A pesar de la resistencia de los distintos gremios del sector, la Cámara Baja despachó anoche el proyecto de ley que reforma el Ministerio de Salud, instaura los hospitales autogestionados y complementa, o busca complementar, los sistemas privados y públicos de atención.
Por amplia mayoría la Cámara de Diputados despachó anoche el proyecto de ley sobre Autoridad Sanitaria. Con esta aprobación, que se suma al visto bueno dado por el Senado el martes pasado a la iniciativa, concluyó exitosamente su paso por el Congreso uno de los ejes de la reforma a la salud.
De esta forma, la iniciativa que modifica el decreto ley número 2.763, de 1979, superó la resistencia de los distintos gremios de la salud, que veían en este proyecto (y en todos los que componen la reforma al sector) una forma de privatizar el sistema público de salud.
Los puntos centrales del proyecto, aprobado en su totalidad tanto por los senadores como por los diputados, son la reestructuración del Ministerio de Salud a través de la creación de dos subsecretarías y una superintendencia; el énfasis en la complementariedad de los sistemas privados y públicos de atención; además de la instauración de la autogestión de los hospitales.
El origen de la nueva autoridad
Los cambios que llegarán con la reforma de salud sólo se explican al considerar el negativo diagnóstico del funcionamiento del sistema actual, que realizan los distintos actores sociales involucrados en la materia.
Las críticas, que en términos generales son compartidas tanto por el Gobierno como por la oposición y hasta por los gremios, apuntan a que el sistema vigente es inadecuado para los cambios epidemiológicos, demográficos y culturales experimentados por la población chilena, desde fines de los setenta.
Todos estos sectores coinciden en que el estado actual de la salud ha derivado en una insatisfacción tanto de los usuarios como del personal de los centros de atención médica, por la falta, entre otras cosas, de mecanismos adecuados de control. Estos mecanismos inconvenientes de control son los que busca solucionar la reforma, a través de la ley de autoridad sanitaria.
Para ello han sido definidos objetivos nacionales de la autoridad sanitaria, tales como disminuir las desigualdad en salud, enfrentar el envejecimiento de la población, proveer de servicios acordes con las expectativas de la población y aumentar los logros sanitarios.
Las soluciones contempladas por la autoridad sanitaria para lograr estos objetivos pasan por la implementación de un Ministerio de Salud rector, es decir, con autoridad para regular y fiscalizar los problemas de salud existentes, particularmente los derivados de la implementación del plan Auge. De acuerdo a la nueva legislación, en esta nueva función también participarán la subsecretaría de Salud Pública (que hasta hoy no existía), el Instituto de Salud Pública y los directores regionales de salud.
Con la nueva estructura, el Ministerio se desligará de las funciones de gestión del sistema público (que hoy en día ocupan buena parte de su quehacer), las que serán repartidas entre la subsecretaría de Redes Asistenciales (que tampoco existía hasta hoy), los servicios de salud, los establecimientos autogestionados en red, los establecimientos municipales de atención primaria, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Central Nacional de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Con esta nueva estructura el Ministerio de Salud quedará conformado por dos subsecretarías: la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales, mientras que la actual subsecretaría dejará de existir.
La verdadera utilidad de este nuevo sistema sólo será puesto a prueba una vez que el plan Auge comience a operar a cabalidad, lo que ocurriría durante el transcurso del año 2005.
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