se instala una experiencia de abandono que puede convertirse en terreno fértil para la emergencia de nuevas formas de malestar social.

La defensa de las pensiones, de la vejez y de las personas mayores, sigue siendo esencial para conocer las cualidades y la salud de una sociedad, especialmente en sociedades que se consideran así mismas democráticas y que han aprendido las consecuencias de alimentar las asimetrías y la desigualdad. 

• Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Católica del Maule.