El ex director del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), Nassir Sapag, se presentó ayer por la tarde a prestar declaración ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), oportunidad que aprovechó para defender la "limpieza" del contrato cuestionado por Contraloría: "es el trabajo de mayor impacto y relevancia que se ha hecho al MOP», sostuvo.
Antes de presentarse a declarar, el cuestionado director del Ciade, recopiló la mayor cantidad de antecedentes del contrato, que le permitan demostrar que la denuncia presentada carece de asidero. Sapag basó su defensa en las "imprecisiones" que contendría el informe del organismo contralor sobre un contrato que, en su momento, fue revisado y aprobado por la Contraloría.
Aunque había estado en le ojo del huracán desde que se revelaron las supuestas irregularidades en contratos entre el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade) y el Ministerio de Obras Públicas, su ex director, Nassir Sapag, no perdió la oportunidad para hacer sus descargos ante el informe de la Contraloría que lo inculpa.
El organismo fiscalizador detectó pagos irregulares en la cancelación de honorarios a 13 secretarios regionales ministeriales de Obras Públicas y otros funcionarios por montos que alcanzan los 270 millones de pesos por lo que hizo una presentación ante el Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y que investiga el juez (s) Alejandro Rivera. Los sueldos pagados a los seremis -por efectuar labores "extra"- llegaban en algunos casos a los 9 millones de pesos.
Sapag aseguró que las remuneraciones extraordinarias otorgadas a los secretarios regionales "ascendían a alrededor de los 12 millones de pesos", y no a 9 como constata el organismo fiscalizador.
Agregó que "en un 100 por ciento que el proyecto con los seremis en base a lo que consideramos que era el equipos técnico más apropiado para las tareas encomendadas. Era fundamental que nos entregaran los antecedentes".
El académico añadió en la Contraloría se está realizando un sumario administrativo para determinar las competencias de los fiscalizadores que denunciaron los hechos a la justicia.
Otro de los puntos que destacó el académico es que no fueron 13, sino que 14 los seremis que recibieron honorarios por contratos con el MOP, entre ellos uno de los subrogantes que participó en el estudio denominado "Diseño e implementación de un sistema de evaluación de propuestas públicas y contratos a nivel de las secretarias regionales y ministeriales de Obras Públicas, encomendados por la dirección general del Ministerio"
Otro de los puntos que denunció la Contraloría fue de la facturación de trabajos a través de la inmobiliaria de propiedad de su familia Necul-Hual S.A. son "son una práctica habitual en la mayoría de los académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y es aceptada por ésta como en otras facultades y universidades del país».
"Si se hace un trabajo que no sea de investigación, docencia o extensión es normal que yo decida cómo quiera hacer ese contrato. Ese se hizo a través de una institución que funciona desde 1995. He facturado todos los trabajos a partir de la empresa familiar. Uno debe optimizar los ingresos que recibe. Varios académicos hemos considerado que una forma de reducción de la carga tributaria, lo que legal es a través de estas sociedades", precisó Sapag.
Nerviosos voceros en la "U"
Las declaraciones de Sapag constituyen un difuso eje comunicacional que ha tomado la Universidad de Chile. Prueba de ellos es que cuando explotó el caso, rectoría designó como único vocero autorizado para hablar del tema sería el director jurídico, Antonio Zapata.
Disposición que no se ha respetado, ya que se han multiplicado las declaraciones del propio Zapata, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA), Joseph Ramos, el ex decano, Ricardo Paredes e, incluso la cabeza de la universidad: el rector, Luis Riveros.
Fuentes internas de la Universidad de Chile asegura que la conmoción de la casa de estudios es tal "que todos pueden verse en un momento afectados, incluso el rector, que fue decano de la FACEA por varios años", sostuvo.
En cuanto a la reacción que han tenido las autoridades de la casa de Bello sobre este tema , Sapag afirmó que "esto no puede dejar a nadie sin preocupar y la información de prensa ha sido confusa y se ha tratado de confirmar en forma no correcta".
Además, confirmó que la Contraloría inició esta semana un sumario administrativo al interior de la FACEA -que incluye al Ciade- y que es negado rotundamente por la unidad de comunicaciones de ducha entidad.
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