Se trata del abogado Raúl Aitken, y del auditor Nelson Palominos. El primero, el hombre fuerte de la subdivisión jurídica y el otro, uno de los investigadores más destacados y profesor en varias universidades sobre el lavado de dinero y activos.
Dos perros de presa de la Contraloría son los encargados de establecer qué falló en la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) donde trabajaba como jefe de la mesa de dinero Javier Moya, uno de los detenidos por la venta -hasta ahora ilegal- de los bonos del organismo en el mercado a través de corredora Inverlink.
Se trata del abogado Raúl Aitken, y del auditor Nelson Palominos. El primero, el hombre fuerte de la subdivisión jurídica y el otro, uno de los investigadores más destacados y profesor en varias universidades sobre el lavado de dinero, como también de activos. Ambos dependen de la División de Auditoría Administrativa a cargo de Hernán Llanos.
Aitken tiene una larga experiencia en la tramitación de sumarios complejos. Es uno de los hombres de confianza del jefe de la División de Auditoría Administrativa. También, dicen fuentes de la Contraloría, ha realizado clases en el Ejército y es un duro de la aplicación a "rajatabla" del estatuto administrativo.
Nelson Palominos, en tanto, tuvo una destacada participación, en la indagatoria que realizó el organismo revisor en 1997 en contra de los directivos del otrora Instituto Nacional de la Juventud (INJ), cuya resolución, conocida públicamente en febrero de 1998, destituyó a seis altos funcionarios del organismo.
Who is who
Fuentes cercanas al caso comentaron que los investigadores del organismo fiscalizador, como es su labor, están buscando "con lupa" todas las eventuales irregularidades que se cometieron.
Se indicó que serán interrogadas varias personas, incluso aquellas que ya no laboren en la Corfo, para tratar de establecer no sólo las irregularidades y delitos cometidos por Javier Moya al traspasar papeles a Inverlink de manera imprudente y violando una resolución de la propia Corfo, empresa que le pagaba por operar con ellos.
Los investigadores interrogarán a Isabel Pinochet, Marcel Isarnótegui, Nelson Pérez, Marcia de la Fuente Zapata y Gibrán Harcha, quien ahora trabaja en Concesiones del MOP.
Si bien es cierto que es muy posible que estas personas no tengan ninguna relación directa con las operaciones efectuadas por Moya, lo cierto es que aparecen mencionadas como los encargados de mantener relaciones con los bancos en materias de venta o depósitos de papeles de Corfo, según lo establece la resolución exenta 831 del 12 de diciembre de 1997.
Igual testimonio, por sus eventuales vínculos, deberán prestar ante el ministro en visita Patricio Villarroel, quien sustancia este bullado proceso.
Miles y miles de papeles
En tanto, ayer en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, donde labora el ministro Villarroel, varias instituciones financieras presentaron escritos para levantar las medidas de incautación y orden de no pago que pesan sobre los papeles Corfo.
Al mediodía, llegó rápidamente el fiscal de la Corfo, Bernardo Espinosa, quien se presumía presentaría un escrito para desistirse de la medida que impide a los bancos pagar o vender dichos papeles. Lo que no fue así.
Hasta ahora, en el caso Corfo-Inverlink, se hallan detenidos y prestando testimonio ante la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones (Bridec), los ejecutivos del holding Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf (accionista Inverlink); Patricio Collarte (gerente general tras la salida de Enzo Bertinelli); Eduardo Tapia (ejecutivo); Marcelo Muñoz y Patricio Reyes (contadores de la empresa), y Carlos Rubilar. Aún está pendiente la orden de aprehensión del operador Luis Hernández, ya que hasta el momento no ha sido habido.
En tanto, en la "cuerda separada" llamada caso Inverklink-Banco Central, donde se pesquisa el uso y revelación de información privilegiada, están procesados el ex gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli, y la secretaria privada del presidente de instituto emisor, Pamela Andrada.
El primero por cohecho y delito informático y la segunda por soborno, delito informático y revelación de información privilegiada.
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