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Después de todo, la gratuidad no desfinancia la educación superior Opinión

Después de todo, la gratuidad no desfinancia la educación superior

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Coincidimos en que, después de diez años, la gratuidad merece una evaluación integral. Pero esa evaluación debe partir por los balances efectivos de las instituciones y no por la diferencia hipotética entre lo que reciben y lo que podrían haber cobrado.


AcciónEducar publicó hace poco un informe que estima en $1,855 billones el déficit acumulado que la gratuidad habría generado en las instituciones adscritas entre 2016 y 2025. Una editorial de El Mercurio advirtió, en la misma línea, que no se han aquilatado los complejos efectos de la gratuidad sobre el sistema. Ambas intervenciones descansan sobre una misma idea, según la cual la regulación de aranceles y vacantes ha desfinanciado a las instituciones que se sumaron a la política. Y ambas sufren del mismo problema: no se sostienen a la luz de los estados financieros de esas mismas instituciones.

Conviene precisar primero qué mide la cifra de AcciónEducar. El llamado déficit es la diferencia que emerge entre lo que las instituciones habrían recaudado cobrando sus aranceles de lista y lo que efectivamente reciben bajo las reglas de la gratuidad, a lo que se suman los topes de cobro para los deciles 7 a 9 y las restricciones por sobreduración. Se trata de un ingreso contrafactual, calculado sobre precios que fijan las propias instituciones, y no de una pérdida registrada en sus balances. Según datos a 2026, el arancel real supera en promedio en casi 6% al regulado, y en 9,5% si se consideran además los derechos de matrícula. Esos datos dicen harto sobre la distancia entre precio de lista y costo, pero poco sobre la suficiencia del financiamiento. Para saber si una institución está desfinanciada hay que observar otra cosa, que es la relación entre sus ingresos y sus gastos.

Antes de la introducción de la gratuidad, el margen EBIDTA de las instituciones que hoy se encuentran en gratuidad –y que mide el porcentaje de los ingresos que queda como resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización– había venido cayendo. Pasa de 12,2% a 9,3% entre 2012 y 2018, conforme a la base de panel que publica la Superintendencia de Educación Superior. Luego de los años del estallido social y la pandemia, ese margen se expande significativamente: pasa de un 10,3% a un 21,9% entre 2021 y 2024. Según los Estados Financieros 2025 recientemente publicados, el margen EBITDA para este grupo de instituciones llega a un 22,2%, alcanzando la suma de 1,35 billones de pesos (unos 1.470 millones de dólares), la cifra más alta de toda esta serie histórica. Si el arancel regulado estuviera por debajo de los costos, los márgenes se habrían estrechado, y los balances muestran justamente lo contrario.

Pero el dato más elocuente aparece al desagregar los resultados económicos que exhiben los distintos grupos de instituciones en gratuidad. Las universidades privadas adscritas que están fuera del CRUCH son el grupo donde la brecha entre arancel real y regulado es mayor. En la perspectiva de AcciónEducar, debería ser el grupo más golpeado por los aranceles regulados. En 2025, sus gastos totales sólo representan un 72% de sus ingresos totales, profundizando una brecha entre ingresos y gastos que es ascendente desde 2021, lo que sugiere una estructura de ingresos y gastos de la operación que es sustentable. Con un margen algo menor, lo mismo tiende a ocurrir con las privadas del Consejo de Rectores, los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Sólo las universidades estatales exhiben márgenes más ajustados, fruto quizás de una estructura de costos mucho más inflexible. 

Por supuesto, esto no significa que la gratuidad carezca de tensiones. Bajo las cifras agregadas se esconden diferencias importantes. Desde 2022 creció la proporción de universidades con problemas de liquidez, que en 2024 alcanzaba a cuatro de cada diez. Hay además casos en que los estados financieros no reflejan del todo prácticas como el factoring de las cuentas por cobrar fruto, entre otras cosas, de la incertidumbre sobre las épocas en que las instituciones reciben las transferencias de gratuidad. Se trata, sin embargo, de problemas acotados, heterogéneos y en buena medida ajenos al diseño de la gratuidad, que no permiten hablar de un déficit estructural.

Coincidimos en que, después de diez años, la gratuidad merece una evaluación integral. Pero esa evaluación debe partir por los balances efectivos de las instituciones y no por la diferencia hipotética entre lo que reciben y lo que podrían haber cobrado (que, además, desconoce la práctica de descuentos y becas totales y parciales que las mismas instituciones ofrecen y que hacen que el arancel de pizarra se aplique a muchos menos casos del universo considerado). La evidencia disponible a través de los estados financieros publicados muestran un sistema que, en su conjunto, genera más excedentes con gratuidad que antes de ella, y ese dato debería ser el punto de partida de cualquier discusión sobre cómo mejorar la política.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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