La historia de Carlos Aránguiz que la Suprema intentó sepultar

Costó en un principio entender la negativa de la Corte Suprema a una solicitud de El Mostrador.cl para que se entregara a este medio la investigación administrativa-disciplinaria que instruyó el ministro Marcos Libedinsky sobre la conducta del ex fiscal de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Carlos Aránguiz, quien hoy, desde su puesto como ministro de la Corte de Rancagua, investiga el caso GATE, Coimas y sus posibles otras derivaciones.



Tanta protección -en otros casos es posible acceder, al menos, a las resoluciones finales dictadas a raíz de este tipo de procesos administrativos-disciplinarios-, generó que, hasta ahora, la ciudadanía no pudiera tener un real conocimiento de las razones por las cuales fue sancionado tiempo atrás quien ha sido llamado el juez de hierro, también denominado -por El Mercurio-como el juez poeta.



Este blindaje también permitió una importante cantidad de publicaciones de prensa erradas en lo que respecta a la verdadera biografía funcionaria y características personales del importante magistrado. Los medios periodísticos, en múltiples versiones elogian sin contrapesos ni matices el carácter del magistrado, sin dudar en referirse a éste como un hombre con un alto sentido de la justicia, de férrea independencia y con una objetividad "a toda prueba".



Respecto a su paso por Coyhaique, los medios dieron por sentado que las denuncias que realizó Aránguiz sobre la judicatura de esa zona el año 93 se referían a vínculos de altos miembros del Poder Judicial con mafias destinadas al narcotráfico, las mismas que estarían tras las 12 muertes en Aisén. Es por eso que las versiones apuntaban a que el juez Aránguiz había detectado, con nueve años de anticipación, "visionariamente", hechos irregulares que, dada su gravedad, ni abogados ni funcionarios se habrían atrevido a ratificar ante el ministro de la Corte Suprema Marcos Libedinsky.



Este supremo viajó especialmente a la zona para verificar las denuncias del magistrado pero, según la misma indocumentada versión, hasta ahora dada por cierta, al encontrarse con tantas negativas por parte de quienes sí habían confesado a Aránguiz los hechos, determinó que era necesaria la expulsión del juez. Nada más injusto a los ojos de la ciudadanía.



Pero todo lo dicho se cae hoy a pedazos. Una reconstrucción exhaustiva de los hechos realizada por El Mostrador.cl devela que la pasada del ministro Aránguiz por Coyhaique da cuenta de un personaje muy distinto al hasta ahora conocido.



Tal vez fue eso lo que quiso evitar la Suprema al negar a este medio periodístico el conocimiento del proceso administrativo efectuado por el ministro Libedinsky, y que -por lo mismo- El Mostrador.cl estuvo obligado a reconstruir mediante una extensa investigación.



La historia oculta



Antes de entrar a analizar el tipo de personalidad del juez Aránguiz que logró constatar el ministro Libedinsky con su investigación, es necesario despejar ciertas dudas respecto a qué fue lo que verdaderamente denunció en Coyhaique el magistrado que instruye el Caso Coimas. Nada de drogas ni tráfico ni protección a mafias, en todo caso.



El año 1989 el ministro Aránguiz llegó a Coyhaique como Fiscal de su Corte de Apelaciones, proveniente del Cuarto Juzgado del Crimen de Valparaíso, dejando atrás un pasado intensamente vinculado al ultraizquierdista movimiento troskista y habiendo arribado a un tradicional catolicismo aún más militante. En la Undécima Región incluso manifestó su intención de convertirse en diácono.



Poco después de su llegada a Coyhaique, el entonces fiscal denunció una excesiva ingesta de alcohol por parte de los ministros del tribunal de alzada de la Undécima Región, pero fue en 1993 cuando comenzaron los problemas serios. En julio de ese año, su esposa, Gloria González Espinoza, se instaló con una sociedad comercial llamada Pandora cuyo rubro era la venta de artículos computacionales y de oficina.



Resultó que ese mes la comercial Pandora suscribió un convenio con la Corporación Administrativa del Poder Judicial de la XI Región de Coyhaique, para proveer de insumos a los tribunales de esa parte del país. Enterado del convenio, el entonces presidente del tribunal de alzada, Hugo Andrés Bustos, dictó el decreto económico número 147, que prohibió en su jurisdicción compras institucionales a sociedades que pertenecieran a miembros o parientes del Poder Judicial.



El ministro Aránguiz reaccionó a tal impedimento, que perjudicaba al negocio de su mujer, solicitando al Pleno del tribunal de alzada que ampliara las limitaciones a los productos cultivados en chacras cuyos dueños fueran parientes de funcionarios judiciales y a la compra de productos del mar en veda. A simple vista esto aparece como extraño, pero tenía por objeto intentar poner fin al abastecimiento de frutas y verduras que la esposa del ministro Bustos hacía a funcionarios de la Corte de Coyhaique.



La sociedad Pandora, adicionalmente, presentó ante la Corte Suprema una queja funcionaria argumentando que el ministro Bustos había presionado a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para emitir un informe desfavorable al convenio con Pandora.



Ambas presentaciones impulsadas por Aránguiz fueron rechazadas.



Ofuscado por la falta de recepción de sus peticiones, el fiscal Aránguiz dejó en manos de la literatura la forma de denunciar tales injusticias. Y fue entonces que publicó los «cuentos infantiles para adultos» El conde Pecho, I y II. En el primero de ellos, relató la historia de un bufón que, sin haber nacido en cuna noble y a través de un engaño al Rey, logró obtener el título de conde y, luego, fue enviado a un pequeño ducado de gente campesina llamado Lituria, donde las personas nunca habían visto a un personaje con tal título "ni lo habían necesitado tampoco". En la narración se señala que el hombre era "tan mediocre que, de tanto disimularlo, empezó a creerse brillante y sabio".



El conde, llamado Pecho, se transformó en cruel y déspota, "como suele suceder cuando alguien recibe lo que no le pertenece".



Quienes leyeron en El diario de Aysén el cuento escrito y firmado por Carlos Aránguiz Zúñiga se percataron de inmediato que éste iba en abierta referencia al ministro Bustos.



Al caos en la Corte de Coyhaique generado tras la publicación de los cuentos se sumó la formulación de cargos, por el propio Aránguiz, en su calidad de fiscal de la Corte, en contra los miembros de ese tribunal de alzada. Fueron muchos e iban desde la ingesta excesiva de alcohol denunciada anteriormente hasta abultamientos irregulares de las estadísticas a fin de no aparecer como la Corte con menos causas revisadas, pasando por maltratos a funcionarios por parte de los magistrados de alzada, riñas verbales y griteríos al interior del edificio del tribunal y retrasos en la dictación de fallos. Incluyó, también, el tema de las verduras y los mariscos en veda.



Los hechos se sucedían sin que nadie pudiera frenar la bola de nieve y, ante tamaño escándalo, que incluía habladurías en todo la ciudad, el Pleno de la Corte Suprema envió al ministro Libedinsky a constituirse en la zona para efectuar una investigación de las denuncias.



Sobre el consumo de alcohol en forma excesiva y habitual, Aránguiz acusó a los ministros Hugo Bustos, Sergio Mora, Mario Kompatzki y Pedro Leñam. El grueso de las imputaciones iban contra el primero, quien, según la formulación de cargos del fiscal, había sido visto en completo estado de ebriedad en una fiesta y en las mismas dependencias de la Corte.



En la investigación del ministro Libedinsky ni un solo testimonio avaló tales denuncias. Lo mismo ocurrió con los supuestos malos tratos a subalternos. Ni siquiera los eventuales afectados dieron indicios de que esta situación se habría producido.



Otras denuncias infundadas



Carlos Aránguiz también había denunciado que los ministros del tribunal de alzada se llevaban pésimamente entre ellos, que casi no se hablaban y que, cuando sí, sostenían discusiones sin guardar la debida compostura en dependencias de la Corte. Nuevamente, el fiscal malinterpretó una serie de situaciones que le tocó presenciar en oportunidades que integró sala junto a los magistrados.



Respecto a la tramitación de los fallos, el fiscal Aránguiz denunció supuestas irregularidades que había descubierto tras constatar que muchas resoluciones no eran notificadas en la fecha que se indicaba en el fallo. Pero la explicación estaba dada en que los funcionarios, al comenzar a transcribir un fallo lo databan el día en que este procedimiento se iniciaba y muchas veces la resolución debía pasar a la firma de los ministros al día siguiente.



Personas que en la época tuvieron en sus manos la investigación del ministro Libedinsky, quienes ayudaron a la reconstrucción de los hechos, comentan que el expediente superó la centena de carillas y que contuvo una gran cantidad de declaraciones de ministros, jueces, funcionarios de la zona, abogados, autoridades de la región e, incluso, periodistas y sacerdotes.



Las conclusiones del informe que fue presentado al pleno de la Suprema por el ministro Libedinsky y que está fechado el 8 de abril de 1994, destaca que los cargos presentados por Aránguiz en contra de sus "pares" carecían de sustento, pero también que ellos fueron formulados en forma "ligera" y basándose en hechos "no establecidos". Se incluye que, en otras ocasiones, las imputaciones se formularon sobre la base de "hechos distorsionados" o "simples suposiciones del señor fiscal que aparecían destinadas a otorgarle un carácter ilícito o irregular a conductas o actuaciones perfectamente lícitas y normales".



Por ello, y por haber atentado Aránguiz, según Libedinsky, contra la dignidad de los ministros y haber tenido conductas injuriosas y difamatorias que podrían haber sido objeto -incluso- de requerimientos en virtud de la Ley de Seguridad del Estado, solicitó la remoción de Aránguiz del Poder Judicial.



La salvada de Carlos Aránguiz



Pero el Pleno de la Corte Suprema decidió, finalmente, no remover al fiscal en forma definitiva, sino que suspenderlo por dos meses de sus funciones. Carlos Aránguiz era nieto del ex ministro del máximo tribunal, Estanislao Zúñiga. Eso, sumado a un cáncer que el juez de hierro había presentado en fecha cercana, apiadó a los más altos miembros del Poder Judicial.



Durante su visita a Coyhaique, Libedinsky pudo percatarse de otra situación irregular que afectaba al propio fiscal: había intervenido en una causa en la que debió haberse inhabilitado.



Ocurrió que el año 93 cuatro mujeres de Coyhaique acudieron a la curia de la zona a comunicar que harían pública una denuncia contra monjas del hogar de menores Clara Bossatta, por maltrato a las internas.



En ese entonces, el ministro Carlos Aránguiz formaba parte del comité asesor diocesano del obispo Aldo Lazarinni Stella, hoy en Italia. En esa calidad, sostuvo conversaciones con las mujeres denunciantes a fin de que se le diera una solución interna o puertas adentro al tema y no llegar a los tribunales. Para asumir tal postura, fue presionado por sacerdotes de la zona, quienes le indicaron que lo mejor era que la situación fuera conversada y solucionada con el mismo obispado.



Una vez fracasadas las gestiones de "abuenamiento" impulsadas por Aránguiz -que el juez negó ante Libedinsky tal como lo hiciera cuando fue consultado si el Conde Pecho se refería al presidente del tribunal de alzada de la zona-, la denuncia por los malos tratos finalmente fue presentada ante el Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique el 9 de septiembre y pocos días después (el 14) las mujeres entregan los antecedentes al mismo fiscal Aránguiz, quien -sin inhabilitarse, como debía- se hace parte en la causa. El 20 de febrero de 1994 se decretó el sobreseimiento temporal de la causa sin procesados, resolución que fue informada en forma favorable por el fiscal y que luego fue aprobada por la Corte de Apelaciones.



Principales conclusiones del ministro Libedinsky



El ministro de la Suprema, que destaca por ser uno de los magistrados mejor preparados del máximo tribunal y famoso por su conducta intachable, expresa en su informe final, entregado a sus "pares" del máximo tribunal del país, que él pudo personalmente constatar durante los 15 días que estuvo en la zona que el fiscal Aránguiz carecía de neutralidad, imparcialidad, prudencia y ponderación, por lo que, estimó y así lo informó al Pleno, no poseía las condiciones para el desempeño de su actividad funcionaria.



(Vea mañana la segunda parte de esta investigación, dedicada -entre otros puntos- a los recientes actos de la Excma. Corte Suprema tendientes a impedir que los antecedentes referidos más arriba sean conocidos por la opinión pública).



VEA ADEMÁS:



El conde Pecho I, que -todo indica- Aránguiz dedica al presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique



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