Opinión
Un modelo mixto que permita recuperar el alma de la “U”
es imperativo, tal como han señalado distintas autoridades universitarias, que la casa de estudios firme con Azul Azul un nuevo convenio que establezca mecanismos de control para resguardar el patrimonio.
Desilusión, rabia y tristeza son apenas tres palabras que alcanzan a describir el sentimiento de los hinchas de la “U” respecto del devenir institucional. Si bien en lo deportivo la situación es positiva, en lo institucional el club ha experimentado un despojo patrimonial, cultural, económico y social. Los ejemplos de la crisis ética, cultural y social que atraviesa el club sobran: el uso del club para oscuras maniobras financieras del grupo Sartor, cuya matriz está hoy en liquidación forzosa y varios de cuyos principales directores y ejecutivos se encuentran en prisión preventiva; el uso del emblema y el nombre de la casa de estudios para promover casas de apuestas no reguladas y la compra de criptomonedas; la sistemática exclusión de los hinchas de la gobernanza del club, y la intromisión de reconocidos hinchas de Universidad Católica en la plana directiva.
En medio de todo lo anterior, se avecina el proceso de venta del 63 % de las acciones de Azul Azul, producto de la liquidación de la matriz de Sartor, dueña de esa fracción a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Al mismo tiempo, la histórica Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (CORFUCH), dueña de los derechos federativos de la “U”, que se vio obligada a concesionar tras su quiebra en 2006, ha logrado regularizar su situación legal y celebrará sus elecciones el próximo 19 de diciembre.
Como tercer ingrediente de este ajetreado escenario institucional, la casa de estudios, a través de su prorrectora, Dorotea López, ha señalado públicamente que la Universidad busca firmar un nuevo convenio de uso del nombre y los símbolos del que goza la concesionaria, debido a los reiterados incumplimientos en que Azul Azul ha incurrido, que transgreden los principios fundamentales de la institución.
Todo esto ocurre mientras se implementa la Ley 21.824, que reforma la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales y busca corregir algunos vicios de un modelo de administración cuyos principales afectados han sido los clubes de fútbol y, finalmente, los hinchas, su razón de ser.
Opacidad en la propiedad de los clubes, exclusión completa de los hinchas de la gestión y la administración, deterioro progresivo del rol social de los clubes y concentración del poder han sido algunas de las consecuencias negativas del modelo de sociedades anónimas. Por otro lado, no se puede desconocer que, en varios casos, estas han logrado generar solvencia económica y financiera (paradójicamente, no en la “U”) y han aportado recursos y gestión profesional a un rubro altamente competitivo, cuyos volúmenes económicos exigen los más altos estándares de administración.
En el caso particular de la Universidad de Chile, hay tres actores insoslayables que deben participar en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza que le dé equilibrio institucional, participación a sus hinchas y gestión profesional del más alto nivel: los inversionistas privados, los socios organizados en la CORFUCH y la Universidad. Cada uno necesita de los otros para alcanzar un acuerdo que sea lo más beneficioso para la U y que nos evite volver a vivir una crisis como la que todavía atraviesa el club.
Ese acuerdo no depende solo de la buena voluntad de los nuevos dueños. Quien se adjudique el 63 % de Azul Azul comprará, en rigor, una concesión: los derechos federativos pertenecen a la CORFUCH, y el nombre y los símbolos, a la Universidad. Ambas tienen, por tanto, legitimidad y herramientas para exigir que los socios, a través de la CORFUCH, tengan asientos con voz y voto en el directorio, como ocurre en Colo-Colo con el Club Social y Deportivo. La Universidad puede incorporar esa condición en el nuevo convenio, y la Ley 21.824 empuja en la misma dirección. Al comprador también le conviene: la clasificadora de riesgo Moody’s ha identificado el gobierno corporativo como el principal riesgo de Azul Azul, de manera que sumar a los hinchas a la mesa es una inversión en estabilidad, no un costo.
Por lo mismo, es imperativo, tal como han señalado distintas autoridades universitarias, que la casa de estudios firme con Azul Azul un nuevo convenio que establezca mecanismos de control para resguardar el patrimonio inmaterial, simbólico y moral de la principal institución de educación superior del país, que le da al club su nombre, sus símbolos y buena parte de su historia.
Nada de esto supone desconocer el aporte y la necesidad de los capitales privados para el desarrollo exitoso de la dimensión deportiva del club: la gestión deportiva y la alta profesionalización exigen el manejo de grandes volúmenes de dinero, y en ello los capitales privados desempeñan un rol crucial.
En definitiva, al menos para el caso de la Universidad de Chile, un modelo tripartito, en el que empresarios, socios y casa de estudios participen con cuotas de poder equilibradas, es la vía más sólida para garantizar una estabilidad institucional de mediano y largo plazo que supere las constantes crisis y turbulencias a las que los hinchas de la U nos hemos acostumbrado. Cada uno aporta lo que los otros no tienen: los inversionistas, capital y gestión; los socios, legitimidad y participación social; y la Universidad, su patrimonio simbólico y el resguardo de los valores públicos.
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