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En defensa de la reinserción social Opinión

En defensa de la reinserción social

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Álvaro Castro Morales
Por : Álvaro Castro Morales Director Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho Universidad de Chile
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Discutir sobre la rebaja de condena, salidas y libertad condicional sin considerar el rol que juegan como incentivos al cambio es un error.


En los últimos días se ha generado en el país una acalorada discusión en torno a los beneficios penitenciarios. La discusión desde luego tiene sentido, pero el debate sólo ha prestado atención a una de sus dimensiones, la del control, que curiosamente es la arista que menos rendimiento genera para proteger los intereses de la víctima. Es un hecho aceptado que la ejecución de la pena brinda un espacio donde las instituciones jurisdiccionales y penitenciarias  deben asegurar el cumplimiento de la pena por la vía de establecer controles, limitaciones y protocolos de disciplinamiento que buscan, con distintas intensidades, castigar a una persona por cometer un delito y dañar a una persona.  Pero también es un hecho aceptado en los Estados civilizados que la ejecución de la pena brinda un espacio para trabajar en el cambio de la persona condenada, por la vía de establecer incentivos al cambio y programas que se focalizan en los factores que llevaron a la persona condenada a cometer un delito. Se trata de un esfuerzo que está documentado por la evidencia internacional que vale la pena desplegar para proteger a las víctimas y la seguridad de toda la comunidad. Los estudios internacionales han demostrado que la ejecución de la pena focalizada en el control y la reinserción genera mejores resultados, menos reincidencia, que la ejecución de la pena focalizada únicamente en el control y la pena efectiva. 

Discutir sobre la rebaja de condena, salidas y libertad condicional sin considerar el rol que juegan como incentivos al cambio es un error. También discutir sobre los beneficios penitenciarios sin hacer distinciones en torno al tipo de delito, sin comprender las lógicas de reinserción social que las sostienen, es un problema que afecta a las víctimas y a la seguridad ciudadana. Desde luego, que nuestro sistema requiere mejoras, yo mismo he sido crítico con su funcionamiento. Pero estas mejoras no van de la mano con eliminar o limitar estas instituciones y tampoco con responsabilizar a las diversas instituciones que participan en su decisión. Las reformas correctas en materia de beneficios penitenciarios comprenden que la reinserción social es clave en la ejecución de la pena y que debería tener distintas dimensiones y amplitudes según sea la criminalidad a la que nos enfrentemos.  En otro lugar, hemos planteado con un grupo de académicos, la distinción entre reinserción con foco en las oportunidades para la criminalidad común y la reinserción con foco en el riesgo para la criminalidad compleja. Adicionalmente, sería pertinente asegurar que todas las decisiones vinculadas con el reproche penal en la ejecución de la pena deberían ser decididas por jueces penales y en espacios procedimentales orales, con bilateralidad, de modo tal que permita al juzgador cruzar información y minimizar errores, donde puedan sopesarse en su mérito, los informes de avances del plan de intervención, la opinión de la víctima, el proceso de cambio de la persona condenada, así como también  la opinión de la institución penitenciaria. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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