La colaboración con la justicia anunciada por Belfi y MIS se tradujo en que se judicializó la versión de que el ex jefe del MOP fue quien recomendó a las empresas encargar consultorías a la firma de Peña Véliz.
Judicializadas quedaron ya las denuncias que vinculan al ex biministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Cruz con las solicitudes hechas a distintas constructoras y consultoras que participaron en procesos de licitación de obras y asesorías viales para que contrataran estudios a la empresa GATE.
Así, a partir de ahora la ministra en visita que pesquisa el caso, Gloria Ana Chevesich, podría enfocar la investigación a identificar si el ex titular del MOP está comprometido en otros delitos distintos al fraude al Fisco, por el que fue procesado por el ex magistrado que instruía la causa, Carlos Aránguiz.
Las declaraciones brindadas en los últimos días por ejecutivos de las dos empresas constructoras cuestionadas por estos pagos -Belfi y el consorcio MIS- abrieron esta nueva etapa investigativa para la ministra Chevesich, línea que ya se venía definiendo a través de distintas versiones de prensa.
Fuentes judiciales informaron a El Mostrador.cl que al menos uno de los ejecutivos interrogados en los últimos días declaró que la solicitud de contratar los estudios con GATE provino directamente del ex ministro Cruz. También se habría apuntado contra el ex director de Vialidad del MOP, Pablo Anguita Salas, quien antes se desempeñó en el área de concesiones.
Cercanos al caso, en tanto, dieron cuenta que las empresas aportaron en los últimos días los estudios ambientales cuestionados, los que, se dijo, no valían el precio que fue pagado a GATE y eran innecesarios de contratar, según habrían declarado los mismos ejecutivos.
Sin embargo, pese a que eran prescindibles, los estudios fueron contratados como una especie de requisito previo para continuar en el sistema y seguir partipando en licitaciones del MOP.
Belfi y MIS (a través de Mendes Junior) pagaron a GATE por los estudios cerca de 100 millones de pesos cada una, los días 25 y 28 de agosto de 2000. El dinero (190 millones en total) fue cobrado el 30 y el autorrobo de la ex secretaria Sara Oliva y su madre se produjo en septiembre, siendo detectado a fines de ese año. Tras ello, la empresa recuperó cerca de 160 millones, cuyo destino aun no se conoce.
Operatoria masiva
Este medio pudo saber también que a partir de los testimonios recibidos en la causa durante los últimos días la ministra podría trabajar ahora sobre la base de la sospecha de que existieron pagos injustificados al MOP -vía GATE u otra- no sólo efectuados por algunas constructoras sino que también por todas aquellas que, al menos entre los años 1999 y 2000, se adjudicaron licitaciones viales por altos montos, incluidas aquellas dedicadas a las asesorías y estudios de ingeniería.
De esta forma, una de las próximas diligencias de la magistrada apuntaría a tomar testimonio a los representantes de todas las sociedades que estarían en esta situación, la que, de ser efectiva, transformaría los pagos a GATE por parte de las empresas en algo así como la bajada del taxímetro para poder participar en los procesos de licitación con ese ministerio.
Desde las empresas aun no vinculadas judicialmente con el tema surgen voces que definen esta situación, conocida por muchos, a través de la siguiente lógica: si una empresa no es receptiva con la sugerencia de contratar este tipo de asesorías, el ministerio puede literalmente reventarla: no recibirle la obra, aplicar multas, no llamarla a licitaciones privadas, etc.
Aunque la veta investigativa de pesquisar todos los pagos hechos a GATE por las sociedades constructoras y consultoras podría dar pronto luces de la masividad de estas operaciones, la justicia, señalan fuentes cercanas al tema, debiera toparse con una zona oscura puesto que muchas de las transacciones no habrían dejado registros o huellas, tales como facturas o cheques. Por ende, la confesión de alguno de los involucrados sería la vía más factible para poder judicializar esta versión, sostienen.
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