Opinión
La infancia no está en venta
La tecnología seguirá avanzando. Nuestra responsabilidad es que ese avance respete a quienes viven con sus consecuencias. La infancia no está en venta.
A cualquier padre o madre le ha tocado discutir por el teléfono. “Un video más”, “todos mis compañeros tienen”, “ya voy a apagarlo”. Ponemos horarios, insistimos, nos equivocamos. Pero mientras intentamos establecer límites, hay empresas invirtiendo recursos para que nuestros hijos sigan conectados.
Por eso es una buena noticia el proyecto que aprobamos en la Comisión de Ciencias. Su medida más conocida es prohibir el acceso a determinadas redes sociales a menores de 14 años. Sin embargo, hay otros cambios que merecen conocerse.
El texto prohíbe el diseño algorítmico adictivo para menores de 18 años. La regulación deberá incluir el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las recompensas por permanecer conectado. Conocemos ese mecanismo: termina un video y comienza otro, sin una pausa para decidir si queremos seguir. Detrás hay una decisión de diseño y alguien debe responder por ella.
También se prohíbe crear o comercializar perfiles psicológicos, emocionales o de comportamiento de menores, y utilizar sus datos para dirigirles publicidad. Una empresa no debiera aprovechar lo que sabe sobre las inseguridades de una niña para venderle un producto.
Hay una disposición que muestra hasta dónde llega esta discusión. El proyecto prohíbe que una inteligencia artificial manipule emocionalmente a un menor para generar dependencia, alejarlo de sus vínculos o impedir que termine una conversación simulando sufrimiento o abandono. Que debamos legislar sobre esto debiera hacernos pensar. Hablamos de sistemas capaces de intervenir en la vida afectiva de nuestros hijos.
En los videojuegos se prohíben las recompensas pagadas cuyo contenido es aleatorio o desconocido antes de comprarlas, como las cajas de recompensa. Las compras dentro de las plataformas deberán estar deshabilitadas por defecto para menores y requerir una decisión de sus padres o cuidadores para habilitarse.
El proyecto entrega la fiscalización a la Agencia de Protección de Datos Personales, contempla multas de hasta diez mil unidades tributarias mensuales y exige representación legal en Chile a las plataformas extranjeras con presencia significativa en el país.
Destaco cómo llegamos hasta aquí. En la comisión presidida por Daniel Manouchehri (PS) hubo un trabajo muy transversal. Felipe Ross (Republicanos), Cristóbal Martínez (UDI), Diego Schalper (RN) y Consuelo Veloso (FA), entre otros integrantes, son ejemplos de esa colaboración, a la que también aportaron los asesores del Ministerio de Ciencias. Como coautor de varias mociones refundidas, valoro ese esfuerzo. En una política acostumbrada a la pelea, estos acuerdos merecen reconocerse.
Falta la votación de la Cámara y, si se aprueba, la tramitación en el Senado. Habrá que cuidar que las obligaciones sean aplicables y que verificar la edad respete la privacidad.
Pero esto debe ser el principio de algo mayor. Las tecnologías que operan en Chile deben someterse a nuestra regulación y respetar los derechos, valores y principios de nuestra Constitución y nuestras leyes. Ninguna empresa puede quedar por encima de ellos porque tenga millones de usuarios o su sede esté en otro país.
Nos corresponde decidir qué límites ponemos para proteger a las personas, las familias y los intereses de Chile. La tecnología seguirá avanzando. Nuestra responsabilidad es que ese avance respete a quienes viven con sus consecuencias. La infancia no está en venta.
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